El nuevo Gobierno ha abierto un camino de esperanza para la inmensa mayoría de los españoles, incluso para asalariados, pensionistas y autónomos que votan a partidos de la derecha que son partidarios de la austeridad, la desigualdad y el asentimiento de los privilegios.
Se ha subido las pensiones un 0,9% frente al 0,25% que subió el PP en el Gobierno durante sus primeros 4 años de legislatura, se ha subido de medio algo más del 2% los sueldos de los funcionarios frente a los años de congelación que implantaron Rajoy y Zapatero (aunque éste solo por un año) y se ha subido el salario mínimo a 950 euros por 14 pagas desde los 900 euros que ya aumentó el gobierno de P. Sánchez cuando estaba en funciones en el 2019.
Además, en el caso del salario mínimo, se ha hecho con acuerdo entre sindicatos y empresarios, lo cual, políticamente, se ha presentado como conveniente y con ello se ha espantado en parte el fantasma de la derecha política, de los medios de comunicación de la derecha y de los periodistas de derechas, de que este “frente popular” sería la Apocalipsis total, el Argamedón definitivo.
Pero todo tiene su cara b, aunque no por ello significa una crítica a las medidas porque, en general, me parecen acertadas, y no solo desde el punto de vista de justicia social y cumplimiento de las promesas, sino desde la mera lógica económica de acabar con la austeridad de los gobiernos de Rajoy que llevaron a partir del 2011 a una contracción de la economía dentro de la propia recesión mundial, que comenzó en el 2008.
Romper esa dinámica antikeynesiana que llevaba a gastar menos (el gasto público del ministerio de Fomento se redujo a la mitad), a menores rentas por efecto de la reforma laboral del 2012, lo cual supuso menos posibilidades de gasto y la quiebra “técnica” de la Seguridad Social como consecuencia de los menores ingresos por cotizaciones dado que estas dependen casi linealmente de los salarios. La prueba es que M. Rajoy se encontró con un Fondo de Reserva (la conocida “hucha de las pensiones”) de más de 60.000 millones y la dejó vacía.
Tan nefasta fue la gestión económica del PP que, a pesar de que aumentaban los cotizantes, bajaban los ingresos de la Seguridad Social. Y para rematar la faena, con los gobiernos del gallego, ahora aspirante a la Federación de Fútbol, se incrementó la Deuda Pública en 350.000 millones de euros. Y a pesar de todo ello, por ejemplo, en abril del 2016 y según la EPA había en España 4.791.400 parados, de los cuales 2.262.000 lo eran con más de un año y 1.610.900 hogares con todos sus miembros en paro. ¡Un exitazo de gestión del PP!
Por ello decía que estas medidas ayudan a romper la dinámica austericida y debieran ser bienvenidas, incluso por los votantes del PP, Ciudadanos y VOX si consiguen librarse de la mera propaganda de las partes y son capaces del análisis. Los aspectos negativos –inevitables en algunos aspectos– son varios. En primer lugar y el aspecto negativo principal viene dado por las limitaciones de la UE de impedir déficits que sobrepasen el 2% como medida de gracia. Es verdad que está en los Acuerdos de la UE, pero se demuestra aquí y ahora –como en el caso Griego de hace unos años– de su error.
Piensese que el presupuesto que presentó Barak Obama para USA en el primer año a la crisis llevaba consigo un ¡10% de déficit! Y gracias a ello USA, de la mano del primer presidente negro de la nación, salió mejor parada que Europa de la Recesión.
En el caso español aquí y ahora es que no le queda más remedio al Gobierno de coalición ¡que prorrogar los presupuestos de Rajoy! La razón de ello es que puede aumentar los gastos –ya los ha hecho con las medidas mencionadas sobre pensiones y sueldos de los funcionarios– ¡pero no puede aumentar los ingresos para este año! La razón de ello es fácil de entender porque, aun cuando se introduzcan las medidas fiscales este año que permitan unos mayores ingresos fiscales, ¡estos no tendrán consecuencias hasta el año que viene! Y sin ingresos y con las limitaciones de Bruselas no es posible un presupuesto social para este año. Por ejemplo, no se puede recuperar los ingresos para la Educación pública y la Sanidad que los gobiernos de Rajoy disminuyeron en 20.000 millones, no se puede aumentar significativamente los ingresos para la Dependencia y, desde luego, no se implementará este año nada del acuerdo de los partidos de coalición del Ingresos mínimo vital. Con lo aumentado para pensiones y funcionarios –de forma justa– ya no queda margen de incremento de gasto con las limitaciones de Bruselas.
Por último me quería referir al aumento del salario mínimo. En el 2019 se pasó desde los 735,90 euros a los 900 euros y ahora a 950 euros, ambos por 14 pagas. Supone un aumento conjunto del 29% en 2 años, algo impensado para los gobiernos de Rajoy, que lo mantuvo hasta en el 2016 en 655,20 euros, aunque es verdad que para el año 2018 ya lo había dejado en los 735,90 euros comentados.
Estas tres circunstancia de la subida –aumento insuficiente en función de los compromisos, perspectiva no expansiva y consenso- abocan a que va a ser políticamente imposible aumentar más de esos 50 euros en los próximos años. Ello significa que solo se podría llegar a 1.100 euros al final de la legislatura y no a los 1.200 euros. Veremos qué pasa
Aún así –y a pesar de estos 950 euros– aún estamos muy lejos del cumplimiento de la Carta Social europea que lo tiene en el 60% del salario medio y, dado que este es de 1944 euros, aún quedan 300 euros de déficit salarial para su cumplimiento. Y ahora y por ello viene la dificultad al aumentar en este primer año de gobierno de coalición ¡solo! 50 euros.
Si la legislatura dura 4 años y tenemos un déficit de 300 euros para el cumplimiento de la Carta Social y de los acuerdos PSOE-Unidas Podemos, significa que habría que aumentar ¡75 euros de media durante los 4 años de mandato! Hemos empezado con menos en el primer año, en el que será el mejor para la economía española y europea para el próximo futuro; además se ha hecho por consenso con la patronal, lo cual obliga a seguir el consenso para los próximos años.
Estas tres circunstancia de la subida –aumento insuficiente en función de los compromisos, perspectiva no expansiva y consenso- abocan a que va a ser políticamente imposible aumentar más de esos 50 euros en los próximos años. Ello significa que solo se podría llegar a 1.100 euros al final de la legislatura y no a los 1.200 euros. Veremos qué pasa.
A pesar de todo y a pesar de las limitaciones de Bruselas, una alegría por el fin de la austeridad y porque, además de las medidas socioeconómicas, queda todo un mundo de derechos civiles y libertades que conquistar, y que VOX, el PP y periodistas de derechas amenazan con acabar con ellas –y con las vigentes– incitando de continuo al golpe de Estado. Pero esta vez no lo conseguirán.