28 de octubre de 2010, 15:44
NUEVATRIBUNA.ES - 28.4.2010
Las resonancias del caso Garzón que más bien debería llamarse “del Supremo” o incluso “de la Justicia Española” está produciendo reacciones y opiniones para todos los gustos, la mayoría de ellas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sin hacer el más mínimo esfuerzo de aproximación responsable a la complejidad del asunto
Una iniciativa tan normal, justa ,democrática y también cristiana como es la de recuperar y enterrar dignamente a los muertos ,sean estos quienes sean, por parte de los familiares, lleva a la derecha española y sus ramificaciones en los tribunales y en los medios de comunicación a oponerse ,obviando sus recurrentes afirmaciones en defensa de una religión que predica el perdón y la dignidad de los muertos y de la familia elevada a categoría primordial. ¿Es que en este caso los familiares que reclaman los cuerpos no son familia?
A pesar de sus afirmaciones e improperios, no se trata de ganar una guerra efectivamente perdida en su día por las fuerzas democráticas frente al fascismo pero tampoco de darle la vuelta a una batalla ganada por los demócratas al franquismo en la etapa que se ha dado en llamar la transición. Como muy bien expresa Nicolás Sartorius, el dictador murió en la cama pero la dictadura murió en la calle, a través de grandes movilizaciones, muchas horas de huelgas con despidos y represiones de todo tipo sobre los trabajadores, asesinatos incluidos. En la memoria permanecen Ferrol, Granada, Vitoria, Madrid, los abogados de Atocha y tantos otros caídos en esa época, todo ello en el polo opuesto de la imagen de plácida tertulia guiada por un puñado de notables con la que se pretende revestir la transición.
Si la dictadura con todo su poder político, económico, militar y policial tuvo que negociar con las fuerzas democráticas, legalizar a los partidos y a los sindicatos, convocar elecciones libres y avanzar hacia la elaboración de una Constitución democrática es porque en esos momentos tenía perdida la batalla.
La Ley de Amnistía nunca fue una ley general. Su objetivo era conseguir la libertad y la reintegración para los presos y exiliados que obviamente pertenecían todos al mismo campo de oposición al franquismo. Se acompañó de una amnistía laboral para el reingreso de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales. ¿Alguien conoce a algún franquista que se haya tenido que acoger a algunas de estas leyes? Prueba de que no se trataba de una ley general es que la derecha mantuvo la negativa a su aprobación hasta el último momento y su aprobación fue exclusivamente el resultado de una lucha tenaz de todas las fuerzas democráticas.
La propia Constitución fue el resultado de una lucha, aunque en este caso más compleja. En sus defectos, que el tiempo ha puesto al descubierto, se centran últimamente todas las críticas. Pero también tiene una gran virtud que es permitir la aplicación de diferentes políticas y la existencia de todo tipo de asociaciones democráticas que sirven de vehículos para defender los derechos de sus asociados y presionar y negociar con los poderes públicos para la consecución de sus objetivos. De esta forma, las políticas a desarrollar y los modelos económicos a aplicar no dependen tanto de un texto constitucional como del carácter que tenga la mayoría gobernante y de la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad.
La sociedad española no es el producto tramposo de la conclusión de la guerra civil. Es el resultado de la propia guerra, de la vida y de las luchas durante la larga dictadura, de las grandes movilizaciones del final del franquismo y de treinta y tres años de gobiernos democráticos, incluidos los ocho de los gobiernos de la derecha del Partido Popular. Sin olvidar, claro, la actuación durante esos años de los sindicatos y de las organizaciones de izquierdas en el seno de la sociedad, con sus aciertos y errores.
Es trascendental mantener las movilizaciones frente al intento de tapar la memoria histórica e impedir la recuperación de los cuerpos y la dignidad de las victimas del franquismo, batalla en gran parte ya perdida por la actuación de los jueces del Supremo y de otras fuerzas que han emprendido una campaña contra el juez Garzón con un objetivo de futuro. Lo que está en juego no es tanto la caracterización del franquismo, ya condenado por la historia, como la necesidad de clarificar sus actuaciones y hacer justicia, devolver la dignidad histórica a sus víctimas que para nosotros nunca han perdido. De cómo se resuelva esta situación dependerá la definición de las corrientes de opinión y las fuerza dominantes en el futuro del país
La ofensiva de la derecha judicial, política y mediática a la que asistimos no seria posible sin el previo debilitamiento de las organizaciones democráticas, la izquierda social y sus partidos y muy especialmente las organizaciones de los trabajadores, sus sindicatos de clase.
Es necesaria una cierta claridad para conquistar el futuro: ejercer el voto para dar continuidad a gobiernos de izquierda, más amplios y plurales, lograr la implicación cada vez mayor de los ciudadanos en organizaciones democráticas para la defensa de sus intereses y fomentar la afiliación y el voto a los sindicatos de clase. Sólo desde la recuperación de una izquierda con capacidad de análisis, pedagogía y movilización será posible mejorar la correlación de fuerzas actual y avanzar en democracia, marco insustituible para trabajar por el incremento de la equidad y la justicia y por supuesto de la libertad, que nunca viene dada por añadidura.
