La solución sería aquella en la que el Estado expropiara la patente del fármaco y que la administración sanitaria correspondiente produjera el fármaco y, a continuación, el Estado pagara los costes de investigación a la empresa, pero sólo los costes de investigación
1. El problema.
El uso del fármaco contra la hepatitis C por parte de la empresa creadora GILEAD puede ser considerado sin pelos en la lengua de criminal. El tema ya ha sido descrito convenientemente por diversos medios escritos, audiovisuales y digitales, por lo que no entraré más en el detalle del tema, en lo meramente descriptivo del hecho en sí. Sin embargo no ha sido explicado desde el punto de vista del análisis convencional que se estudia en las facultades de Economía, no se han dado soluciones –al menos intelectuales– al mismo; tampoco soluciones reales –y esto es lo grave– que sirvan a los enfermos en la medida de la gravedad de su enfermedad. Mejor dicho, no ha sido explicado porque no existe una explicación plausible con los paradigmas neoclásicos imperantes. Al igual que de las crisis y de los ciclos, el análisis –antes teoría económica– económico convencional no puede elucidar ni sospechar de su existencia, tampoco desde el análisis convencional existe explicación ni solución al encontronazo de dos derechos: el de la salud y el de libre establecimiento de empresa. A lo más que llegaba y llega el análisis convencional es de que se trata de uno de los fallos de mercado, pero entendido como excepción a la bondad de lo estudiado. El problema es que no son fallos de mercado sino características de mercado, de ciertos comportamientos económicos que la teoría convencional es incapaz de interpretar, explicar e incardinar, razón por la cual es necesario cambiar los planes de estudio. Pero la cosa tiene mucha trascendencia, porque estamos hablando de que han muerto miles de personas dado que la farmacéutica ha puesto un precio que resulta inasequible para los países cuya Sanidad está privatizada o casi; también porque sirve de coartada para los políticos que, como Rajoy, son capaces de ir a dormir a pesar de que sean conscientes de que han muerto miles de españoles y que pueden morir más porque muchos de los directores del Sistema Público de Salud nombrados por los presidentes autonómicos del PP actúan como comisarios políticos, como meros lacayos del político gallego. Estos directivos niegan o ponen todo tipos de obstáculos antes de suministrar el fármaco a tiempo con el fin de cumplir el mandato de Rajoy de ahorrar costes, tratando al Sistema Público de Salud como empresa privada. Estamos ciertamente ante una actuación criminal no contemplada en el Código Penal, actuación que tienen que sopesar y dilucidar los votantes del PP para elegir entre sus tripas y su supuesta conciencia en las próximas elecciones. Pero desde el punto de vista del análisis estamos ante una situación mezcla de dos fallos de mercado: el de los efectos externos y el de los bienes públicos. Desde el primero está claro que no coinciden los intereses de los afectados y los de la empresa comercializadora; chocan dos derechos: el derecho a la salud y el derecho de la empresa a poner el precio que quiera, y más en este caso porque la hepatitis C es contagiosa. En este caso –como en tantos– buscando el interés particular no se consigue el general, es decir, no se cumple el paradigma central smithiano. También desde el punto de vista de los bienes públicos surge la cuestión de la imposibilidad –o al menos lo indeseable– de discriminar mediante el precio el consumo del bien. En este caso, un fármaco del que depende la vida o la muerte del enfermo. Ambas cosas parecería que llevara a la necesidad de elegir: o mercado o salud. Pero elegir salud no significa renunciar a la competencia entre farmacéuticas ni a la posibilidad de que empresas privadas investiguen, creen y desarrollen fármacos y moléculas curativas. A pesar de las apariencias existe una solución que luego se verá. En efecto, si se permitiera que las empresas pusieran –en este caso lo hacen– el precio que estimaran conveniente para la venta de fármacos, que además discriminaran el precio y que, para rematar, pudieran venderlo a quienes estimaran conveniente en nombre del supuesto derecho a la economía de mercado, eso chocaría –y choca porque eso es lo que hace la empresa comercializadora– contra el derecho a la salud gratuita, universal y no descriminatoria. Por el contrario, si la solución fuera la mera expropiación podría acabar con la investigación privada de fármacos y de otros productos relacionados con la salud y sólo quedaría la investigación desde los presupuestos del Estado.
2. La solución.
Sería aquella en la que el Estado expropiara la patente del fármaco y que la administración sanitaria correspondiente produjera el fármaco y, a continuación, el Estado pagara los costes de investigación a la empresa, pero sólo los costes de investigación. El problema principal para esta solución es que la productora del fármaco es una empresa internacional donde la legislación de un solo Estado no le alcanza su poder jurisdiccional. No es casualidad porque las grandes empresas farmacéuticas se hayan convertido en multinacionales precisamente como mecanismo de defensa ante posibles expropiaciones y otras actuaciones no deseable para ellas de los Estados. El segundo problema sería el de calcular los costes de la investigación y producción del fármaco de forma que no se pagara un exceso a costa de los contribuyentes y que, simultáneamente, lo pagado no fuera inferior a su coste porque ello podría ser disuasoria de futuras investigaciones. Para el tema de la expropiación se necesitaría crear un organismo internacional, dependiente probablemente de la Organización Mundial de la Salud, cuya finalidad fuera la expropiación de patentes de fármacos y productos de la salud –y de lo producido en su caso– cuando el derecho a la producción y comercialización de las farmacéuticas resultara incompatible con la distribución del fármaco de forma universal, gratuita y no descriminatoria para los posibles enfermos. Solución hay, pero no desde el mero mercado, no desde la economía convencional y no desde la ideología neoliberal, epítome ideológico de lo neoclásico.