14 de abril de 2009, 8:31
NUEVATRIBUNA.ES - 3.3.2009
Un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado, a través de un auto de fecha 27 de febrero último, la imputación de 15 agentes de la Guardia Civil al apreciar "indicios de la posible comisión de varios delitos de tortura y lesiones" a los miembros de ETA Igor Portu y Mattín Sarasola, que formaban parte del Comando Elurra de dicha organización terrorista y que fueron detenidos en enero del pasado año. La justicia deberá dilucidar ahora si dichos cargos se sustentan o no, por más que, como pueda inferirse de la correspondencia incautada a Txeroki, los etarras suelen denunciar torturas en falso para desacreditar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alimentar el victimismo entre los suyos.
Llueven las denuncias por malos tratos y agresiones físicas contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), de Aluche, en Madrid. Una de las últimas fue presentada por SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo ante los Juzgados de Plaza Castilla al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche por los malos tratos y agresiones físicas que sufren allí los inmigrantes. Recientemente, uno de los internos, Ali Kharmel, de nacionalidad argelina, �fue deportado después de que los policías del CIE le rompieran un brazo por dos sitios y le mantuvieran en una celda de aislamiento varios días�. Eso es lo que denuncian las ONGs. Un informe interno de los responsables del CIE asegura sin embargo que resultó herido tras abalanzarse sobre los agentes que le recriminaron que fumara y destaca que el Fiscal Especial de Extranjeros dictó orden de expulsión contra él. ¿Existieron o no existieron torturas en ese caso? La presunción de tales excesos suele descartarse de antemano como un tabú, en este país, cuando los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, nos alertan de que dicha práctica es frecuente, incluso, en naciones de probada raigambre democrática. Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía durante los últimos diez años, recuerda como durante una visita oficial a México, el gobernador del Estado de Jalisco, objeto de frecuentes denuncias al respecto, se jactaba de que allí no existía la tortura. Juraba y perjuraba en torno a dicho albur cuando le interrumpió el representante holandés de Amnistía. “Me parece sorprendente que no exista tortura en Jalisco, cuando sigue existiendo en Holanda”.
Lo peor de la tortura no es la tortura en sí misma sino el hecho de no asumir dicha práctica como un problema real, tanto en las sociedades democráticas como, por supuesto, en las autocráticas. Y en España, más allá de los discursos políticamente correctos, no se considera que tales prácticas puedan concernirnos más de lo que imaginamos. Esteban Beltrán cree que los derechos humanos no son patrimonio de los gobiernos. Antes bien, en muchos casos, ciertos gobiernos monopolizan la falta de derechos humanos. Pero no hay manos limpias, como diría Jean Paul Sartre: la libertad es una carrera de fondo, un maratón a cuya meta quizá no se llegue nunca porque la democracia, al igual que la felicidad, consiste, nada más y nada menos, que en buscarla.
Aunque Beltrán publica regularmente artículos en numerosos medios de comunicación, "Derechos Torcidos", editado por Debate, es su primera obra de ensayo, donde vierte opiniones expresadas siempre a título personal, ya que en absoluto quiere comprometer la ecuanimidad de Aministía Internacional, de cuya dirección acaba de tomarse por dicho motivo, unos meses de descanso justo cuando cumple su décimo aniversario como director. El milita desde hace veinticinco años en la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), profundizando, desde diversas responsabilidades internas, en la defensa de los derechos civiles y las libertades públicas, ese radicalismo democrático que preconizaba Thomas Jefferson y que, aún hoy, cuenta con defensores acérrimos que ponen una seria distancia con la horda de tahures corruptos y de cazadores de votos que se suele asociar habitualmente con las cloacas de este sistema. La obra lleva un subtítulo largo que avisa sobre un contenido valiente y riguroso, en el que pone en solfa "los tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos".
Profesor de derechos humanos y desarrollo en cursos de postgrado en seis universidades españolas, a principios de los años noventa vivió en varios países de América Latina, como Argentina, Ecuador y Costa Rica, donde ofició como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional, logrando consolidar dicha organización en esas naciones. A su vez, ha investigado violaciones de derechos humanos en países como Guatemala, Costa Rica y Panamá, en trabajos de campo exhaustivos que, sin duda, nutre la capacidad de análisis y observación de la que hace gala en este libro.