Javier Fernández - Sindicalista.
Las resonancias del caso Garzón que más bien debería llamarse “del Supremo” o incluso “de la Justicia Española” está produciendo reacciones y opiniones para todos los gustos, la mayoría de ellas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sin hacer el más mínimo esfuerzo de aproximación responsable a la complejidad del asunto
Una iniciativa tan normal, justa ,democrática y también cristiana como es la de recuperar y enterrar dignamente a los muertos ,sean estos quienes sean, por parte de los familiares, lleva a la derecha española y sus ramificaciones en los tribunales y en los medios de comunicación a oponerse ,obviando sus recurrentes afirmaciones en defensa de una religión que predica el perdón y la dignidad de los muertos y de la familia elevada a categoría primordial. ¿Es que en este caso los familiares que reclaman los cuerpos no son familia?
A pesar de sus afirmaciones e improperios, no se trata de ganar una guerra efectivamente perdida en su día por las fuerzas democráticas frente al fascismo pero tampoco de darle la vuelta a una batalla ganada por los demócratas al franquismo en la etapa que se ha dado en llamar la transición. Como muy bien expresa Nicolás Sartorius, el dictador murió en la cama pero la dictadura murió en la calle, a través de grandes movilizaciones, muchas horas de huelgas con despidos y represiones de todo tipo sobre los trabajadores, asesinatos incluidos. En la memoria permanecen Ferrol, Granada, Vitoria, Madrid, los abogados de Atocha y tantos otros caídos en esa época, todo ello en el polo opuesto de la imagen de plácida tertulia guiada por un puñado de notables con la que se pretende revestir la transición.
Si la dictadura con todo su poder político, económico, militar y policial tuvo que negociar con las fuerzas democráticas, legalizar a los partidos y a los sindicatos, convocar elecciones libres y avanzar hacia la elaboración de una Constitución democrática es porque en esos momentos tenía perdida la batalla.
La Ley de Amnistía nunca fue una ley general. Su objetivo era conseguir la libertad y la reintegración para los presos y exiliados que obviamente pertenecían todos al mismo campo de oposición al franquismo. Se acompañó de una amnistía laboral para el reingreso de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales. ¿Alguien conoce a algún franquista que se haya tenido que acoger a algunas de estas leyes? Prueba de que no se trataba de una ley general es que la derecha mantuvo la negativa a su aprobación hasta el último momento y su aprobación fue exclusivamente el resultado de una lucha tenaz de todas las fuerzas democráticas.
La propia Constitución fue el resultado de una lucha, aunque en este caso más compleja. En sus defectos, que el tiempo ha puesto al descubierto, se centran últimamente todas las críticas. Pero también tiene una gran virtud que es permitir la aplicación de diferentes políticas y la existencia de todo tipo de asociaciones democráticas que sirven de vehículos para defender los derechos de sus asociados y presionar y negociar con los poderes públicos para la consecución de sus objetivos. De esta forma, las políticas a desarrollar y los modelos económicos a aplicar no dependen tanto de un texto constitucional como del carácter que tenga la mayoría gobernante y de la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad.
La sociedad española no es el producto tramposo de la conclusión de la guerra civil. Es el resultado de la propia guerra, de la vida y de las luchas durante la larga dictadura, de las grandes movilizaciones del final del franquismo y de treinta y tres años de gobiernos democráticos, incluidos los ocho de los gobiernos de la derecha del Partido Popular. Sin olvidar, claro, la actuación durante esos años de los sindicatos y de las organizaciones de izquierdas en el seno de la sociedad, con sus aciertos y errores.
Es trascendental mantener las movilizaciones frente al intento de tapar la memoria histórica e impedir la recuperación de los cuerpos y la dignidad de las victimas del franquismo, batalla en gran parte ya perdida por la actuación de los jueces del Supremo y de otras fuerzas que han emprendido una campaña contra el juez Garzón con un objetivo de futuro. Lo que está en juego no es tanto la caracterización del franquismo, ya condenado por la historia, como la necesidad de clarificar sus actuaciones y hacer justicia, devolver la dignidad histórica a sus víctimas que para nosotros nunca han perdido. De cómo se resuelva esta situación dependerá la definición de las corrientes de opinión y las fuerza dominantes en el futuro del país
La ofensiva de la derecha judicial, política y mediática a la que asistimos no seria posible sin el previo debilitamiento de las organizaciones democráticas, la izquierda social y sus partidos y muy especialmente las organizaciones de los trabajadores, sus sindicatos de clase.
Es necesaria una cierta claridad para conquistar el futuro: ejercer el voto para dar continuidad a gobiernos de izquierda, más amplios y plurales, lograr la implicación cada vez mayor de los ciudadanos en organizaciones democráticas para la defensa de sus intereses y fomentar la afiliación y el voto a los sindicatos de clase. Sólo desde la recuperación de una izquierda con capacidad de análisis, pedagogía y movilización será posible mejorar la correlación de fuerzas actual y avanzar en democracia, marco insustituible para trabajar por el incremento de la equidad y la justicia y por supuesto de la libertad, que nunca viene dada por añadidura.
Javier Fernández - Sindicalista.