viernes 30/7/21

El derecho a la riqueza

economia
Foto: Twitter Oxfam Intermón

Estudié en una época convulsa en que la Universidad era una plataforma de oposición a la Dictadura. Me incorporé en el año 1969, que en España fue el año en que nos llegó el 68. Con un año de retraso. Un año y una hora menos en Canarias. Y moderadamente porque no estaba España para libertades y florituras. Los Beatles cantaban L.S.D. (Lucy in the Sky for Diamonds) y el lisérgico circulaba, escasa y clandestinamente. La psicodelia proponía una nueva forma de conocimiento y de sensibilidad artística. Y no sé en qué forma pero seguro que estaba emparentada con el pensamiento paradójico que recobró antiguos eslóganes ácratas y dio origen a muchos nuevos. Entre ellos aquél de “sé realista, exige lo imposible”. Quizás también con  las voces insólitas que claman en los desiertos. De eso vamos.

Las continuas huelgas de estudiantes, frecuentemente apoyadas por el profesorado universitario hacía que se perdieran muchas horas de estudio y convocatorias de exámenes que finalmente se saldaban con reivindicaciones asamblearias de “aprobado general” que, pese a los negacionistas, normalmente se satisfacían. Pero en este contexto siempre recordaré las intervenciones de un activista, con su Casares bajo el brazo, que en las Asambleas siempre hacía campaña en contra del aprobado general y a favor del sobresaliente general. ¡Qué pobreza de espíritu pedir aprobado general cuando con las mismas razones y el mismo esfuerzo se podía obtener un sobresaliente general! Luchábamos por lo más, la libertad, pero nos acabábamos conformando con lo menos, el aprobado.

Del  mismo modo, un siglo antes un socialista soñador franco-español, Paul Lafargue, suegro de Carlos Marx, reivindicaba en un folleto “El derecho a la pereza” (1880), en un contexto en que la productividad industrial se basaba casi exclusivamente en la prolongación de la jornada hasta límites extenuantes y salarios de hambre. Mientras se escribía, los mineros dormían en el centro de trabajo, de pie y agarrados a una cuerda para no caerse. Al tiempo, el movimiento sindical reivindicaba tan sólo los tres ochos (ocho horas de trabajo, ocho de sueño y ocho de descanso), incompatibles también con la pereza. La reivindicación se ganaría en 1920 en España, por primera vez en el mundo, tras la durísima huelga general de La Canadiense.

Quizás sea el momento de apuntar más arriba y comenzar a reivindicar para todos el derecho a la riqueza. Introducir en la Constitución Española, un artículo que dijera algo así como que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho a la riqueza en la misma cuantía que cualquier otro ciudadano”

En estos días y a propósito de la renta mínima vital ya se han dibujado las posiciones sociales. La oposición PP-VOX se pronuncian en contra de lo que consideran una “paguita vitalicia” (VOX) o un ejercicio de populismo (FAES). Aunque finalmente parece que PP no se enfrentará al poder electoral que representan los beneficiarios que se estiman en 2,3 millones, 1.600.000 personas y 600.000 hogares. Evidentemente, no es su política económica liberal que es “la de los ricos”, la del desarrollo  basado en la acumulación y el excedente, la del desarrollo desigual. La inversión se funda en el excedente y éste en la concentración y acumulación de la riqueza en pocas manos. La riqueza distribuida no genera inversión, es su principio. Economía de la sinrazón que hace posible que los veintitrés españoles más ricos lo sean un 16% todavía más durante los dos meses primeros de la pandemia.

Por su parte, la cúpula de la patronal CEOE oculta su negativa condicionando dicha renta a la empleabilidad. Dicho de otra manera, renta sí pero siempre que haya disposición a trabajar (por cuenta de ellos), es decir, que no dejen de pertenecer al ejército industrial de reserva o mano de obra sobrante. De golpe descubrimos que Don Antonio Garamendi es un marxista ortodoxo. Desconcertante porque resulta difícil condicionar una medida presupuestada en 3.000 millones año, al tiempo que  va a ser, directa o indirectamente, el empresariado el principal destinatario de los 200.000 millones en subvenciones para la reconstrucción económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Un nuevo rescate empresarial tras el de la Banca que usualmente se cifra en 67.000 millones. A los que habrá que sumar los 140.000 millones que parece que aportará Europa a fondo perdido. Ha perdido Don Antonio la bendita ocasión de quedarse callado. Con el dinero invertido o que se dice que se va a invertir en rescatar Banca y Empresas se podría rescatar a los pobres de este país durante los próximos ciento treinta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete años, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, etc. Una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que el primer ADN humano está datado en cuatrocientos millones de años (el del homo antecessor, de Atapuerca).