¿Qué nos cuenta, más allá de los consabidos pero no siempre recordados calabozos donde se humilla la dignidad humana y su libertad de expresión? Nos avisa de que el pensamiento único sólo sirve a aquellos que se benefician de un mundo único, el de la riqueza del privilegio minoritario frente a la miseria de los más. Que las sociedades pueden suicidarse democráticamente cuando no la democracia puede servir para asesinar en su nombre. Que Europa debe dejar de soñarse fortaleza y abrirse racionalmente a la inmigración. Que las constituciones proclaman derechos humanos que la realidad incumple. Que la rebeldía es una especie en extinción. Que los gobiernos pretendan domesticar a las sociedades mediante subsidios, subvenciones o el pan para hoy y el hambre para mañana. Y, sobre todo, que las ONGs no pueden ser subcontratadas para asumir servicios públicos ni deben ser utilizadas para lavar la conciencia de una sociedad adocenada, que no suele contrastar ideas sino confirmar las ideas preconcebidas, a través de encuestas, medios de comunicación y otros espejismos.
Pero también presenta un balance a contracorriente de la España de hoy. Por ejemplo, cuestiona que la transición democrática fuese modélica y denuncia sus zonas de sombra, algunas de las cuales, como la tortura, perduran todavía. Beltrán, lejos de las generalidades al uso, brinda datos concretos y denuncia a torturadores con nombres y apellidos, lamentando al mismo tiempo como los gobiernos de uno y otro signo han perdonado y amparado estas prácticas, pese a las denuncias de organismos internacionales. El libro lleva un mes y pico en las librerías y nadie se ha atrevido a desmentirle oficialmente.
Beltrán ha llegado a declarar, por otra parte, que España y quizás la Unión Soviética son los únicos países del mundo que han mantenido hasta ahora el olvido del pasado dictatorial como animal de compañía, mientras que en el resto, tanto en África, Europa o América, las sociedades han avanzado algo en reparación o en reconocimiento de la verdad respecto a dichos años de plomo. Aquí, en España, mientras tanto, ni fosas abiertas, ni memoria histórica real, ni reparación efectiva, ni verdad oficial. Sobre todo cuando se insiste en que no hay derecho a seguir manteniendo una equidistancia entre los excesos en ambos lados de las trincheras de la guerra civil y la terrible represión de cuarenta años que siguió a su término y cuyas heridas todavía no han cicatrizado.
Una de las ideas más novedosas que pregona el libro estriba en su creencia de que la pobreza y la pena de muerte debieran abolirse por ley. De hecho, pretende promover una batalla para que los países eliminen en sus Constituciones la pobreza, como en su día se hizo con la esclavitud, a fin de juzgar a los responsables de que millones de personas mueran de hambre. La miseria, eso es lo que él cree, no tiene que ver con la economía sino que supone una clara vulneración de los derechos humanos. Y le sorprende, justamente, que nadie haya sido llevado ante un tribunal para responder de esas hambrunas que violan los derechos humanos y que sufren dos tercios de la humanidad, que no tienen donde acudir para reclamar su derecho a la educación, a la salud o a no morir de hambre. He ahí una de sus grandes banderas. La defensa de que la ayuda humanitaria deje de ser un gesto de magnanimidad por parte de algunas instituciones, para convertirse en algo exigible, sine qua non, obligatorio para gobiernos y empresas. Hoy por hoy, según su análisis, la geografía de la ayuda humanitaria, lejos del sueño del 0,7 por ciento, coincide sospechosamente con los despliegues de tropas o con los lugares de procedencia de la inmigración clandestina.
