19 de diciembre de 2010, 13:32
nuevatribuna.es | 9.12.2010
A veces, da la sensación de que algunas cadenas compiten entre sí para plantear la mayor barbaridad y captar así la atención del espectador. Injurias al Presidente del Gobierno, soflamas xenófobas, enaltecimiento del golpismo, reivindicación del franquismo… Algunas de estas tertulias consiguen que percibamos al Tea Party norteamericano como una banda de bolcheviques.
Hace pocos días anunciaron el cierre definitivo de CNN+. A mi juicio este era uno de esos raros refugios en los que cualquier televidente podía acomodarse para obtener información y criterio, sin histrionismos y con un mínimo de rigor y objetividad. A veces he estado de acuerdo con los planteamientos de sus “opinadores”, y a veces no. Pero en general, siempre he tenido la sensación de estar recibiendo un servicio honesto.
Al parecer, cierran la cadena porque los dueños pierden dinero con ella. Hay poco que objetar ante este argumento. PRISA no es un organismo público ni una ONG. Se trata de una empresa privada con unos accionistas que exigen dividendos. La pregunta que uno puede hacerse es la siguiente. Si un emporio poderoso como PRISA no puede permitirse las pérdidas generadas por un producto informativo de calidad, ¿cómo se mantiene esa enorme cantidad de subproductos que vociferan e insultan cada noche desde nuestra pantalla? ¿Quién paga? ¿Y con qué propósito?
Esta situación debe alentar al menos tres debates. El primero versa sobre los límites en el ejercicio de la libertad de expresión. Tal libertad constituye un puntal básico de nuestro sistema democrático y es preciso preservarla con mimo. No obstante, todo derecho encuentra su límite precisamente donde comienzan los derechos de los demás. Y el ejercicio de la libertad de expresión no debe amparar la práctica permanente de la injuria y la acusación falsa que se realiza desde algunas plataformas mediáticas de extrema derecha. Que cada cual opine lo que quiera, pero la infamia y la atribución mendaz de conductas inmorales o delictivas no deberían quedar impunes. Tanto los aludidos como la fiscalía deben velar por los derechos de todos.
El segundo debate tiene que ver con el papel de la televisión pública. En el vigente contexto de crisis son muchas las voces que subrayan el alto coste de este servicio y su incidencia en el déficit público. Algunas de estas voces responden a una reivindicación leal a favor de la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos colectivos. Sin embargo, otras voces están buscando tan solo generar el caldo de cultivo adecuado para la privatización de las cadenas públicas de televisión. Sumarían así estas televisiones definitivamente a la pléyade de voceros en defensa de los intereses más conservadores. Aunque también es cierto que algunas cadenas autonómicas, como Telemadrid o Canal Nou, hace tiempo que juegan este papel desde la categoría pública.
Reclamemos pues una televisión pública de calidad, eficiente y austera en su administración, objetiva en su labor informativa, y respetuosa en el reflejo de la pluralidad social y política. RTVE hace un esfuerzo encomiable que merece respeto, pero a mi juicio debería ser más valiente en la apuesta por formatos de debate público permanente y plural sobre los asuntos que más preocupan a la opinión pública. Paradójicamente, en esta orgía permanente de información que disfrutamos hoy, se hace más necesaria que nunca una oferta televisiva con garantías de veracidad y al servicio del interés general.
El último debate a plantear es el relacionado con la oferta de televisión informativa en el ámbito privado. Porque el dinero es de derechas. Para qué nos vamos a engañar. Pero esta realidad inexorable no debe conducirnos a la aceptación resignada de un panorama televisivo copado casi exclusivamente por los “opinadores” más rancios y extremistas.
Las normas han de garantizar que en el reparto público de las licencias de emisión se tengan en cuenta los criterios de la garantía de información veraz y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad. Aquellos que entierran grandes cantidades de dinero en órganos de propaganda anti-socialista, con la única finalidad de influir en el electorado a favor de la derecha, deben ser desenmascarados. Podrán opinar lo que quieran en sus televisiones, porque para eso son suyas y las pagan. Pero los demás también somos libres para denunciar con voz alta y clara que intenten vender a los ciudadanos sus panfletos al servicio del dinero y de la extrema derecha, como si fueran expresiones legítimas de la mejor libertad de prensa.
Y digo yo que la opinión progresista, que es mayoritaria en la sociedad española, también podrá hacer rentable una programación informativa de calidad en alguna televisión privada…
Rafael Simancas