14 de noviembre de 2010, 14:30
NUEVATRIBUNA.ES - 16.6.2010
Cuando en plena crisis económica de los 80 (reforma laboral del 84), Carlos Solchaga, para justificar la creación del nuevo contrato temporal por fomento de empleo que iba a solucionar el problema del paro, dijo que era mejor trabajar tres meses que no trabajar ninguno, el paro en España alcanzó su máximo histórico, el 22% de la población activa.
Costó 15 años eliminar aquel contrato de la legislación española, pero el mal estaba hecho. Se había asestado un duro golpe a la esencia del contrato laboral, se rompía con el principio básico de que el nacimiento del contrato de trabajo debe estar asociado a la causa que lo origina y de que su finalización ha de producirse cuando dicha causa desaparece.
La consecuencia fue una temporalidad que llegó a alcanzar en España, a finales de los 90, al 35% de la población ocupada cuando la media europea estaba por debajo del 11%.
El mecanismo más utilizado por la patronal española para establecer este récord en Europa fue contratar masiva y fraudulentamente bajo la modalidad de contrato por obra o servicio, previsto en la legislación para cubrir periodos punta de producción imprevistos, para realizar actividades habituales de la empresa que nada tienen ni de temporales ni de excepcionales. ¿Para qué? Para despedir más barato y profundizar en la descausalización del contrato de trabajo.
Con estos antecedentes, no es aventurado manifestar que la reforma laboral de 2010 en ciernes puede significar un nuevo fracaso de sus principales objetivos: dotar de estabilidad al mercado laboral y estimular un modelo de crecimiento que abandone definitivamente la inercia de la economía española, abonada a competir por la vía de los bajos precios y los bajos salarios, e inaugurar un tiempo nuevo que apueste definitivamente por la modernización del aparato productivo y la inversión en innovación y desarrollo.
Todos los mensajes de la reforma planteada van en la dirección contraria.
No hay ni una sola medida para devolver estabilidad al mercado laboral, salvo la broma de mal gusto de reducir de tres a dos años el contrato por obra o servicio con un año de prórroga, por si acaso, y a partir de 2012.
Qué decir de esa generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia reciente de España, que los empresarios contratan en formación con salarios de miseria (un 85% del salario mínimo interprofesional), cuando no en prácticas y sin salario a pesar de realizar funciones de responsabilidad y habituales de la empresa.
Una generación que va a gozar del elixir eterno de la juventud porque la reforma socialista va a prolongar sus condiciones laborales miserables hasta los 30 años.
Y como guinda, la generalización de la cláusula de descuelgue. Con esta iniciativa de permitir que las empresas puedan no aplicar el convenio colectivo utilizando el eufemismo grosero de adaptar sus condiciones salariales a sus expectativas de producción, sencillamente se abre la puerta grande a la desaparición del contrato colectivo, del convenio, y se incentiva de nuevo la competitividad de las empresas por la vía de los bajos salarios y la reducción de costes laborales, renunciando a competir por la especialización de la economía y por la calidad de sus productos.
Pero atención a las palabras de ayer mismo del presidente del BBVA llamando la atención sobre la verdadera dimensión del problema de la economía española: la credibilidad de nuestro sistema financiero que está por los suelos, y no sólo la de las Cajas -algunas al borde la quiebra por su aventura inmobiliaria- también la de la banca privada tradicional, que por los mismos motivos de concentración de sus recursos en el mercado inmobiliario no puede acudir al mercado interbancario porque nadie se fía ya de su solvencia.
La clase política en su totalidad intenta tapar esta realidad que ha provocado la crisis y que va a lastrar la recuperación buscando victimas propiciatorias -en este caso los trabajadores- cualquiera que sea su condición: activos, parados, empleados públicos o jubilados.
Pero a estas alturas, con lo que ha caído, ¿es creíble que se pueda seguir responsabilizando a la “rigidez” del mercado laboral de los problemas de la economía? ¿Y que sólo su inminente reforma puede “tranquilizar a los mercados”? No es creíble. Bastará comprobar como con la flamante reforma aprobada seguirán los ataques “especulativos” de los mercados, porque la reforma estructural verdaderamente necesaria no es otra que la del sistema financiero español.