Beltrán tampoco olvida otra asignatura pendiente. Y es que en los países del sur de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, "no hay documentación oficial del número de incidentes racistas" que se producen y que a veces se enmascaran bajo otros supuestos delictivos para no romper la bucólica imagen de un mundo relativamente perfecto que no guarda demasiada relación con lo que sucede afuera de los discursos públicos. De hecho, España, Portugal, Grecia e Italia, son los únicos países comunitarios que no registran oficialmente los incidentes racistas. Según sus datos, mientras Gran Bretaña documentó en 2005 hasta 55.000 actos de este tipo, España archivó "diez o doce casos" en el mismo periodo y el Observatorio de Igualdad de Trato, que se creó en 2003, no cuenta todavía con ningún funcionario asignado al mismo. Por lo demás, los fiscales apenas aplican la agravante de racismo que ya contempla la ley y que la mayoría de los casos de tortura y malos tratos, que se registran en el Estado español, los sufren los inmigrantes. Dichas prácticas disminuirían posiblemente si se instalaran videocámaras bajo control judicial en salas de interrogatorio, que lo mismo servirían para prevenir torturas que denuncias falsas.
Uno de los escasos aspectos positivos que pretende introducir la nueva reforma de la Ley de Extranjería que acomete el actual Gobierno, estriba en ofrecer alternativas a otra de las denuncias que Esteban Beltrán recoge en su libro. Y es que las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género no llegan a denunciar a sus agresores por miedo a ser expulsadas del país, cuando carecen de papeles.
El libro incluye un “diccionario de contenido sorprendente”, irónico y sabio por demás, en el que desmonta el acostumbrado uso de palabras como apartheid o democracia. Pero incorpora también algunos neologismos como el de demodura, similar hasta cierto punto a aquella dictablanda que marcó la transición entre el autoritarismo del general Miguel Primo de Rivera y el adviento de la II República Española. A juicio de Beltrán, que pone como ejemplos de lo mismo a Japón, Estados Unidos y, por supuesto, Rusia, el término “demodura” vendría a definir a “aquellos países con un sistema democrático de gobierno que, aderezado convenientemente con pinceladas de autoritarismo, retrocede en sus libertades hasta adquirir rasgos evidentes de dictadura”. Luchar decididamente contra la tortura, en vez de esconderla bajo la alfombra, nos ayudaría a alejarnos de semejante modelo.
Juan José Téllez es escritor y periodista
Un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado, a través de un auto de fecha 27 de febrero último, la imputación de 15 agentes de la Guardia Civil al apreciar "indicios de la posible comisión de varios delitos de tortura y lesiones" a los miembros de ETA Igor Portu y Mattín Sarasola, que formaban parte del Comando Elurra de dicha organización terrorista y que fueron detenidos en enero del pasado año. La justicia deberá dilucidar ahora si dichos cargos se sustentan o no, por más que, como pueda inferirse de la correspondencia incautada a Txeroki, los etarras suelen denunciar torturas en falso para desacreditar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alimentar el victimismo entre los suyos.
Llueven las denuncias por malos tratos y agresiones físicas contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), de Aluche, en Madrid. Una de las últimas fue presentada por SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo ante los Juzgados de Plaza Castilla al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche por los malos tratos y agresiones físicas que sufren allí los inmigrantes. Recientemente, uno de los internos, Ali Kharmel, de nacionalidad argelina, �fue deportado después de que los policías del CIE le rompieran un brazo por dos sitios y le mantuvieran en una celda de aislamiento varios días�. Eso es lo que denuncian las ONGs. Un informe interno de los responsables del CIE asegura sin embargo que resultó herido tras abalanzarse sobre los agentes que le recriminaron que fumara y destaca que el Fiscal Especial de Extranjeros dictó orden de expulsión contra él. ¿Existieron o no existieron torturas en ese caso? La presunción de tales excesos suele descartarse de antemano como un tabú, en este país, cuando los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, nos alertan de que dicha práctica es frecuente, incluso, en naciones de probada raigambre democrática. Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía durante los últimos diez años, recuerda como durante una visita oficial a México, el gobernador del Estado de Jalisco, objeto de frecuentes denuncias al respecto, se jactaba de que allí no existía la tortura. Juraba y perjuraba en torno a dicho albur cuando le interrumpió el representante holandés de Amnistía. “Me parece sorprendente que no exista tortura en Jalisco, cuando sigue existiendo en Holanda”.
