La nueva fase de la crisis mundial, la que afecta desde comienzos de 2010 a las deudas soberanas europeas, está proporcionando sobrados motivos de perplejidad y crítica por el comportamiento de los máximos responsables políticos europeos.
“Sería fácil retirarse en un hastío escéptico ante la
incompetencia (y peor) de aquellos que actualmente
tienen encomendado gobernarnos. Pero si dejamos
el desafío de la renovación política radical a la clase
política existente…sólo acabaremos más decepcionados”
Tony Judt, 2010. “Algo va mal”
La primacía de la política, su coordinación mundial en el G20, la aplicación de medidas keynesianas para salir de la crisis, duraron lo justo para salvar al sistema financiero con dinero público y alcanzar a que algunas grandes economías volvieran a crecer. Ahora, la regulación de los mercados financieros puede esperar, aunque los intereses de la deuda desangren los presupuestos de las naciones europeas.
El pasado mes de mayo, el Consejo Europeo impuso un giro de 180 grados a los objetivos y orientaciones de la política macroeconómica europea. Tras dejar pudrir durante cinco meses la crisis de la deuda griega -permitiendo la contaminación a otras naciones, entre ellas a España- y falto de voluntad política para gobernar los mercados financieros abandonó, sin apenas explicación, los compromisos adoptados en el G20. De la prioridad a las políticas de estímulo de la demanda, para lograr la recuperación del crecimiento económico y del empleo, se pasó bruscamente a establecer como único objetivo la rápida reducción de los déficits públicos. Los instrumentos para ello: drásticos planes de ajuste presupuestario y reformas estructurales en los sistemas de protección social y en los mercados laborales. Las consecuencias de las medidas son claras: trabajadores, pensionistas y clases medias están pagando -por segunda vez- en Europa la crisis provocada por los especuladores financieros e inmobiliarios. Además, deprimen la demanda y el crecimiento, los ingresos públicos y el empleo. La pobreza y la desigualdad social aumentan.
La propuesta de “gobernanza económica europea”, que va a debatirse en la próxima Cumbre del Consejo Europeo, profundiza en la misma dirección. Concibe el gobierno económico de Europa casi con un único objetivo: controlar los déficits y la deuda de los Estados y castigarlos si superan los techos establecidos. Para la mejora de la productividad y la competitividad no encuentran otras recetas que la deflación salarial, el debilitamiento de la negociación colectiva y el recorte de los derechos laborales y sociales. La imprescindible armonización fiscal y las grandes políticas sectoriales ni se mencionan como objetivos de gobierno.
A pesar de todas las medidas adoptadas y de la creación del Fondo de 750.000 millones de euros (potenciales) de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), los mercados financieros no se calmaron. Y lo más probable es que vuelvan a producirse ataques a las posiciones de la deuda de Portugal, España y otros países. ¿Por qué? En primer lugar, porque los gestores de los fondos de inversión más especulativos saben que pueden ganar mucho dinero quebrando a las naciones, como en los noventa quebraron el Sistema Monetario Europeo. ¡Porque se les deja! En segundo lugar, porque el Fondo de la FEEF tiene un reglamento, impuesto por Alemania, que hace que no sea un fondo de garantías solidario y, además, impone unos tipos de interés –ya superiores al 6%- que pueden llevar a los países “salvados” a la suspensión de pagos; conviene recordar que el FMI presta habitualmente al 2,5%. En tercer lugar, porque no sólo a los ciudadanos sino también a los inversores les preocupa el olvido absoluto de los objetivos de crecimiento en los países sometidos a los más drásticos ajustes; los gobernantes europeos han olvidado que la recuperación del crecimiento es mucho más importante que la fecha en que el déficit alcance el 3% del PIB. Por último, porque los inversores, lo mismo que los ciudadanos, comprueban, día a día, el penoso espectáculo de la falta de unidad política, de la ausencia de una estrategia de futuro clara tanto para la salida de la crisis como para la integración europea, por parte de quienes gobiernan la UE, en uno de los momentos históricos en que ambas cosas serían más necesarias.
El problema no es sólo, con ser mucho, que el gobierno de Alemania sea el menos europeísta de su Historia y que la canciller Merkel haya sucumbido a la tendencia general al cortoplacismo electoralista de casi toda la política europea; el problema es también que la socialdemocracia europea, al menos la socialdemocracia gobernante, no ha planteado alternativa política alguna a las políticas de ajuste presupuestario y reformas estructurales. Así, la peor generación de políticos europeos, desde que en 1957 se suscribió el Tratado de Roma, está promoviendo un ataque general y profundo al Modelo Social Europeo, a las instituciones y derechos de sus Estados de bienestar. Esto no había ocurrido nunca en la Historia de la UE.
