He podido comprobar en las páginas de esta misma revista digital dos artículos de los secretarios de CC.OO. y UGT que suponen un cambio –bienvenido por lo que ahora diré- respecto a lo que se oía y se escribía por su parte y en nombre de ambos sindicatos. Hasta ahora el mantra de la salida de la crisis vendría propiciado por un supuesto cambio de modelo, aunque luego ese supuesto cambio se derivaba en meras leyes laborales, como si el BOE por sí sólo fuera a crear empleo. La Economía está lejos de ser la Física o la Astronomía con sus leyes sin excepción, leyes precisas y omnicomprensivas. Pero algo sí sabemos: que el carro de lo jurídico no puede tirar de los bueyes de lo económico. Cuando así se plantea, cuando se piensa que los cambios económicos –y más si se pretenden supuestos cambios de modelo- vendrán propiciados por lo mero jurídico todo está condenado al fracaso y a la frustración. Por supuesto que cualquier error sindical de planteamiento no exonera para nada la responsabilidad del Gobierno de la nación y de los autonómicos en la contracción de la economía como consecuencia de la austeridad impuesta, porque en eso el Gobierno tiene el monopolio de la responsabilidad. Pero conviene acertar en las reivindicaciones y en la jerarquía de las mismas desde el otro lado. Ahora hablan los sindicatos de la necesidad de una política keynesiana de gasto público para mejorar la demanda agregada, demanda deteriorada por esas políticas de austeridad. Bienvenida esa rectificación y que parece olvidar de una vez por todas el imposible y utópico cambio de modelo. Ni siquiera los chinos, con su mezcla de mercado y planificación, pueden cambiar sus estructuras económicas de la noche a la mañana, y menos aún –por paradójico que parezca- si lo que se pretende es crear empleo. Quiero decir que cualquier supuesto cambio de modelo será más factible si se permite ¡destruir empleo más que crearlo! Así son los negocios de la economía privada. Esa es la inercia de la economía. Teníamos un sector muy potente en la creación de empleo con relativa poca inversión tecnológica y ello se ha perdido porque era imposible que pudiéramos seguir construyendo pisos por encima de las tres grandes economía europeas juntas permanentemente. Se habla de una especie de nuevo Plan Marshall para Europa destinando el 2% del PIB a la inversión pública. En España supondría 20.000 millones de euros adicionales de gasto. Sería deseable, pero insuficiente. Además no basta con dar una cifra global sin más porque hay que especificar a qué sector y si eso se puede hacer desde lo público sin que suponga un regalo –meras subvenciones- a las empresas privadas. Existe un instrumento para calcular el hipotético impacto del gasto y del consumo sobre la actividad económica y, por tanto, sobre el empleo, que son las tablas Input-Output. La UE las elabora, pera son poco desagregadas y tardan demasiado en hacerlas y publicarlas. Una reivindicación sería potenciar este instrumento imprescindible para el conocimiento de la economía y para, precisamente, la política económica. Aún sin disponer de estas tablas y su posible tratamiento, habría tres sectores que sabemos del impacto directo –las tablas sirven precisamente para saber los indirectos, y la suma de ambos sería el empleo potencial por crear- que serían el turismo, la industria y servicios culturales en español y los servicios derivados de la ley de la dependencia que el gobierno del PP se ha cargado por las vías presupuestarias y normativas. Y, en general, todo gasto en lo público es muy agradecido desde el punto de vista del empleo aun cuando ese no sea el objetivo principal. Nos encaminamos a una sociedad de servicios porque la población que trabaja en el campo no llega al millón y porque el sector industrial se ha contraído hasta el 13% en muy poco tiempo. Esta es la inercia de la economía que nos trae las economías basadas en decisiones descentralizadas, decisiones inevitables cuando proceden de las pymes pero cuestionables y evitables cuando vienen de las grandes empresas. Yo me apuntaría al modelo económico chino –no, claro está, al político-, pero eso en España y en la UE sería anatema y excomulgable. Tampoco podemos recuperar los trenes perdidos, ni tampoco existen varitas mágicas que cambien modelos, pero sí puede vertebrarse una política económica cuyo único objetivo sea la creación de empleo, y convertir en instrumentos deudas públicas, déficits, tipos de interés, ofertas monetarias y primas de riesgos, y no en fines en sí mismos, como ocurre actualmente.
El paro va para largo, por lo que creo que la primera reivindicación de los sindicatos ha de ser una renta básica para la ciudadanía –el nombre es lo de menos- que llegue a todas las personas y hogares sin ingresos, independientemente de su situación post-laboral, su residencia o su situación legal inmigratoria. La bondad del acierto en la reivindicación no depende de agolpar los problemas y escribir cartas a los reyes magos de los poderes económicos, sino en jerarquizarlos en cada momento. Ahora lo primero es esa renta básica que ya se plantea en la propia conservadora política de Bruselas. La segunda es la creación de un salario mínimo mucho más elevado que el actual –de unos ridículos 645,30 euros al mes- que tendría un doble efecto: aumentar el consumo y, por tanto, la deseada demanda agregada, y combatir al empresario de chiringuito que pretende ganar dinero a corto plazo a costa de salarios de esclavitud y que hace la competencia desleal al empresario con visión y deseos de estabilidad a partir de plantillas fidelizables. Pero este salario mínimo debería ser distinto para la contratación indefinida que par la temporal, ¡siendo más alto el de la contratación temporal! La tercera sería ese aumento de gasto público que en España debería ser bastante más de ese 2% sobre el PIB, pero que por algo se empieza. Y ese gasto debería venir sobre todo de impuestos europeos sin compromiso de devolución o sólo con compromisos a muy largo plazo y cuando las tasas de desempleo estuvieran por debajo de los dos dígitos para el caso español. No entro a cómo se mide el desempleo y el paro porque la normativa europea es deplorable, pero incluso con esa vara de medir, ese debiera ser el condicionante del nuevo Plan Marshall para los países del sur de Europa.
Quedaría pendiente una reforma fiscal mucho más justa que la actual, un combate a muerte contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, un aumento del tamaño de lo público y cambiar las leyes laborales encaminadas para reconstruir un derecho laboral que el PP lo ha sustituido por un solo y mero derecho empresarial. A medio plazo queda muchas otras cosas que el PP ha destruido y o menoscabado, como la educación y la sanidad pública, la investigación pública, la construcción del cuarto pilar del Estado de Bienestar (ley de la dependencia), etc., pero creo que los prioritario y lo perentorio y por ese orden, es lo expuesto, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, porque la austeridad ha perjudicado al 99% de la población –incluidos a los votantes del PP- y sólo ha beneficiado a esas 200.000 familias más ricas que lo han sido más a raíz de la crisis. Y, por si fuera poco el fracaso, la deuda pública ha aumentado (en el billón ya estamos) en lugar de disminuir. El ridículo de la austeridad es espantoso e insufrible.