Las descalificaciones que se dirigen con carácter global hacia la política y hacia quienes ejercen esta noble actividad resultan injustas, contraproducentes y peligrosas. Injustas, porque todas las políticas y todos los políticos no son iguales, y tampoco son igualmente responsables de lo que nos está ocurriendo. Contraproducentes, porque si esta crisis tiene solución, esta llegará por la vía de la decisión política. Y peligrosas, porque cuando se retira la política democrática, lo que suele aparecer es bastante peor.
No obstante, reconozcamos que el ejercicio de la política arrastra serios problemas de credibilidad y de legitimidad ante la ciudadanía. Encargamos a los políticos la administración del espacio común que compartimos, y ese espacio común padece un deterioro importante. Es lógico que se señale a los políticos como culpables, y que se les exijan soluciones. Además, se comenten errores, afloran casos de corrupción intolerables y, para colmo, el día en que se anuncian los mayores recortes en materia de derechos sociales, una diputada del grupo gubernamental insulta a todos los afectados con el tristemente célebre “¡Que se jodan!”.
Con todo, uno de los factores que más rechazo y más irritación produce entre los ciudadanos es el incumplimiento flagrante de los compromisos electorales, ya sea en forma de programa o mediante las solemnes promesas que los políticos formulan en debates y discursos ante la cita de las urnas. Durante los siete meses de gobierno del PP, se han incumplido los compromisos más determinantes que se adquirieron con la ciudadanía el pasado mes de noviembre. Desde la subida de los impuestos hasta la reducción salarial de los funcionarios, el adelanto de la reforma en las pensiones, la rebaja de las prestaciones por desempleo, el abaratamiento del despido, los recortes en sanidad y educación…
Ninguna de estas medidas impopulares fue tratada en la campaña electoral. Es más, algunas de ellas fueron literalmente negadas por escrito y en el debate celebrado entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Muchos ciudadanos se sienten engañados. Les mintieron.
Muchas veces se ha equiparado el programa con el que un partido se presenta a unas elecciones con una especie de contrato de obligado cumplimiento que se suscribe con la ciudadanía. Pero cuando este contrato se incumple, la ciudadanía no tiene forma de reclamar responsabilidades, si no es mediante el castigo electoral cuatro años después.
En ocasiones resulta justificado alterar un compromiso, cambiar de criterio o adoptar resoluciones contrarias a lo que un día se planteó. A lo largo de un mandato representativo ocurren muchas cosas, cambian las circunstancias y hay que enfrentarse a desafíos y a circunstancias imprevistas. Pero el PP no puede explicar sus engaños mediante estas consideraciones lógicas, porque sus incumplimientos se han producido desde el primer minuto de gobierno, y porque la situación crítica en la que vivimos era plenamente conocida por sus analistas. Ni tan siquiera resulta aceptable el argumento del déficit público disparado, puesto que las administraciones responsables de tal desviación, las comunidades madrileña y valenciana sobre todo, estaban y están gobernadas por el propio PP.
Habrá quienes extiendan el reproche al partido socialista, y tendrán razón solo en parte. Porque los cambios de estrategia en el Gobierno socialista se produjeron transcurrido medio mandato, una vez estallada la crisis, en un escenario de emergencia no previsto cuando se celebraron las elecciones del año 2008. Sin embargo, a los efectos de lo aquí expuesto vale el reproche. También los socialistas adoptamos decisiones que no habían sido advertidas al elector.
Los ciudadanos son muy exigentes hoy con el comportamiento de sus representantes en las instituciones democráticas. Aquello del vota, delega y olvida, pasó a la historia. Las reclamaciones pasan por una democracia más cualificada y más transparente, con un ejercicio continuo de dación de cuentas. Los políticos administran el poder en nombre de los ciudadanos, y los ciudadanos quieren que se les explique lo que se hace con ese poder delegado, minuto a minuto.
Los programas electorales debieran ser sagrados, en términos de compromiso institucional firme. La ley debe establecer y asegurar el cumplimiento de las promesas que se vierten en campaña electoral para captar el voto de los ciudadanos. Ante los tribunales si es preciso.
Y cuando las circunstancias obliguen a un cambio, el Gobierno obligado a renunciar a sus compromisos ha de buscar la forma de refrendar su mandato representativo. Hay métodos. Se puede convocar un referéndum, o se puede convocar una Cuestión de Confianza en las Cortes Generales. Incluso se pueden volver a convocar elecciones, si es preciso.
Lo que no es aceptable es que comencemos a dar por hecho que los programas electorales y los compromisos que se adquieren con los ciudadanos a pie de urna valen menos que el papel mojado. Esto también es peligroso.