Tiempos de pandemia, tiempos extraordinarios. Tiempos que nos ponen a prueba a todos. El virulento contagio del coronavirus “diciembre 2019”, que no se sabe si pudiera afectar a las meninges; las condiciones del confinamiento, que pudieren determinar procesos mórbidos en el ámbito de lo psicológico; o incluso las afectaciones circulatorias derivadas del sedentarismo, parece que están pasando factura a personas de alta responsabilidad en todos los ámbitos (piénsese en Trump o en Bolsonaro, por acudir a lo más socorrido) pero también en nuestro país.Y, por lo que hace a este artículo, en el judicial. Cosa rara porque los jueces, aunque no todos están exentos de una cierta vena ácrata y una pizca de locura, indicio claro de sanidad, se someten a un intenso entrenamiento para simular sensatez, al menos por lo que toca a casi todas sus resoluciones.
Y empezó todo esto con la acerba crítica de Don Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ, al Vicepresidente no sé cuantos del Gobierno por sus comentarios a la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid en el asunto de Isabel Serra. Crítica que se efectúa con publicidad y por tanto forma parte de la escena política. Encendida la mecha, se disparó el debate ya rutinario de libertad de expresión vs. separación de poderes. Y el desarrollo fue el tradicional: mientras la derecha judicial mayoritaria se alineaba disciplinada y unánime con su líder, la izquierda judicial,cual ejército de Pancho Villa, se dividía entre los defensores de los principios formales y los partidarios de abordar el fondo del asunto (garantías/justicia material). Si son galgos o son podencos. De ambas cosas los jueces entienden mucho porque en esas dos cosas se resumen todos los juicios habidos y por haber. Ya lo decía el catedrático: “cuando tengo razón me defiendo con el derecho material y cuando no, con el derecho procesal”.
Independientemente de los argumentos que pudieran asistir a unos y a otros, lo paradójico es que sea Don Carlos, Rey Sol de nuestra Justicia, el defensor sumo de la separación de poderes cuando su largo, exasperante mandato ha consistido en la destrucción precisa y sistemática de la separación de poderes y la construcción de unos órganos gubernativos y Tribunales judiciales de designación política integrados por mayorías de derecha judicial al servicio de la derecha política y económica, es de creer.
Lo alarmante, se opine lo que se opine sobre las declaraciones de Pablo Iglesias, es que parafraseando a Vázquez Montalbán (“cuando Felipe habla de unidad hasta los hermanos siameses se echan a temblar”), cuando Lesmes habla de separación de poderes, echémonos al suelo sin demora. No en vano durante su mandato se ha consolidado el absolutismo, el ejercicio de un omnímodo poder al frente del CGPJ. Puro Presidencialismo. Un poder que hoy ya parece vitalicio merced a que cuando el PP tiene mayoría hay normalidad y cuando no la tiene se bloquea la renovación y seguimos en el machito, prorrogados.No ha de descartarse que el cargo sea susceptible de transmisión hereditaria, lo que sería posible en virtud de una interpretación analógica dado que nuestra Constitución consagra el principio monárquico y hay una patente identidad de sinrazón. Entre el cargo de Rey y el de Presidente del CGPJ.
E iniciada la locura o el contagio o lo que fuere, irrumpe en escena Doña Consuelo Madrigal, ex Fiscal General del Estado, libremente designada por el Gobierno del PP y libremente cesada por el Gobierno actual, ex Fiscal de la causa del procés en la que su intervención profesional no fue especialmente afortunada,bien aprovechada por las defensas (¡que para eso estaban y sobretodo cobraban!).Y la Sra. Madrigal se despacha en ABC, diario con grapa y golpista por excelencia en la historia de este país, con un artículo incomprensible en alguien que ha ostentado el rango institucional y responsabilidad máximos en una institución del Estado que se caracteriza o debiera caracterizarse por la imparcialidad y el rigor técnico. Aunque ya no ocupe ninguno.Obviamente la forma de publicitar su opinión también le hace susceptible de la crítica. No es posible que Doña Consuelo ignore que la Constitución regula el estado de alarma, en qué consiste y qué requisitos tiene.
Tampoco qué es un Golpe de Estado, encubierto o no, y de qué va el delito de rebelión. Estos temas los tenía estudiados y repasados recientemente y se los habían tomado los siete Magistrados que integraban la Sala de lo Penal del TS en la causa por el procès durante meses.
