Con el retórico verbo que le caracteriza, el ministro de Justicia ha saludado la jornada del 8 de marzo con unas declaraciones sobre la reforma de la vigente ley del aborto, que revelan la debilidad de su presunto progresismo y la irresoluble contradicción que subyace en el programa Partido Popular.
Para alejarse de la rancia posición de la clerigalla de su partido, que sigue a pies juntillas las consignas de la Conferencia Episcopal, Gallardón no ha querido mostrarse como un defensor de los insólitos derechos de los fetos, sino como un valedor de las madres. Dando un paso más en la judicialización de la vida, ha presentando la maternidad como un nuevo derecho, que debe ser similar al derecho a respirar, aunque no figura en el artículo 32 ni en el 39 de la Constitución. No vamos a recortar los derechos sexuales y reproductivos- ha dicho el ministro-, sino que vamos a aumentar la protección del derecho reproductivo por excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad. Pero no por eso podemos estar tranquilos, y sobre todo, tranquilas, pues parece que tras la defensa del derecho a la maternidad se pretende restringir el derecho a la libertad de las mujeres a decidir sobre un embarazo no deseado.
El argumento es artero, pues, en esta materia Gallardón estima que hasta ahora ha habido una dejación de los poderes públicos, que se han conformado con despenalizar el aborto, pero han faltado medidas de carácter asistencial y laboral, ayudas a la vivienda o al transporte, que han impedido a las mujeres decidir con libertad sobre su embarazo. ¡Que se han conformado!, dice. En el PP no se conformaron. Pues menudo jaleo armaron los suyos en 1985, empezando por su padre, que, siendo portavoz del PP en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, fue el promotor de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que despenalizaba el aborto. Gallardón ya no se acuerda (debía de estar revisando las obras) de las veces que el PP ha sacado a la calle a los defensores de los fetos (y de las banderas, porque van juntos), para acusar de criminales a los gobiernos del PSOE.
Según el ministro, esa dejación de funciones de los poderes públicos ha dejado indefensas a las mujeres ante una violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo, que las induce a abortar. Y aquí está la muestra de su falso progresismo, porque mezcla las churras -la violencia de género-, con las merinas -la estructura social y laboral-. Pero con la pirueta dialéctica ha venido a darse de morros con la parte neoliberal del programa de su partido, que es de una terrible dureza con los trabajadores y con los servicios públicos. ¿Conoce Gallardón algo que no sean tópicos sobre las condiciones laborales de este país? ¿Qué sabe de los sueldos y de la promoción laboral de las mujeres? ¿Qué sabe de los horarios laborales? ¿Acaso ignora que la jornada laboral española es de las más largas de Europa? ¿Qué sabe de los contratos y de la estabilidad en el empleo? ¿Qué conoce de los autoritarios usos de la patronal española? ¿Sabe que es muy difícil conciliar la vida laboral y la vida familiar? ¿Sabe que la inmensa mayoría de las mujeres deben elegir entre seguir una carrera profesional o tener hijos? ¿Sabe algo sobre las parcas ayudas por tener hijos? ¿Qué sabe sobre los horarios escolares? ¿Qué sabe sobre las becas? ¿Conoce la falta de guarderías y de residencias de ancianos de titularidad pública? ¿Conoce las dificultades para acceder a una vivienda? ¿Sabe que los jóvenes españoles son los que abandonan a edad más tardía el hogar familiar? ¿Sabe que las mujeres españolas que trabajan fuera del domicilio tienen una doble jornada laboral como profesionales y como amas de casa?
Respóndase el señor ministro a estas preguntas integrando en todas ellas el fundamental papel que juegan las mujeres. España, con un retraso notable respecto a la Unión Europea en ayuda a la familia, funciona gracias al esfuerzo desinteresado de millones de mujeres. Esta es la estructura que condiciona la vida de las mujeres, y del resto de la población, pero sobre todo condiciona la de las mujeres a la hora de decidir sobre la maternidad. España es un país disuasorio para tener hijos. La violencia estructural de la que habla Gallardón no se refleja sólo en la cifra de abortos, sino en las bajas tasas de nupcialidad -3,67 por mil matrimonios- y de natalidad, 1,38 hijos por mujer.
Todo esto es lo que se tendría que cambiar, pero eso es imposible que lo pretenda Gallardón, porque este es el modelo de injusta sociedad que prefiere el Partido Popular, en el que las mujeres ocupan un lugar secundario. Por lo cual, en la tesitura de cambiar las estructuras o cambiar la ley del aborto, opta por cambiar la ley. También podría estarse quieto y dejar las cosas como están, pero le impulsa su conservadurismo. Por algo, a pesar de su pretendido progresismo, es ministro en un gobierno que está situado a la derecha, muy a la derecha. Y lo demás son películas.