jueves. 25.04.2024

¿Es necesaria una nueva ruptura democrática ante la involución del PP?

En el 34 aniversario de la Constitución podemos comprobar como esta es hoy una herramienta embalsamada y envejecida, derivada tanto de la contrarreforma de ZP-PSOE y PP como de las actuales políticas involucionistas del PP, en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, las cuales a menudo vulneran los principios constitucionales.

En el 34 aniversario de la Constitución podemos comprobar como esta es hoy una herramienta embalsamada y envejecida, derivada tanto de la contrarreforma de ZP-PSOE y PP como de las actuales políticas involucionistas del PP, en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, las cuales a menudo vulneran los principios constitucionales.

La crisis económica es sólo una excusa para el PP  para hacer una profunda revisión ideológica de toda la estructura y superestructura política y social del país.  La política global del PP no es sólo una política neoliberal de austeridad y recortes económicos y sociales, sino que quiere provocar una profunda involución en todos los ámbitos de la vida de la sociedad española que nos devuelva a los tiempos previos a la transición democrática.

La política del PP abarca todos y cada uno de los ámbitos de la vida ciudadana.  A partir de la única razón de su mayoría absoluta, incumpliendo su programa electoral que nada tiene que ver con su práctica política, y por tanto sin ningún legitimación democrática,  ha iniciado una contrarreforma global que elimina todos los avances en derechos democráticos de las últimas décadas.

El PP ha puesto en marcha una política económica que sólo satisface el 1% más rico de la población, en base a subidas de impuestos para las clases medias y trabajadoras, mientras no toma ninguna medida para hacer pagar a las rentas más altas o los especuladores, al contrario.  En el último año el peso de los salarios se ha reducido un 5% mientras el del capital, fundamentalmente el del gran capital, ha subido un 2% del PIB.  Al mismo tiempo no se ha tomado ninguna medida para luchar contra los defraudadores, al contrario se dicta una absurda amnistía fiscal que lo único que pretende es garantizarles su inmunidad y darles un mensaje favorecedor.

Se ha roto a partir de la Reforma Laboral y con los recortes salariales, todo el marco de relaciones laborales que tanto había costado establecer.  Hoy la negociación es algo a evitar, se da todo el poder al empresario, dejando a los trabajadores en una situación de profunda indefensión.  Al mismo tiempo se hace una campaña para recortar el papel de las organizaciones sindicales, no sólo atacando los derechos a liberados sindicales sino a su propio papel fundamental y constitucional al recortar su función básica de negociación colectiva.  A la vez se lanza una campaña mediática para denigrar y embarrar a los sindicalistas y sus organizaciones.

En el ámbito social se quiere liquidar las bases del escaso estado del bienestar que se había ido construyendo en la democracia, a través de un fuerte recorte en el gasto social.  Hay toda una planificación para liquidar la escuela pública, potenciando la concertada y privada e incluso yendo a un retorno al nacional-catolicismo, potenciando el papel de la iglesia católica.  En lugar de potenciar una escuela igualitaria y pública que eduque en la ciudadanía se quiere potenciar una escuela de la excelencia que significa una escuela clasista de los mejores, es decir de aquellos que puedan económicamente pagarse escuelas con mejor nivel de enseñanza, reduciendo la escuela pública, a una escuela de menor calidad que recoja los hijos de los sectores económicamente más débiles.

o mismo se intenta efectuar con la sanidad pública, que había sido un ejemplo hasta ahora.  Se trata de privatizarla, recortarla y potenciar una sanidad privada de pago, y de negocio, dejando la sanidad pública sólo para casos de emergencia.  Para ello se introduce la gestión privada, que busca rentabilidad económica y no social, y se introducen los principios del copago, ahora en los medicamentos y después en los servicios médicos.

En definitiva, mediante los recortes económicos, se intenta que la educación y la sanidad ya no sean derechos de ciudadanía sino servicios mínimos de casi beneficencia.  Ya no hablemos de los servicios sociales que simplemente se pretenden liquidar dando paso a la pura y simple actuación de la caridad privada.

