Inicio estas líneas reproduciendo las palabras de dos personas que suscriben sendos artículos en El País (15-11-12), el día después de la huelga general del 14N y la masiva y emocionante manifestación que le dio respaldo y transformó un paro laboral en una repulsa cívica a las políticas antisociales de los gobiernos del PP.
Emilio Ontiveros, en su breve pero enjundioso artículo “Europa debe escuchar”, afirma: “Y es que es difícil encontrar en la moderna historia económica de nuestro país un momento en el que sea tan manifiesta y prolongada la erosión de bienestar de una parte creciente de la población, la que dispone de menor capacidad defensiva y de negociación”. Soledad Gallego-Díaz, ante la insensibilidad, la empecinada sordera del gobierno a las voces de sindicatos, algunos partidos políticos y movimientos sociales, amplios e interclasistas, termina su artículo con una invocación a la movilización cívica con estas palabras: “Solo una presión extrema en la calle podría llevar al PP a modificar este análisis”. Y me atrevo a añadir sólo una palabra más: una presión extrema y continuada.
Muchos políticos, politólogos y medios de comunicación han devaluado de forma continuada el poder de cambio de los movimientos de ciudadanos, de diversa clase, profesión y edad, frente al inmovilismo e insensibilidad agresiva del gobierno, de los gobiernos europeos, siendo el nuestro un ejemplo de lo peor.
Desde las movilizaciones del 15M han sido múltiples las descalificaciones y ataques groseros desde la derecha y un cierto paternalismo condescendiente y escéptico de gran parte de la izquierda. Actitudes que se han venido repitiendo frente a las plataformas antidesahucios o las concentraciones contra la privatización de la sanidad y la enseñanza o cualquier otra expresión colectiva que denuncie las injusticias actuales y las que amenazan en un futuro inmediato.
Es cierto que la energía almacenada en estos movimientos sociales se consolidaría como una fuerza transformadora más eficaz si encontrasen cauces institucionales y orgánicos, como pueden ser, o deben ser, los partidos y los sindicatos en una democracia representativa. Pero ante la apatía de la mayoría de ellos, la presencia constante en la calle de estas movilizaciones espontáneas, incluso asamblearias, empiezan a mostrarse eficaces forzando una toma de posiciones más beligerante y unas iniciativas políticas más activas de los partidos políticos de izquierda y los sindicatos.
Las cotidianas concentraciones ante el Hospital de la Princesa, con la presencia unitaria del personal sanitario, junto a los ciudadanos beneficiarios de este centro de referencia, han constituido un ejemplo que se extiende por otros muchos hospitales en Madrid y en toda España, contra una perversa política de privatizaciones impuesta por los gobiernos del PP. Movilizaciones que están obligando a dar marcha atrás, de forma vergonzante y ambigua, a los mismos gobiernos que impulsan y defienden una transformación de un servicio público esencial, la sanidad, en un lucrativo negocio para determinadas empresas privadas, futuras gestoras de estos hospitales y centros de salud.
Las plataformas antidesahucios, incluso con enfrentamientos violentos con las fuerzas de orden público, azuzadas por nuestra expresidenta Esperanza Aguirre o justificadas por el propio ministro del Interior, han forzado al gobierno y al PSOE a poner en marcha iniciativas legislativas que corrijan las tropelías propiciadas por una vetusta y caduca ley hipotecaria. Hoy parece que ese intento consensuado ha fracasado, ya que el PP solo quiere unos parches totalmente insuficientes, ante la alarma y la presión de los bancos europeos. Menos mal que el PSOE no ha querido suscribir estas cicateras medidas.
En todo caso, debería avergonzar a la clase política española y, sobre todo, a los partidos políticos que se denominan de izquierdas, que la respuesta más sensible y urgente a las angustias ciudadanas haya procedido de los jueces, que se niegan a ser instrumento ejecutor de los bancos y han puesto en evidencia la insuficiencia de una regulación de las hipotecas y la ausencia de unos instrumentos jurídicos adecuados para una resolución más justa de los conflictos actuales.
Estos dos procesos, el hospitalario y el hipotecario, demuestran que la movilización de la ciudadanía sirve para cambiar o, al menos, impulsar los cambios necesarios y urgentes frente a una deliberada, programada e implacable ofensiva neoliberal con el fin último de borrar y enterrar las conquistas que han ido construyendo el estado del bienestar, como parte insustituible, parte medular de una democracia real. Ofensiva que es, en el fondo, un ataque a la democracia.
Si nos alejamos de nuestras fronteras y de nuestro tiempo, encontraremos ejemplos, heroicos en muchos casos, de la fuerza de las manifestaciones cívicas y de los movimientos sociales acusadores y reivindicativos. No podría entenderse la conquista de los derechos civiles de los negros norteamericanos sin las protestas airadas de Memphis o la gran concentración interracial e interclasista que apoyó en Washington el discurso de Martin Luther King, “I have a dream”. Más próximos en el tiempo y la geografía hemos asistido (estamos asistiendo) a lo que ha venido a denominarse la “primavera árabe”, en la que las grandes movilizaciones ciudadanas, incluso con sus mártires, han sido capaces de derribar tiranos que parecían rocas inamovibles, asentados con violencia durante décadas.
Recordemos que la conquista de la libertad, aún en vida del Dictador, que abrió la vía a la transición democrática, con más luces que sombras, fue debida, en gran medida, a unas constantes y exigentes manifestaciones ciudadanas a lo largo y ancho de nuestra geografía, castigadas con violentas cargas policiales e incluso con la cárcel. Manifestaciones, encierros, concentraciones, actos de protesta colectiva con la participación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, profesionales, etc. aunados por el grito “¡Amnistía y libertad!”.
Tiene razón Soledad Gallego-Díaz. Sólo una gran presión extrema y continuada en la calle puede ser el arma con la que oponerse e impedir la destrucción del estado del bienestar y la degradación de democracia.