Lo peor de la tortura no es la tortura en sí misma sino el hecho de no asumir dicha práctica como un problema real, tanto en las sociedades democráticas como, por supuesto, en las autocráticas. Y en España, más allá de los discursos políticamente correctos, no se considera que tales prácticas puedan concernirnos más de lo que imaginamos. Esteban Beltrán cree que los derechos humanos no son patrimonio de los gobiernos. Antes bien, en muchos casos, ciertos gobiernos monopolizan la falta de derechos humanos. Pero no hay manos limpias, como diría Jean Paul Sartre: la libertad es una carrera de fondo, un maratón a cuya meta quizá no se llegue nunca porque la democracia, al igual que la felicidad, consiste, nada más y nada menos, que en buscarla.
Aunque Beltrán publica regularmente artículos en numerosos medios de comunicación, "Derechos Torcidos", editado por Debate, es su primera obra de ensayo, donde vierte opiniones expresadas siempre a título personal, ya que en absoluto quiere comprometer la ecuanimidad de Aministía Internacional, de cuya dirección acaba de tomarse por dicho motivo, unos meses de descanso justo cuando cumple su décimo aniversario como director. El milita desde hace veinticinco años en la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), profundizando, desde diversas responsabilidades internas, en la defensa de los derechos civiles y las libertades públicas, ese radicalismo democrático que preconizaba Thomas Jefferson y que, aún hoy, cuenta con defensores acérrimos que ponen una seria distancia con la horda de tahures corruptos y de cazadores de votos que se suele asociar habitualmente con las cloacas de este sistema. La obra lleva un subtítulo largo que avisa sobre un contenido valiente y riguroso, en el que pone en solfa "los tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos".
Profesor de derechos humanos y desarrollo en cursos de postgrado en seis universidades españolas, a principios de los años noventa vivió en varios países de América Latina, como Argentina, Ecuador y Costa Rica, donde ofició como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional, logrando consolidar dicha organización en esas naciones. A su vez, ha investigado violaciones de derechos humanos en países como Guatemala, Costa Rica y Panamá, en trabajos de campo exhaustivos que, sin duda, nutre la capacidad de análisis y observación de la que hace gala en este libro.
¿Qué nos cuenta, más allá de los consabidos pero no siempre recordados calabozos donde se humilla la dignidad humana y su libertad de expresión? Nos avisa de que el pensamiento único sólo sirve a aquellos que se benefician de un mundo único, el de la riqueza del privilegio minoritario frente a la miseria de los más. Que las sociedades pueden suicidarse democráticamente cuando no la democracia puede servir para asesinar en su nombre. Que Europa debe dejar de soñarse fortaleza y abrirse racionalmente a la inmigración. Que las constituciones proclaman derechos humanos que la realidad incumple. Que la rebeldía es una especie en extinción. Que los gobiernos pretendan domesticar a las sociedades mediante subsidios, subvenciones o el pan para hoy y el hambre para mañana. Y, sobre todo, que las ONGs no pueden ser subcontratadas para asumir servicios públicos ni deben ser utilizadas para lavar la conciencia de una sociedad adocenada, que no suele contrastar ideas sino confirmar las ideas preconcebidas, a través de encuestas, medios de comunicación y otros espejismos.
Pero también presenta un balance a contracorriente de la España de hoy. Por ejemplo, cuestiona que la transición democrática fuese modélica y denuncia sus zonas de sombra, algunas de las cuales, como la tortura, perduran todavía. Beltrán, lejos de las generalidades al uso, brinda datos concretos y denuncia a torturadores con nombres y apellidos, lamentando al mismo tiempo como los gobiernos de uno y otro signo han perdonado y amparado estas prácticas, pese a las denuncias de organismos internacionales. El libro lleva un mes y pico en las librerías y nadie se ha atrevido a desmentirle oficialmente.
