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viernes. 27.01.2023

¿”Democratizando” el desempleo?

El pasado día 30, el Gobierno anunció en Mesa General de las Administraciones Públicas que la tasa de reposición de efectivos para 2012 sería cero, lo que supondrá la disminución de las plantillas de las administraciones públicas en 30.000 funcionarios en los dos próximos años y, lo peor, la imposibilidad de contratar personal laboral temporal o interino de ningún tipo y por ninguna circunstancia.

El pasado día 30, el Gobierno anunció en Mesa General de las Administraciones Públicas que la tasa de reposición de efectivos para 2012 sería cero, lo que supondrá la disminución de las plantillas de las administraciones públicas en 30.000 funcionarios en los dos próximos años y, lo peor, la imposibilidad de contratar personal laboral temporal o interino de ningún tipo y por ninguna circunstancia. La subida de la jornada hasta las 37,5 horas, como ya hizo Aguirre con los docentes en Madrid, hará que se deje de contratar más personal laboral, al cubrirse esta necesidad por el aumento de horario del personal fijo. Igualmente quedan sin efectos las convocatorias de oposiciones y de consolidación de empleo…

A estas alturas decir que el primer paquete de medidas de recorte con el que el gobierno ha decidido iniciar su andadura en la décima legislatura tiene un marcado corte antisocial y que supone el mayor recorte ejercido desde 1975 en nuestro país, no aporta nada, habida cuenta de la reacción de unánime rechazo que han generado dichos recortes, aunando voces no sólo entre sindicatos, organizaciones sociales y la izquierda política, sino además, sumando a los partidos políticos más afines al gobierno del PP, como CiU o Foro Asturias, en un rechazo unánime que hace pocas fechas era difícil imaginar.

El gobierno se ha quedado solo, o lo que es lo mismo, nadie ha creído el motivo argumentado en el preámbulo del Real Decreto Ley 20/2011, donde la supuesta desviación de dos puntos en el déficit público (del 6 al 8%) se esgrime como causa que justifica el que se adopten medidas denominadas como “recargo temporal de solidaridad” (la archinegada subida de impuestos), que se aplicarán durante dos años y con las cuales el gobierno del autodenominado “partido de los trabajadores” pretende recaudar 4.111 millones de euros, de los cuales el 64% proceden de los impuestos sobre el trabajo. La solidaridad, sólo la ejercemos los trabajadores de este país según este gobierno ¿no?

Nadie ha creído, pues, que la pretendida subida de impuestos sea “la necesaria reforma fiscal progresiva para nuestro país, que afectará a los que más tienen”, según palabras textuales de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, pues revisando las cifras del IRPF, es fácil observar que este impuesto no es relevante entre las rentas altas: sólo el 0,1% del total del tributo corresponde a rentas superiores a 360.000 euros, y además, de todos es sabido que hay mecanismos legales que impiden que las grandes fortunas contribuyan como tienen que hacerlo, de ahí que el fraude fiscal corresponda en un 73% al gran capital y a la banca.

Y la razón fundamental por la que nadie ha creído al gobierno, en su justificación de este paquete de medidas antisociales, es que no se ha ofrecido el desglose de esa desviación de dos puntos en el déficit público. Un gobierno que durante la campaña electoral hizo alarde de una transparencia programática que al parecer “se transformaría en ley”, no puede pretender que la ciudadanía asuma semejante esfuerzo de sus bolsillos sin ofrecer las correspondientes explicaciones a cambio. Esta explicación no ha existido porque en el desglose del déficit público está la clave que el gobierno esconde: la aportación mayoritaria a esa desviación presupuestaria pública procede de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Por tanto, si la excusa queda desacreditada, la intencionalidad política de las medidas queda en evidencia. Subir el IBI, el IRPF, la tributación por el pequeño ahorro, eliminar la renta de emancipación y, por el contrario, no haber fijado en el texto del decreto ley ninguna medida que afecte a los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales o una subida de impuestos a los fondos de inversión como la SICAV, deja muy claro para quién gobierna el PP: para los únicos que han aplaudido estas medidas, la CEOE. Además, por si fuera poco, el decreto también encierra una ayuda encubierta a los bancos, a través de la recuperación de la desgravaciones por compra de vivienda y el IVA superreducido.

Con su primera medida el gobierno ha abandonado no sólo a la clase trabajadora sino también a los pensionistas, ya que el poder adquisitivo de estos -al igual que el de los trabajadores de este país- ha bajado. Técnicamente, podría decirse que en su discurso de investidura Rajoy mintió a este respecto o dio una información tergiversada, ya que la subida de las pensiones por un importe del 1%, certifica la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un 2%, ya que el IPC previsto para este año se calcula en el 3%. Por tanto, es la primera vez en la historia que una subida de pensiones no logra la revalorización de las mismas.

