Si todos los derechos son importantes, existe uno que es garantía para el cumplimento de  los demás: estamos hablando del Derecho a la Justicia, a la cual puede acudir la ciudadanía para reclamar frente a los abusos y atropellos cometidos en su contra

Comenzar diciendo que estamos viviendo una reducción de derechos, no supondría ninguna novedad. Sin embargo, no es menos cierto que los últimos y precipitados acontecimientos, desde que el Tribunal Supremo publicó la sentencia de 16 de octubre en la que se atribuye el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las escrituras públicas en los contratos hipotecarios a la Banca y su correspondiente anulación al día siguiente, ha señalado un antes y un después en este asunto. De haberse ratificado la mencionada sentencia, el hecho podía haber pasado casi como anecdótico e incluso se nos hubiera vendido como la una muestra de la solidez de los dictados del Alto Tribunal; sin embargo, la Resolución de 6 de noviembre, a favor de los bancos y en contra de la ciudadanía, apuntala dicha situación,

Si bien es cierto que en los últimos tiempos se utiliza este calificativo con demasiada frivolidad, puede afirmarse de manera rotunda que el citado proceder supone un Golpe de Estado contra la Democracia, pues uno de sus pilares básicos ha sido tomado al asalto por el poder económico como el auténtico poder del Estado. El 23 de febrero de 1981 un Teniente Coronel de la Guardia Civil entra en el Palacio de Congresos y secuestra al Poder Legislativo. El 6 de noviembre de 2018 la banca entra al asalto en la sede del Tribunal Supremo, secuestrando al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ya lleva secuestrado mucho tiempo.

En un Estado del Derecho como del que presumimos -y según dice el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega- "No se puede imponer la lógica del mercado a la lógica del Derecho". Por el contrario: ¿qué hubiera sucedido si la sentencia de octubre hubiese resultado confirmada, eliminado de la misma, tal y como se esperaba, su carácter retroactivo? Prácticamente nada: la banca hubiera repercutido el citado impuesto sobre intereses o comisiones de apertura y al final hubiera sido el cliente quién pagara. Pero es que hay una clara intención política en la actual sentencia; demostrar “quién manda aquí”.

Lamentablemente, no es la primera vez que una actuación del órgano judicial pone en evidencia a qué intereses sirve dicho Poder. En varios artículos publicados en otros medios hemos recordado la situación de España en cuanto a independencia judicial; algo de lo que no deberíamos sentirnos precisamente orgullosos. En este país: cuando una sentencia no satisface los intereses de quien ejerce el poder económico, como es el caso actual, se paraliza y luego se anula; cuando un Juez o un Fiscal no actúa al dictado de los representantes de dicho poder en el sistema político, se prescinde de él. Así, desde que comenzaron a destaparse destapar los casos de corrupción, han sido  trasladados, jubilados, condenados o inhabilitados; el Juez Baltasar Garzón; el Juez José Castro; el Juez Pablo Ruz; el Juez Santiago Vidal; la Jueza Mercedes Alaya; el Juez Eloy Velasco; el Juez  Espido Silva y el Fiscal Manuel López Bernal, por citar solo los casos más mediáticos.

Como dice Ani García Pérez (Recuperando Memoria, 24/02/17), nos encontramos en un país gobernado por los herederos de quienes hicieron de la manipulación de los tribunales y de sus componentes un arma para represaliar a la población e inclinar la balanza a su favor. Da igual que en los últimos meses haya habido un cambio de Gobierno;  los acontecimientos de los que nos hacemos eco hablan una vez más del verdadero poder en el país.

Si todos los derechos son importantes, existe uno que es garantía para el cumplimento de  los demás: estamos hablando del Derecho a la Justicia, a la cual puede acudir la ciudadanía para reclamar frente a los abusos y atropellos cometidos en su contra. Este derecho fundamental se conoce con la expresión Igualdad ante la Ley; recogida en el art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en art. 14 de la Constitución de 1978.  Con actuaciones como las citadas, sendas declaraciones se convierten cada vez más en papel mojado.

Como venimos señalando Los atentados contra la justicia -uno de los pilares básicos de la democracia, de ahí el título del presente escrito- no son nuevos. Ejemplifiquemos algunos de ellos. La denominada Declaración de Principios para la Igualdad, documento resultado de las sesiones de trabajo de académicos, abogados, y activistas en derechos humanos de todas partes del mundo - Londres, abril de 2008- habla de  discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica, pone a determinado colectivo de personas, -en este caso- la mayoría de población en desventaja concreta frente a otras. Una de las primeras acciones que ejemplificaban esta discriminación y acababan de facto con la mencionada Igualdad ante la ley fue la Ley de Tasas Judiciales, que entró en vigor en Diciembre del 2012, impulsada por el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Medida que en opinión de Jueces y Juezas para la Democracia crean dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no". Afortunadamente, dichas tasas fueron abolidas

Además de lo anterior, todos recordamos sentencias que ejemplifican este doble rasero de la justicia según sus resoluciones afecten a uno u otro sector social o político. Y es que, en palabras de Espido Silva, uno de los Jueces suspendidos por no someterse al guión establecido, "La madre de la corrupción está en el poder judicial". Esta corrupción, en palabras del magistrado, se manifiesta en el estado de impunidad reinante. Si las decisiones de un tribunal son contrarias a los intereses de los grupo de  poder: machacas al juzgado, tumbas al juez, lo fríes a recursos, lo desprestigias y encima el Consejo del Poder Judicial le expedienta. (declaraciones ofrecidas a “20 Minutos” el 30/12/13).  

Como ejemplos de lo que venimos desarrollando, podríamos citar el trato de favor a los implicados en casos de corrupción, la sentencia de “la Manada”, las multas y el encarcelamiento de raperos o tuiteros y un largo, larguísimo etc. Pero no sería más que redundar en lo mismo y poner nuevamente de manifiesto que ese Estado Democrático de Derecho, del que habla la Constitución en su art. 1, y que no hace demasiado leía la presunta heredera de la Jefatura del Estado en su primer acto público, se ha diluido una vez más con las decisiones a las que nos venimos referido desde las primeras líneas.