La contrarreforma engloba otros ámbitos como es el de la justicia, donde se pretende sustituir una justicia gratuita y asequible a todos los ciudadanos por una justicia a la que sólo podrán acceder las personas económicamente solventes.  Y esto es un golpe de gracia a uno de los pilares básicos del sistema democrático.  Pero no se queda ahí la reforma en el campo de la justicia, nos quiere hacer retroceder en temas de derechos como se demuestra en el caso de la regulación del derecho al aborto de las mujeres.

Justamente con todo esto se va hacia una liquidación total de los servicios públicos potenciando su privatización y llevando a cabo un adelgazamiento de la administración pública que quiere convertir al Estado en una estructura esquelética.

Al mismo tiempo se potencia por un lado la política represiva de los cuerpos de seguridad frente a los sectores que se movilizan contra estas políticas y se preparan leyes punitivas contra el derecho a la manifestación, mientras por otro lado se multiplican los indultos a torturadores, defraudadores y corruptos.

La contrarreforma llega a aspectos muy delicados de las relaciones sociales, es el caso del intento de recentralización territorial.  En lugar de avanzar desde el estado de las autonomías hacia un estado federal lo que se intenta es llevar a cabo el camino hacia un estado centralizado y unitario con las graves problemáticas políticas que se puede provocar con  territorios como Cataluña o Euskadi .

Pero la involución va más allá.  La práctica de la mayoría absoluta está llevando a una legislatura donde se gobierna por decreto ley, imposibilitando el debate democrático y evidentemente impidiendo avanzar hacia reclamaciones amplias de más transparencia y más democracia, como podría ser el cambio de una ley electoral bipartidista y poco democrática o impidiendo potenciar las iniciativas de participación popular.  Al contrario, ya se escuchan voces en el PP partidarias de reducir el número de representantes políticos en las instituciones, lo que significa reducir aún más la pluralidad, e incluso como se ha hecho en Castilla-La Mancha dejar sin retribución a los representantes políticos lo que no significa más que reducir la función política a quien económicamente se lo pueda permitir, lo que es un ataque frontal a la libertad política.

El PP, con la complicidad en la mayoría de casos de las derechas nacionalistas, especialmente CiU, está llevando al país a comienzos de los años 70, omnipotente por su dominancia en el espacio político e ideológico.  Pero esto se contradice con las cada vez más amplias movilizaciones de los diversos sectores de la sociedad, lo que crea una situación que sin una salida política puede convertirse en una verdadera confrontación social de niveles desconocidos.  Si el PP pretende usar para su contrarreforma  con una Constitución anquilosada, que ellos no votaron, y que quieren utilizar mediante una lectura involucionista que va contra el propio espíritu constitucional, que vulneran constantemente, es evidente que será imposible la Reforma Constitucional necesaria para adaptarla a los retos del futuro y favorecer una descompresión política y social del país.

El PP está llevando a cabo toda esta involución global gracias a la situación de total debilidad y falta de rumbo del PSOE, principal partido de la oposición.  Pero la falta de perspectivas de Reforma Constitucional puede llegar a hacer romper en un momento dado las costuras de un "corpus constitucional embalsamado" y puede provocar qu se comience a plantearse un nuevo proceso de ruptura democrática, en el ámbito del estado o de partes del mismo.

Para hacerlo posible hace falta sin duda el instrumento político capaz de dirigir y canalizar la crispación social, por eso es urgente la construcción de una fuerza o un frente de izquierdas amplio, potente y movilizador capaz de dotarse de un planteamiento que dispute en la sociedad la hegemonía que actualmente ocupa la derecha.  Y hay que tener en cuenta que el papel de esta organización sería establecer una amplia Alianza Democrática para lograr poner fin a la involución y volver a un estado democrático moderno y avanzado.

Mientras la política no avanza la sociedad ya da ejemplo del camino a seguir.  Así bajo el impulso de la izquierda social organizada, los sindicatos, se ha constituido la Cumbre Social que aglutina más de 200 organizaciones sociales, y que convocó la última Huelga General y Social, y la que ha liderado la oposición real , junto con la reducida izquierda política alternativa, a las políticas involucionistas del PP

¿Es necesaria una nueva ruptura democrática ante la involución del PP?