El problema es que todo este dinero que se recaude, todo el esfuerzo que se pide a la clase trabajadora de este país y a los pensionistas, sólo va a servir para continuar con la especulación en los mercados, para llenar los bolsillos de los agentes privados que ostentan los títulos de deuda pública. Si estos ingresos se destinaran a un plan de estímulo que reactivara la economía y que generara empleo desde lo público, quizás la ciudadanía podría dar por bueno el enorme sacrificio que se le pide. Pero esta posibilidad queda descartada leyendo el Capítulo II del Real Decreto Ley 20/2011. En este capítulo se incluye la congelación salarial de los empleados públicos -que consigue que la pérdida del poder adquisitivo de estos sea ya del 15% en sólo 3 años, pues las tablas salariales quedan fijadas en cantidades idénticas al año 2007- y la histórica tasa cero de reposición del personal de las administraciones públicas ya mencionada.

El empleado público, por tanto, se convierte con esta congelación salarial en cabeza de turco, en el bolsillo del cual va a salir el dinero con el que jugarán los especuladores, pues a la congelación salarial se le suma la subida de impuestos que mermará de forma insostenible no sólo el poder adquisitivo, sino la propia subsistencia de los empleados públicos de este país, ya que debemos tener en cuenta que uno de cada cuatro son temporales y mileuristas.

Y llegados a este punto alguien podría preguntarse: ¿y el empleo? Ya que es el principal objetivo del gobierno ¿cómo afectan estas medidas al empleo? Pues la reducción de salarios de los empleados públicos se extenderá al ámbito privado, subiendo el beneficio empresarial, ya que es evidente que la patronal no baja los precios de los productos (el IPC no se reduce), aunque desciendan los salarios. De esta forma, se satisface la petición de moderación salarial de la CEOE, algo que conllevará la caída de la demanda y la previsible entrada en recesión.

Sin embargo, el gran golpe, el gran atentado hacia el empleo contenido en el Real Decreto Ley, está en la tasa cero de reposición de efectivos de las Administraciones Públicas, ya que teniendo en cuenta que cerca de 1.000.000 de empleados públicos superan los 50 años de edad, supondrá la inmediata amortización de plazas en las Administraciones Públicas (desaparición de la plaza tras la jubilación del empleado público) y, por tanto, una considerable reducción del volumen de la administración, alejándonos de esta forma de los modelos de estado de bienestar europeos, pues España ya ostentaba una de las últimas posiciones de la UE en cuanto a volumen y coste por habitante del empleo público (según la última estadística de Eurostat el gasto en salarios de empleados públicos por habitante sólo es algo menor en tres países de la Unión). Además, se truncan las expectativas laborales de miles de opositores así como los procesos de consolidación de empleo, que ya quedan sin efecto.

Efecto perverso también sobre el empleo tiene la subida de 2,5 horas de jornada en promedio semanal para los empleados públicos. En la práctica, esta medida supone un aumento del desempleo pues el empleo temporal o interino deja de ser necesario al cubrirse por el aumento de jornada del empleo fijo. El precedente a esta medida es la aplicada por Esperanza Aguirre en la educación madrileña, y supuso dejar de contratar a más de 3.000 profesores de enseñanza secundaria. Con esto, además, se consigue un mayor empobrecimiento aun de los empleados públicos, ya que se les amplia la jornada laboral en torno a un 8% sin percibir salario alguno a cambio de este aumento en el tiempo de trabajo.

Pero lo peor no acaba aquí, lo peor está por llegar. El gobierno elaborará en marzo una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), que conllevará un nuevo capítulo de gastos que tendrán que ser reajustados. El calendario electoral con las elecciones andaluzas en marzo, evita que -de momento y sólo de momento- se acometan medidas aun más impopulares que estas.

Por todo esto, resulta evidente que el gobierno del PP a través del Real Decreto Ley 20/2011, está diseñando un modelo de estado donde se puede decir, argumentadamente, que la política es una herramienta que acosa y hostiga, a través de diversos mecanismos legales, la supervivencia de la clase trabajadora de este país, además de tener un objetivo claro y consumado sobre el empleo: “democratizar” o extender el desempleo al ámbito de las administraciones públicas.

La CEOE, en su cuestionable estudio, dictaminó que sobraban empleados públicos en España. El gobierno ha acatado y puesto en práctica esta teoría, ya desde hace un año, a través de la destrucción de 15.268 empleos públicos en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en el mayor proceso de destrucción de empleo público jamás conocido.

A partir del 1 de enero del año que comienza, la ciudadanía española será más pobre, los estudiantes tendrán menos expectativas laborales y los empleados públicos tendrán en riesgo su puesto y su salario… ¿alguien tiene duda de para quién gobierna Rajoy?

¿”Democratizando” el desempleo?
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