Pedro Reyes Díez - Coordinador de Actividades FSE.
Cuando en plena crisis económica de los 80 (reforma laboral del 84), Carlos Solchaga, para justificar la creación del nuevo contrato temporal por fomento de empleo que iba a solucionar el problema del paro, dijo que era mejor trabajar tres meses que no trabajar ninguno, el paro en España alcanzó su máximo histórico, el 22% de la población activa.
Costó 15 años eliminar aquel contrato de la legislación española, pero el mal estaba hecho. Se había asestado un duro golpe a la esencia del contrato laboral, se rompía con el principio básico de que el nacimiento del contrato de trabajo debe estar asociado a la causa que lo origina y de que su finalización ha de producirse cuando dicha causa desaparece.
La consecuencia fue una temporalidad que llegó a alcanzar en España, a finales de los 90, al 35% de la población ocupada cuando la media europea estaba por debajo del 11%.
El mecanismo más utilizado por la patronal española para establecer este récord en Europa fue contratar masiva y fraudulentamente bajo la modalidad de contrato por obra o servicio, previsto en la legislación para cubrir periodos punta de producción imprevistos, para realizar actividades habituales de la empresa que nada tienen ni de temporales ni de excepcionales. ¿Para qué? Para despedir más barato y profundizar en la descausalización del contrato de trabajo.
Con estos antecedentes, no es aventurado manifestar que la reforma laboral de 2010 en ciernes puede significar un nuevo fracaso de sus principales objetivos: dotar de estabilidad al mercado laboral y estimular un modelo de crecimiento que abandone definitivamente la inercia de la economía española, abonada a competir por la vía de los bajos precios y los bajos salarios, e inaugurar un tiempo nuevo que apueste definitivamente por la modernización del aparato productivo y la inversión en innovación y desarrollo.
Todos los mensajes de la reforma planteada van en la dirección contraria.
No hay ni una sola medida para devolver estabilidad al mercado laboral, salvo la broma de mal gusto de reducir de tres a dos años el contrato por obra o servicio con un año de prórroga, por si acaso, y a partir de 2012.
Qué decir de esa generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia reciente de España, que los empresarios contratan en formación con salarios de miseria (un 85% del salario mínimo interprofesional), cuando no en prácticas y sin salario a pesar de realizar funciones de responsabilidad y habituales de la empresa.
Una generación que va a gozar del elixir eterno de la juventud porque la reforma socialista va a prolongar sus condiciones laborales miserables hasta los 30 años.
Y como guinda, la generalización de la cláusula de descuelgue. Con esta iniciativa de permitir que las empresas puedan no aplicar el convenio colectivo utilizando el eufemismo grosero de adaptar sus condiciones salariales a sus expectativas de producción, sencillamente se abre la puerta grande a la desaparición del contrato colectivo, del convenio, y se incentiva de nuevo la competitividad de las empresas por la vía de los bajos salarios y la reducción de costes laborales, renunciando a competir por la especialización de la economía y por la calidad de sus productos.
Pero atención a las palabras de ayer mismo del presidente del BBVA llamando la atención sobre la verdadera dimensión del problema de la economía española: la credibilidad de nuestro sistema financiero que está por los suelos, y no sólo la de las Cajas -algunas al borde la quiebra por su aventura inmobiliaria- también la de la banca privada tradicional, que por los mismos motivos de concentración de sus recursos en el mercado inmobiliario no puede acudir al mercado interbancario porque nadie se fía ya de su solvencia.
La clase política en su totalidad intenta tapar esta realidad que ha provocado la crisis y que va a lastrar la recuperación buscando victimas propiciatorias -en este caso los trabajadores- cualquiera que sea su condición: activos, parados, empleados públicos o jubilados.
Pero a estas alturas, con lo que ha caído, ¿es creíble que se pueda seguir responsabilizando a la “rigidez” del mercado laboral de los problemas de la economía? ¿Y que sólo su inminente reforma puede “tranquilizar a los mercados”? No es creíble. Bastará comprobar como con la flamante reforma aprobada seguirán los ataques “especulativos” de los mercados, porque la reforma estructural verdaderamente necesaria no es otra que la del sistema financiero español.
Pedro Reyes Díez - Coordinador de Actividades FSE.