Frente a la opinión –hoy mayoritaria entre políticos de distinto signo, medios de comunicación y “expertos”- de que se está practicando la única política posible, hay que alzar la voz y decir rotundamente que no y luchar porque otras políticas más justas, pero también más eficaces, se abran camino en las sociedades europeas.
Un pacto europeo
La que esbozo a continuación –que tiene en cuenta diversas propuestas formuladas dentro del movimiento sindical europeo y en otras y diversas instancias- tendría como instrumento un gran pacto político y social europeo, en cuya formulación deberían participar, al menos, el Consejo, la Comisión y el Parlamento (sus partidos políticos deberían funcionar como partidos europeos) y las organizaciones representativas de los interlocutores sociales europeos. Convendría que el pacto se acompañara de acuerdos políticos y sociales nacionales que contuvieran medidas de concreción y complementarias.
El pacto debería tener, a mi juicio, cuatro objetivos: a) gobernar los mercados para resolver la crisis de las deudas públicas; b) promover la recuperación de la economía y el empleo en todos los países de la UE; c) establecer un programa de reducción de déficits y deudas públicos, compatible con el objetivo anterior, que esté basado en un reparto socialmente justo de las cargas; y, d) construir un sistema de gobierno económico de la Zona Euro y de la UE que incluya entre sus objetivos el cambio de modelo económico –hacia un modelo de desarrollo sostenible- y el fortalecimiento del Modelo Social Europeo.
Algunas notas sobre los tres últimos objetivos. La recuperación del crecimiento se estimularía, entre otras medidas, mediante un Plan europeo de inversiones financiado por obligaciones del Banco Europeo de Inversiones. La reducción de los déficits públicos tiene que articularse con los objetivos de crecimiento y empleo en un modelo más flexible de Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se puede minusvalorar la importancia de este objetivo; pero resulta inadmisible que la carga de la reducción la paguen sólo, o principalmente, trabajadores, pensionistas y parados. Por eso, la armonización fiscal europea, la suficiencia y la progresividad fiscal de los sistemas impositivos deben de estar en el núcleo del gobierno económico de Europa.
Desarrollaré la cuestión que exige soluciones más urgentes, por condicionarlo todo, incluido el futuro del euro y de la propia Unión: la crisis de las deudas soberanas. Hay que gobernar los mercados con un conjunto de medidas firmes y actuar como una unidad política, en lugar de dejarse gobernar por los marcados. Frente a las insuficiencias medidas adoptadas, hasta el momento, por el Consejo Europeo, habría que establecer las siguientes: a) prohibición de las operaciones especulativas bajistas en todos los mercados financieros; b) compra de deuda de los Estados por el BCE en las cantidades que sean necesarias para rebajar sus tipos de interés; c) creación de una Agencia Europea de la Deuda que emita eurobonos, que los países podrían canjear por sus bonos nacionales, hasta un 60% del PIB, para asegurar así unos tipos de interés razonables y el fortalecimiento del euro; esta Agencia podría ser el embrión del Tesoro Único Europeo; d) creación de un Fondo Monetario Europeo, convenientemente dotado, para actuar como instrumento de ayuda financiera y de rescate de las economías que lo necesitasen; e) establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras, freno a los movimientos especulativos e instrumento de financiación de políticas públicas; f) creación de una Agencia Europea de calificación de riesgos, pública e independiente; g) regulación rigurosa de los fondos de inversión (riesgo y capital variable) ; h) erradicación de los paraísos fiscales; i) regulación de todas las retribuciones de los directivos de las instituciones financieras; y j) medidas de transparencia en todos los mercados financieros, incluidos los secundarios.
No sé si los políticos europeos son conscientes del profundo malestar que su modo de gobernar –fondo y forma- está generando en amplios sectores de la ciudadanía europea, trabajadores y estudiantes en particular. Las movilizaciones sindicales realizadas hasta el momento son las más extensas que ha conocido la UE en toda su Historia. Y el conflicto social no va a parar. El sindicalismo europeo, mayoritariamente europeísta, ha sido hasta el momento un importante pilar de la construcción europea. Lo seguirá siendo sólo en la medida en que ésta tenga un claro contenido social. No, si lo que nos ofrecen casi todos los políticos europeos es una descarnada agenda neoliberal. Por el momento decimos: ¡Hay otra política para la UE!