Se ignora la causa de su proceder si por delirio, por un ataque de cuernos profesionales (nadie entiende el principio administrativista de “libre nombramiento, libre cese”, cuando le afecta a uno mismo), por simple obcecación o, según la visión de un amigo librepensador y pelín machista, porque su estilista se olvidó de ella con la cabeza metida en el secador.Lo que es seguro es que nadie, sin embargo, se atrevió a corregir a la Sra. Madrigal ni desde la Fiscalía General, ni desde el Gobierno, ni desde el Poder Judicial.
Y como no hay dos sin tres, faltaba el inefable Presidente del TSJ de Castilla-León, José Luis Concepción, nombramiento imputable al Sr. Lesmes y su mayoría “conservadora”, un habitual del desparrame ultraderechista, que se descuelga por la misma soga que Doña Consuelo pese a ser el cargo máximo representativo, por elección digital, del Poder Judicial en aquella Comunidad. Y con la misma publicidad, accediendo a la arena pública dónde todo y todos somos susceptibles de crítica. Si buscaba la ovación y vuelta al ruedo, al respetable ha de permitírsele también la bronca o“la música de viento”, que para eso paga su entrada de sol.
Transcribiendo la cita de un ilustre jurista cuyo nombre no estoy autorizado a nombrar: “Lo hace acusando al gobierno de mantener al país en estado de excepción bajo la cobertura del supuesto estado de alarma. Y remata acusándole de «usa[r] la paralización de un país para fines distintos de salvar a la gente de la enfermedad». Enseguida aclara que el suyo es un juicio estrictamente jurídico. Como si hiciera falta. Todo un gesto. Porque Concepción es un jurista puro, un jurista monoblock, sin mezcla de sustancia alguna que no sea jurídica. Tanto que si un día llegaran a hacerle la autopsia (Dios no lo quiera), no saldrían más que artículos de cada una de las tres cavidades”. De acuerdo con la cita. Porque como es evidente su argumentación carece de mancha y es de una lógica aplastante, rayana en lo apodíctico. Roza la revelación del misterio. Lástima que Nuestra Señora no se aparezca más que a ingenuos pastorcillos. Inmaculado Concepción.
Reincidente y reiterante, desde la pureza del jurista ajeno a los prejuicios, ya había cuestionado la exhumación del Dictador y antes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada menos, por haber desautorizado la “doctrina Parot”, como nos recordaba el mismo prestigioso jurista. Pese a ello y a que, como cargo gubernativo, está bajo la dependencia de Lesmes y su equipo, éste se ha limitado a una bronquita prácticamente restringida a pedirle que no diga esas cosas [porque si no va a poderle decir nada al Coletas y sus amigos, se va a tener que tragar la lengua y podría ahogarse y eso no es de recibo para con quien ha tenido el detalle de nombrarte para el cargo]. La bronquita terminaba con el consabido y tradicional y mucho español: “no me jodas, José Luis”. Por cierto la regañina, la de verdad no el relato reciente caricaturesco, tampoco es reservada, como parece que sería exigible moviéndose en el terreno de lo cuasi-disciplinario ni, visto su contenido, prudente. Estas cosas en el mundo de la empresa se resuelven en un despacho y persona a persona. En el mundo de los servidores públicos con la oportuna deducción de responsabilidad.
En cierta ocasión, en mi anterior reencarnación como Abogado, acudí con un compañero a ver al Decano de un Colegio de Abogados porque un “compañero” había abandonado a nuestro cliente pasándose a defender a la parte contraria, con armas y vituallas (y, naturalmente, toda la documentación e información, que era el motivo de nuestra preocupación). Posteriormente, estas conductas fueron tipificadas en el Código penal, pero en aquel momento sólo teníamos al Colegio de Abogados y a su Decano, que, por cierto, era compañero de estudios y de especialidad de nuestro compañero/adversario.
Allí le expusimos el problema, allí nos escuchó con la máxima atención y cuando concluimos, por más que insistimos y presionamos a Don Antonio [nombre naturalmente ficticio del Sr. Decano]sólo sacamos de nuestro amable huésped, de manera repetida “¡ay Nicolás! ¡ay Nicolasete!” [nombre naturalmente ficticio del abogado tránsfuga]. Cada vez que insistíamos, el mismo mantra. Una y otra vez. A la salida comenté a mi compañero que no habíamos sacado nada, que nos íbamos en blanco. A lo que éste (cordobés, senequista y estudioso del flamenco) me dijo: “al menos hemos sacado un quejío”.
Pues eso, eso es lo que el Sr. Lesmes ha dedicado a quienes le exigía que actuara: un simple lamento flamenco(Ignoramos por qué palo).
