18 de enero de 2011, 6:17
nuevatribuna.es| 03.01.2011
Benedicto XVI hace unos curiosos regalos de Navidad: el pasado 30 de diciembre, como Jefe de Estado de la Santa Sede, firmó la Ley nº127. Se trataba de subsanar el “malentendido” que provocó la incautación preventiva –por parte de la Fiscalía de Roma- de 23 millones de euros (378 millones de pesos) de origen sospechoso.
No fue un incidente aislado: desde que, en 1942, Pío XII creó el Instituto para las Obras de Religión (IOR, el banco del Vaticano) y el Gobierno fascista italiano le eximió del pago de impuestos, los escándalos se han sucedido y es que, como solía decir el arzobispo estadunidense Paul Marcinkus (director del IOR entre 1971 y 1989) “no se puede dirigir la Iglesia con avemarías”.
El problema jurídico de partida está en que los Pactos Lateranenses que, en 1929, le proporcionaron a la Santa Sede categoría de Estado, también plantaron la semilla de un paraíso fiscal.
Aunque todo lo que rodea a este tema siempre ha sido opaco, se supone que dicha posibilidad comenzó a ser explotada a partir de la Segunda Guerra Mundial. No por casualidad, en 2007, fue archivada en California una denuncia en la que se acusaba al Vaticano de complicidad con los “fondos espoliados” durante la contienda.
Posteriormente, el IOR, casi siempre ha actuado de forma sospechosa. Su escándalo público más sonado, aunque no el único, fue la quiebra del Banco Ambrosiano, en 1982. En casi todos los casos, el IOR siempre ha fungido de tangente entre política y religión.
La especificidad del Vaticano como paraíso fiscal consiste en que en la Santa Sede no hay más banco que el IOR: eso le permite acaparar depósitos y derivarlos hacia otros fondos de depósito o inversión. Como, además, se supone que el dinero no permanece en el Vaticano, cuesta más rastrearlo.
Por eso la Santa Sede figuraba en las listas negras internacionales de malas prácticas financieras. La maniobra de Ratzinger, aunque no le garantiza salir de las mismas, quizás la pone en el camino. La presión de Italia, funciona: desde 1968, el IOR no tiene exenciones fiscales y desde 2007, es escrutado por leyes contra el blanqueo. Ahora solo queda que el órgano de control financiero creado por el Papa para aplicar la nueva ley no se convierta en un instrumento al servicio de oscuras luchas por el poder. ¡Ave María!
Juan Agulló | Sociólogo y periodista.