Beltrán ha llegado a declarar, por otra parte, que España y quizás la Unión Soviética son los únicos países del mundo que han mantenido hasta ahora el olvido del pasado dictatorial como animal de compañía, mientras que en el resto, tanto en África, Europa o América, las sociedades han avanzado algo en reparación o en reconocimiento de la verdad respecto a dichos años de plomo. Aquí, en España, mientras tanto, ni fosas abiertas, ni memoria histórica real, ni reparación efectiva, ni verdad oficial. Sobre todo cuando se insiste en que no hay derecho a seguir manteniendo una equidistancia entre los excesos en ambos lados de las trincheras de la guerra civil y la terrible represión de cuarenta años que siguió a su término y cuyas heridas todavía no han cicatrizado.
Una de las ideas más novedosas que pregona el libro estriba en su creencia de que la pobreza y la pena de muerte debieran abolirse por ley. De hecho, pretende promover una batalla para que los países eliminen en sus Constituciones la pobreza, como en su día se hizo con la esclavitud, a fin de juzgar a los responsables de que millones de personas mueran de hambre. La miseria, eso es lo que él cree, no tiene que ver con la economía sino que supone una clara vulneración de los derechos humanos. Y le sorprende, justamente, que nadie haya sido llevado ante un tribunal para responder de esas hambrunas que violan los derechos humanos y que sufren dos tercios de la humanidad, que no tienen donde acudir para reclamar su derecho a la educación, a la salud o a no morir de hambre. He ahí una de sus grandes banderas. La defensa de que la ayuda humanitaria deje de ser un gesto de magnanimidad por parte de algunas instituciones, para convertirse en algo exigible, sine qua non, obligatorio para gobiernos y empresas. Hoy por hoy, según su análisis, la geografía de la ayuda humanitaria, lejos del sueño del 0,7 por ciento, coincide sospechosamente con los despliegues de tropas o con los lugares de procedencia de la inmigración clandestina.
Beltrán tampoco olvida otra asignatura pendiente. Y es que en los países del sur de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, "no hay documentación oficial del número de incidentes racistas" que se producen y que a veces se enmascaran bajo otros supuestos delictivos para no romper la bucólica imagen de un mundo relativamente perfecto que no guarda demasiada relación con lo que sucede afuera de los discursos públicos. De hecho, España, Portugal, Grecia e Italia, son los únicos países comunitarios que no registran oficialmente los incidentes racistas. Según sus datos, mientras Gran Bretaña documentó en 2005 hasta 55.000 actos de este tipo, España archivó "diez o doce casos" en el mismo periodo y el Observatorio de Igualdad de Trato, que se creó en 2003, no cuenta todavía con ningún funcionario asignado al mismo. Por lo demás, los fiscales apenas aplican la agravante de racismo que ya contempla la ley y que la mayoría de los casos de tortura y malos tratos, que se registran en el Estado español, los sufren los inmigrantes. Dichas prácticas disminuirían posiblemente si se instalaran videocámaras bajo control judicial en salas de interrogatorio, que lo mismo servirían para prevenir torturas que denuncias falsas.
Uno de los escasos aspectos positivos que pretende introducir la nueva reforma de la Ley de Extranjería que acomete el actual Gobierno, estriba en ofrecer alternativas a otra de las denuncias que Esteban Beltrán recoge en su libro. Y es que las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género no llegan a denunciar a sus agresores por miedo a ser expulsadas del país, cuando carecen de papeles.
El libro incluye un “diccionario de contenido sorprendente”, irónico y sabio por demás, en el que desmonta el acostumbrado uso de palabras como apartheid o democracia. Pero incorpora también algunos neologismos como el de demodura, similar hasta cierto punto a aquella dictablanda que marcó la transición entre el autoritarismo del general Miguel Primo de Rivera y el adviento de la II República Española. A juicio de Beltrán, que pone como ejemplos de lo mismo a Japón, Estados Unidos y, por supuesto, Rusia, el término “demodura” vendría a definir a “aquellos países con un sistema democrático de gobierno que, aderezado convenientemente con pinceladas de autoritarismo, retrocede en sus libertades hasta adquirir rasgos evidentes de dictadura”. Luchar decididamente contra la tortura, en vez de esconderla bajo la alfombra, nos ayudaría a alejarnos de semejante modelo.
Juan José Téllez es escritor y periodista