Y por si no fuera poco a todos ellos se suman hace unos días los “vitorinos”(aguerrido apodo de la Asociación Judicial “moderada” Francisco de Vitoria) con un desconcertante comunicado hablando de “secuestro del poder judicial” que no me consta que hayan aclarado o rectificado. Y por su parte el Comité Ejecutivo dela APM, asociación judicial mayoritaria, se manifiesta en contra del cese del Coronel Pérez de los Cobos al que atribuye sesgadamente la condición de miembro de la policía judicial cuando según se ha publicado hasta su cese es el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Es decir el Jefe de todos los guardias civiles de Madrid y no actuaba como policía judicial.¿Es posible que sean un foco de contagio colectivo de este virus de la tontuna?¿Habrá que medicalizarlos? ¡Al IFEMA! O mejor, ¡al apartamento de Díaz Ayuso! (¡que tengo amigos!)
Están ocurriendo en el mundo judicial,o al menos se están publicando muchas cosas en estos días, que no hablan de sensatez y que difícilmente la mayoría social puede entender. Son signos de radicalización derechista, de regresión en la defensa de los derechos de todos, que es lo que justifica su misma existencia: es difícil de entender y quizás de explicar por ejemplo que se archive por falta de localización del “primer culpable” (y exceso de “segundos culpables”, digo yo),las diligencias por la muerte de Verónica, la joven mujer (32 años) ciberacosada sexualmente que trabajaba en IVECO y que desgraciadamente se suicidó tras la infame exhibición masiva de escenas íntimas…O que no haya ningún imputado por denegación de auxilio cuando menos entre quienes ordenaron rechazar la hospitalización de los enfermos de Covid-19 procedentes de las Residencias de tercera edad…
Sí es raro, y de momento nos vamos a quedar en la rareza, que simultáneamente se impute o vaya a imputar por no se sabe cuántos delitos al Dr. Fernando Simón, un héroe para una inmensa mayoría social, por el posible contagio del 8M cuando hasta el 11M no se declaró la pandemia por la OMS y aún no se había decretado el estado de alarma (14M)… Cuando sólo ocupa un puesto sin facultades ejecutivas…Cuando se venían realizando cientos de actos que implicaban concentración de multitudes desde partidos de fútbol a Congresos políticos en Vista-alegre… O que se haya imputado o se vaya a imputar por un Juzgado de Instrucción al Delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8M antes del estado de alarma cuando Tribunales de rango muy superior (Tribunal Supremo y Salas de los Tribunales Superiores de Justicia) están anulando las prohibiciones administrativas y autorizando las manifestaciones promovidas por VOX en estos momentos,en plena vigencia del estado de alarma… ¿Podía el Delegado del Gobierno prohibir una manifestación el 8M y sin la excusa siquiera del estado de alarma?...Mas contradictorio todavía porque los que se querellaron por lo de entonces son los que hoy recurren las prohibiciones y se manifiestan efectivamente y los que consideraron que entonces se actuó tarde son los que ahora al grito de “libertad” exigen el alzamiento de todas las cautelas… Artero resulta que si prohíben manifestaciones se les acuse de privar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales o abusar del estado de alarma y si no las prohíben se les acuse de prevaricación, homicidios imprudentes y otros delitos… Que el derecho penal no puede utilizarse con criterios de emboscada instrumental...O que una Jueza de instrucción “amenace”, según la prensa,lo que no nos resulta creíble, al Ministro del Interior con actuar contra él cuando carece de la llave de la acción penal, y los jueces no pueden dirigir felicitaciones o censuras a otros poderes, autoridades, funcionarios o Corporaciones (art. 418.3 LOPPJ), menos aún darse a advertencias o ejercicios coercitivos.
Administrar justicia no es fácil y su ejercicio ha de valorarse a partir de lo concreto, de lo casuístico. Pero si se evidencia sesgo político en las resoluciones quedará de manifiesto que nuestra justicia no ha transitado aún al lugar que le corresponde en una sociedad democrática. La justicia no puede radicalizarse cada vez que se radicalizan los partidos de derechas, porque eso “canta”sobre su falta de independencia y su arbitrariedad. La justicia con la balanza trucada es simplemente un fraude. Y eso se traduce en desafección.
Esperemos que a todos ellos, los autores de este sindiós, como al personaje republicano y defensor de la Asociación del Rifle de “Todos dicen I Love You” de Woody Allen, se les disuelva el trombo, recuperen el pleno riego cerebral, sin necrosis, y vuelvan a su sano juicio, y podamos recobrar nosotros, los demás, por lo menos la tranquilidad. Esperemos que sólo se trate de eso, de un trombo y no de una conspiración golpista en progreso dentro de los poderes del Estado y con infiltración en las fuerzas armadas y de seguridad.