jueves 23/9/21

¡…Y se armó el Belén! El lío de la entrega de los despachos judiciales

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Carlos Lesmes y el rey. (Imagen de archivo)

Reparto por orden de intervención:

El Gobierno:

El Gobierno de España el presente año ha tomado la decisión de que el Rey no interviniera en la entrega de despachos a los nuevos jueces al término de sus estudios en la Escuela judicial, en Barcelona. Decisión legítima y en el ámbito de sus competencias: corresponde al Gobierno decidir a dónde va el Rey y a dónde no va. Naturalmente, tan criticable como legítima. Los ciudadanos, los partidos políticos, los medios pueden y deben pedir explicaciones y criticar las dadas. Personalmente, éstas no me resultan satisfactorias. Incluso me parece una decisión errónea.

Ante los acaecimientos que diremos, Vicepresidente y Ministro de Consumo criticaron abiertamente al Rey. ¿Pueden los miembros del Gobierno criticar a la Corona? En principio y como norma, no. Excepcionalmente Vds. podrán valorar si ante un ataque del Rey al Gobierno o ante un incumplimiento de sus deberes constitucionales, cabe reciprocidad.

La Oposición Popular:

Pide explicaciones y critica. Hasta ahí todo correcto. Pero de igual manera podría ser objeto de petición de explicaciones y crítica si su reacción no resultara atemperada. Como así ha sido. Cabe que los Sres. Casado y García Egea no quieran ministros republicanos. Pero eso no les incumbe. Es competencia del Presidente del Gobierno que es quien forma Gobierno. Del mismo modo podría no gustarles que hubiera ministros de izquierdas, antitaurinos o vegetarianos. ¡Nada, nada: a aplicarse y a ganar las próximas elecciones! Así podrán nombrar ministros españoles y mucho españoles, que es lo que, legítimamente también, les gusta, al parecer.

También pueden adherirse y defender a la Corona. Ésta deberá valorar cuánto le interesa o le perjudica vincularse a P.P. y Vox. Si lo acepta se someterá a que la ciudadanía pueda jugar al pimpampún con ella.

El Jefe de la Oposición manda continuas señales de nerviosismo. Se ganó el puesto pese a ser el peor colocado, gracias al apoyo de un sector del partido cuya cabeza próximamente podría ser imputada. Obtuvo en las elecciones los peores resultados desde que Alianza Popular se transformó en Partido Popular. Su estrategia de acoso y derribo del Gobierno para provocar elecciones anticipadas, cada día es más un fracaso y la anticipación una entelequia. Su falta de sustancia y fundamento no resisten tres años y menos con Feijoó pisándole los talones. Y para colmo de sus males no sólo Vox le roba una parte de su electorado sino que Ciudadanos, desde que ha dejado de hacer la competencia a Vox, remonta en las encuestas… Su ansiedad está perfectamente justificada. No parece que sus fichajes le permitan mantenerse en la categoría (García Egea, Álvarez de Toledo, Díaz Ayuso…)

Por otra parte, su imagen se resiente, incluso en sus propias filas, dando la de alguien amoral, frívolo, venal y utilitario, carente de estrategia, dominado por el tacticismo y ahogado en sus continuas contradicciones. Capaz de criticar lo uno, lo contrario y hasta lo contrario de lo uno y lo contrario.

A nadie se le escapa que el Sr. Casado habría montado el belén si el Rey no hubiera ido a Barcelona, como así fue, si hubiera ido e incluso si, habiendo ido, hubiera tomado un tentempié en Calatayud. Que es lo que hago yo cuando voy a Barcelona.

El Presidente Lesmes:

Nunca peor. Ha conseguido el hito histórico de superar la nada y colocar al CGPJ en las más altas cuotas de la miseria, como dijera Marx. Subordinando el Consejo a la Asociación Profesional de la Magistratura, brazo armado del PP, y a éste mismo, al que sirvió como Director General en el Ministerio de Justicia. El nivel más alto para un funcionario en su carrera administrativa y el nivel más bajo para un político en la Administración. A falta de liderazgo, absolutismo y autoritarismo. Ya saben, “maestro malo, vara larga”. El Consejo precisa de Presidentes de prestigio, como lo fueron Sainz de Robles, Hernández Gil, etc. Es la única garantía de políticas de Estado y no subordinación al Gobierno de turno. Debería recordarse que es un puesto por encima del Ministro de Justicia. Que tras el Rey, el Presidente del Gobierno y el Presidente de las Cortes es la cuarta Autoridad del Estado, protocolariamente.

