sábado. 20.04.2024

¿Habla el Parlamento del gasto militar?

Llama la atención la arbitrariedad de los partidos “con vocación de gobierno” para mantener la política de defensa fuera de la crítica y del debate público, pactando bajo cuerda una continuidad militarista que nos perjudica como sociedad y nos empobrece.

Llama la atención la arbitrariedad de los partidos “con vocación de gobierno” para mantener la política de defensa fuera de la crítica y del debate público, pactando bajo cuerda una continuidad militarista que nos perjudica como sociedad y nos empobrece.  Un ejemplo notorio es el planeamiento militar, donde se definen cosas tan importantes como qué queremos defender, qué queremos gastar, qué tipo de armas utilizar, qué metodologías se quieren desarrollar, así como las implicaciones políticas de todo ello. Este planeamiento ni siquiera es deliberado en el Parlamento ni sometido al debate y conocimiento de la opinión pública, sino que se hace de espaldas a todos y sin que nadie mueva una pestaña.

Otro ejemplo es el de los presupuestos militares.  Habitualmente el gasto militar, con la plena complicidad de partido de gobierno y de su oposición, se esconde en partidas de otros ministerios, aparentando ser más bajo de lo que es (en los últimos presupuestos llegan a ser más de 7 euros de cada 10 los que se esconden obscenamente).

Este estado de cosas opaco y poco democrático debería ser objeto de una crítica feroz por una oposición que se dice a sí misma alternativa, pero...

Si nos fijamos en la calidad de las intervenciones de la oposición en la Comisión de Defensa del Congreso, la respuesta no es alentadora. Tampoco si miramos el número de impactos “mediáticos” de las opiniones de la oposición en temas de defensa, ni de la capacidad de, al menos, alterar la agenda de silencio impuesta por los partidos del poder. Menos aún en el “calado” que en la opinión pública tiene la visión “alternativa” de nuestra izquierda parlamentaria.

¿Y si vemos las enmiendas planteadas a los presupuestos generales (PGE)?

En este caso la respuesta no es ya la insuficiencia, sino el desaliento y la pena tanto por las oportunidades perdidas como por la incoherencia mostrada.  De las más de 1.700 enmiendas presentadas por la oposición a los PGE, menos del 1% corresponden a Defensa, lo cual apunta al desinterés o complicidad al respecto. De ellas, una parte importante las ha realizado Izquierda Plural.  El resto se reparten entre las de PSOE y UPyD (piden más gasto militar para cumplir con los programas de compra de armas, con los compromisos de pago de una deuda militar inmoral e impagable de más de 31.000 millones de euros, o para dar a los militares prebendas en la compra de viviendas), y unas poquitas del grupo mixto (principalmente el diputado Tardá y la diputada Barcos, que piden el trasvase de partidas de i+d+i militar a fines socialmente útiles).  Otros grupos ni se han estrenado.

¿Qué decir de Izquierda Plural?

En primer lugar que se ha atrevido, de forma muy meritoria, a plantear una enmienda de fondo que critica el ocultismo del gasto militar, y la insolidaridad social de estas partidas en detrimento de las necesidades sociales. Que nosotros sepamos es una de las pocas ocasiones en que se llama a las cosas por su nombre en el apolillado Congreso.

Otro bloque de sus enmiendas, y ello también forma parte del buen ejemplo, pide el trasvase de partidas militares a necesidades sociales, pide la implementación de una cultura de paz apoyando a organizaciones pacifistas y centros de estudios de paz, o la reconversión de un antiguo acuartelamiento en centro cultural. Estas enmiendas indican una orientación: el gasto militar no sólo debe aflorar, sino que se debe reducir, reorientar hacia necesidades sociales y provocar una reconversión de estructuras y de industrias militarizadas.

Pero también han hecho enmiendas pidiendo el aumento de gasto militar:  el aumento de carga de trabajo para Navantia, fabricante de buques de guerra, y entre otros para el proyecto “BAM II”, para construir buques diseñados para la intervención militar a miles de km.  También se ha pedido el aumento de gastos de personal en alguno de los organismos autónomos militares, para sustituir los blindados que usa España en operaciones en el exterior por otros mejores, o para mejorar las instalaciones de la base de San Gregorio (Zaragoza) y de la Capitanía Militar en Zaragoza (aunque en este caso la idea de fondo es que se acaben transfiriendo a las instituciones civiles). Afortunadamente, la huelga general hizo que este bloque de diputados no acudiera a votar sus propias enmiendas.

Intuimos la intención de las propuestas: apoyan en unos casos el trabajo en Cádiz, donde el paro golpea de forma escandalosa, aunque sea dando trabajo a Navantia. Consolidar o mejorar puestos de trabajo en organismos autónomos militares donde éste puede peligrar.

Podemos intuir, pero no compartir: ¿quién duda que el trabajo, puesto en peligro por las políticas neoliberales (de muy fuerte contenido autoritario y militarista), es una reivindicación justa y loable? Pero... ¿trabajo a cualquier precio? ¿Al precio de fortalecer a la que aparece como la sexta flota del mundo y en su desempeño para agredir otros pueblos (y con ello otros trabajadores)? ¿Trabajo que beneficia a una industria militar subsidiada, agresiva, exportadora de guerras y que constituye un complejo de intereses político-industrial que ha generado una deuda escandalosa? ¿Se beneficia con este tipo de medidas al trabajo o a los dividendos de las empresas?, ¿a los trabajadores con sentido de clase o a los altamente cualificados técnicos en tecnología militar que actúan como mercenarios del trabajo?, ¿al desarrollo sostenible de Cádiz o a su dependencia del “monocultivo” militar? ¿Sacrificaríamos al dogma del trabajo a cualquier precio la aceptación de la reforma laboral, que en definitiva dará trabajo aunque precario y de baja calidad?

Como ha ocurrido en el pasado, la izquierda clásica, al igual que los sindicatos mayoritarios, han mantenido un discurso que minimiza las razones de coherencia pacifista y antimilitarista y maximiza las del trabajo, en vez de luchar por una reconversión de estas industrias inmorales hacia fines socialmente útiles y por el trabajo de calidad que genere desarrollo humano.

Mientras tanto, los movimientos alternativos hemos ido distanciándonos de propuestas que entendemos incoherentes e insolidarias. No entendemos este juego de doble rasero que depende de intereses cortoplacistas. Tal vez por eso quede mucho por debatir con estas izquierdas para consolidar, también en materia de seguridad y defensa, un modelo alternativo.

José Ambrona y Juan Carlos Rois |   Por el Colectivo Utopía Contagiosa.

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