Aunque se afirme lo contrario, la auditoría ciudadana sí es una idea nueva, en México y sobre todo en Michoacán, no obstante que desde el año 2004, el Parlamento filipino elaboró una resolución conjunta sobre una auditoría de la deuda, mediante la colaboración del órgano fiscalizador del Parlamento y la auditoría ciudadana. Ésta entendida como una movilización ciudadana que en un primer momento evidenció el conocimiento superficial que tenían los diputados sobre el endeudamiento público y de lo que estaba en juego.
Pero también la auditoría ciudadana ha surgido desde el Poder Ejecutivo, al responder a una orientación progresista, tal como sucedió en Brasil en los años treinta, cuando Getulio Vargas, enfrentó en su gobierno una crisis económica profunda. Y ante la necesidad de conocer su situación, invocó el derecho a la información, de inspeccionar, analizar, reproducir y seleccionar los documentos oficiales. Ante los custodios de las cuentas públicas que apelaron al secreto de la información (tal como, a la fecha, toda auditoría pública o privada lo acepta como norma, principio o deber). Pero un juez federal ordenó la entrega de todos los documentos, actas, cuentas financieras y balances. Por lo que superó el obstáculo jurídico, y el político de quienes no tenían ningún interés en que se estudiara minuciosamente el proceso de endeudamiento, y el porqué el órgano de control no lo advirtió.
Lo anterior muestra un paralelismo con lo que sucede actualmente en el estado de Michoacán, por una parte: Fausto Vallejo reconoce el grave endeudamiento que enfrenta su gobierno, a 95 días de haber iniciado su gestión; por lo que ha emitido un Acuerdo para crear un Consejo Ciudadano de Seguimiento al Resultado de la auditoría a las finanzas públicas (Periódico Oficial del Estado, 25 de abril de 2012); y, contrata un despacho externo para realizar tal auditoría, dado que el diferendo con el gobierno anterior es nada menos que de 22 mil millones de pesos, aproximadamente. Situación inédita en la historia de la fiscalización en la entidad. Lo que ha conducido a la otra parte: a la descalificación del monto endeudado y que el gobierno se haya dejado en crisis; pero también, Leonel Godoy, ex gobernador, ha demeritado que los ciudadanos puedan llevar a cabo la valoración, e implícitamente, ha descalificado al despacho privado de auditoría, al afirmar “solo la Auditoría Pública está facultada para hacer este tipo de análisis”.
Resulta paradójico que el partido político que supuestamente enarbola la bandera de la democracia (PRD) sea el que pretenda impedir el acceso a la ciudadanía a ejercer el derecho democrático de pedir rendición de cuentas (en su triple vertiente, información, justificación y sanción, Schedler A.), dado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por intermedio de sus representantes” (artículo 21). Y en consecuencia es un poderoso medio para que los ciudadanos recuperen algún poder sobre la marcha del Estado. Y porque definir el derecho aplicable a este tema no es simplemente un problema de definición de técnica jurídica sino ante todo es un problema político. Y quizá sean las razones por las que Fausto Vallejo ha desconfiado de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
Y en la exigencia de que la Auditoría Superior de Michoacán es el único órgano facultado para revisar las cuentas públicas, los diputados olvidan u omiten que la actuación de su Órgano Técnico ha estado caracterizada por los desaciertos y opacidad. Prueba de ello, no solamente los miles de expedientes que ‘duermen el sueño de los justos’ (sin rendir cuentas y en la total impunidad), también la desafortunada declaración (y concepción) del actual Auditor Superior que pretende que la Institución de la cual es titular, sea “amiga y preventiva” (ver portal de la ASM). No, el objetivo de la fiscalización no es convertirse en un club social, que genere amistades y quede bien con todos los auditados, sino en hacer cumplir la Ley. Tampoco se puede privilegiar la fiscalización preventiva en tanto no se aclare el pasado y las debilidades en su Ley y diseño institucional.
Y, Fausto Vallejo, podría coadyuvar a construir el derecho a la auditoría, como un derecho ciudadano, si abre la participación a toda la ciudadanía, sin distingos (porque solamente se han designado consejeros ciudadanos a “notables y respetables” rectores de universidades y representantes académicos, empresariales y sindicales (que al parecer son más dóciles que críticos) pero no ciudadanos comunes. Y además de reducir la verificación solamente a los resultados de la auditoría. Pero, la demostración en la auditoría pública debe ser completa o no es demostración. Es decir, debe abarcar todo el proceso de auditoría, todas las actividades del auditar por medio de las cuales se llega a determinados resultados.
Michoacán como otros estados en México padece la violencia e inseguridad, y la debilidad institucional es manifiesta, pero entretanto los partidos políticos se enfrascan en dimes y diretes por el monto del endeudamiento público, pero no afrontan que la crisis en la fiscalización es reflejo de la debilidad institucional. Lamentablemente la indignación ciudadana todavía no llega a expresarse a nuestras plazas, aunque vivamos en la incertidumbre económica y social. Sin embargo, en el pasado, Michoacán fue cuna ideológica de la Independencia, se gestaron ilustres pensadores en la Reforma, el Presidente Lázaro Cárdenas (michoacano) apoyó a refugiados españoles por la guerra civil y creó en Morelia, el Internado México-España, que albergó a niños españoles, y otros eventos que han hecho de Michoacán, tierra de progresistas y libertarios, pero ahora ante la incertidumbre por la deuda pública, pareciera claro que, “mucho se habla y poco se hace” (Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo, CATDM-CETIM, y otros, p. 5). Porque se ha impuesto la idea o concepción, en Michoacán y en la sociedad global, que la auditoría en sí “permitirá ver más claro (…) sacar a la luz las numerosas y costosas debilidades del sistema financiero internacional (…) y, la realización de la auditoría permitirá poner un punto de orden, en el corazón de un sistema financiero bien complicado, y poco transparente” (Ídem, pp. 14-15). Pero, ¿Cómo la auditoría, sea supuestamente pública o privada, que carece del principio o valor de la transparencia, y sí la secrecía o confidencialidad, puede asumir que con la presencia ciudadana se garantice que la práctica de la auditoría, en lo concreto y específico, sea objetiva, demostrable e imparcial?