Su papel a favor de quienes defendemos la desaparición del Consejo, ese Estado dentro del Estado que se dice Gobierno de lo, por definición, ingobernable, los jueces, y de momento su adelgazamiento, es impagable.

Ahí sigue en su puesto “en funciones”, intentando redondear su mandato con dieciocho nombramientos de altos cargos judiciales para rematar el dominio conservador de la Judicatura y asegurarse, por la puerta de atrás, la de delante, la del corral y la del balcón a la calle, Tribunales de conveniencia para lo que se avecina.

Y en este asunto de los despachos: ¡a su altura!, sirviendo a su señor. Nadie le ha debido decir que así como el Gobierno institucionalmente no puede criticar a los jueces, los jueces institucionalmente no pueden criticar al Gobierno. Que eso, desde su puesto de Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, le está vedado.

Los jueces “despachados” y despechados:

Se puede comprender que como homenajeados les hubiera gustado que a la entrega de despacho asistiera el Rey. O Messi. Que la decisión del Gobierno haya decepcionado esa ilusión.

Pero son adultos y son jueces. Y eso significa que saben o debieran saber que la presencia del Rey a estos actos no está regulada como protocolariamente obligatoria, que la decisión de que asista o no el Rey a este acto o cualquier otro acto depende exclusivamente de la decisión del Gobierno. Que ha habido entregas de despachos a otras promociones judiciales a las que no asistió el Rey. Y otras a las que no asistió Juan Carlos I pero sí el Príncipe de Asturias. Que una entrega de despachos a la que asiste el Presidente del CGPJ y TS, el Ministro de Justicia, la Fiscal General del Estado, el Director de la Escuela Judicial, etc. no es un acto vacío de representación institucional.

Podrían haber manifestado su tristeza y decepción. Pero decidieron sumarse mayoritariamente a la crítica política de la decisión del Gobierno. ¡Mal comienzo en su carrera profesional como jueces! Mal augurio para los ciudadanos que padecen una Judicatura casi monocolor, alejada de las sensibilidades sociales y que parece que se apunta a un conservadurismo rancio. Y eso en el mejor de los casos, porque la ausencia de seis alumnos del acto, por razones al parecer ajenas a la fuerza mayor, nos dan idea de la cuota que corresponde a la ultraderecha en la nueva promoción.

S.M. El Rey:

¡Qué desgracia de los Borbones que no sepan contenerse! ¡Qué desgracia para el país que no puedan hacerlo! ¡Qué desgracia que Don Felipe VI pronto siga los pasos de su padre! Que “borbonee”. Que ya borboneaba cuando era Príncipe y que retome la senda.

Los moderados republicanos de antes de la Guerra, alguno tan moderados como los seguidores de Martínez Barrios, gentes de misa diaria, crearon el término borbonear para referirse a las prácticas de los últimos Reyes (desde Fernando VII, en especial). Prácticas que tenían que ver con sus conocidas conductas sexuales y con la falta de respeto de palabra y obra al rol constitucional asignado al Rey.

Y en esas anda Don Felipe. Contándole “privadamente” a Lesmes que a él le habría gustado ir pero que el Gobierno no le dejó. Pueril e indigno. El Rey no debe explicaciones. Para eso es Majestad. Y menos a quien va a correr a “cascarlo” a todo el mundo, como así lo hizo. La guinda. El Rey no tiene conversaciones políticas privadas con nadie. Pero sobre todo, el Rey no puede criticar, bajo ningún concepto ni con excusa alguna, al Gobierno. Constitucionalmente es “su Gobierno”. Debería hacer un cursillo en Buckingham Palace, donde estas cosas se llevan con rigor. Desacertadamente por una sola vez mi admirado Antón Losada, le ha calificado de “parlanchín”. Parlanchín es el que habla mucho. El que habla cuando o sobre lo que no debe, inadecuadamente. recibe otro nombre en nuestra llana lengua castellana.

¡…Y se armó el Belén! El lío de la entrega de los despachos judiciales