La segunda consecuencia de la “empleabilidad” de la CEOE es la exclusión de los seiscientos mil “irregulares”.

El Gobierno ha aceptado estableciendo el requisito de que los solicitantes de la prestación sean demandantes de empleo, “si no trabajan”. Y en este condicional se esconde la inmensa vergüenza de que muchos de los beneficiarios de la renta mínima vital serán trabajadores en activo que no alcanzan el nivel de miseria que representa no percibir ni siquiera la cuantía legal en que se establece el ingreso mínimo vital. Y también beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, en las mismas condiciones. Que se declare compatible la renta mínima con el salario y otras prestaciones hasta el importe de la primera o incluso durante un tiempecito más sin considerar la cuantía, naturalmente (¿?), es el reconocimiento de la propia insuficiencia de la medida.

Y por otro lado, la mayoría parlamentaria ya ha expresado  la fórmula legal: 462 euros mensuales para la unidad familiar constituida por un solo adulto más 139 euros por cada niño hasta un máximo de 1.015 euros, algo no muy distinto al aprobado general que reivindicábamos a fin de los sesenta y principios de los setenta o a los tres ochos que se ganaron en 1920, y nunca se cumplieron. Ya saben: horas extraordinarias, horas complementarias, pluriempleo, pluriactividad, falta de control del horario de trabajo, falseamiento de la jornada... ¡Habrá que celebrarlo!

En este debate ya disponíamos de la reivindicación objetiva y concreta, la medida legal y también la contestación a la misma. Pero me faltaba, nos faltaba el elemento utópico, la gota de demencia precisa para enjuiciar en forma realista cualquier cuestión, la referencia ética y el quijote que nos pusiera los pies sobre el suelo porque efectivamente los gigantes son gigantes y nunca molinos de viento, por más que Don Miguel diera la versión de los vencedores.

Y por azares de la vida ese elemento me llega por cauces que desconozco en forma de correo electrónico en cuyo listado de direcciones a que se ha dirigido constan no menos de trescientos destinatarios, entre los que afortunadamente se me ha incluido. Autoridades, organismos administrativos, políticos, judiciales… En este escrito el autor del correo se queja amargamente de su suerte  y expone con ingenuidad su problema que califica como “un problema mundial a solucionar, un problema del que se están riendo, descojonando en varios continentes, países, ciudades, pueblos…”.

Y nos lo confirma cuando a continuación nos lo concreta: “El problema a solucionar es que me hace falta todo esto (dinero, propiedades, bienes materiales, trabajo, etc.), que mucha gente, demasiada gente de mi generación, o mayores que nosotros, y muchas generaciones menores que nosotros tienen más dinero, propiedades, formas de ingresos que nosotros y eso no puede seguir sucediendo si además nos atacan, segregan, discriminan… Hay un derecho que es el derecho de igualdad, [a la no] discriminación, (a la no) segregación, [a la no] desigualdad social y el derecho de reparaciones, indemnizaciones, a día de hoy. Porque no se ha respetado el derecho descrito conmigo o con mi madre. Nos falta todo esto”.

Y concluye: “Las pruebas de que no se ha respetado este derecho conmigo o con mi madre lo demuestra (…) que yo no tengo propiedades, demasiada gente en España sí. Y eso no se ha de permitir. Yo necesito mucho dinero para la familia que quiero formar”.

Se pretende por la coalición de Gobierno el blindaje constitucional de la prestación, mediante la Reforma de la misma, a fin de proporcionar a la medida la necesaria estabilidad y que no quede al albur de los cambios de gobierno. Quizás sea el momento de apuntar más arriba y comenzar a reivindicar para todos el derecho a la riqueza. Introducir en la Constitución Española, por el mismo cauce que aprobó el límite de endeudamiento, un artículo que dijera algo así como que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho a la riqueza en la misma cuantía que cualquier otro ciudadano”. Dénnos un siglo y lo verán.

El derecho a la riqueza