domingo 15.09.2019

Movilización permanente sindical y agitación política

Foto: Flickr CCOO
Foto: Flickr CCOO

Entramos en una etapa de turbulencia político-institucional que erosiona de manera muy directa la legitimidad del PP para gobernar el país, y que repercute muy negativamente tanto en su capacidad de gestionar la crisis catalana como en la ordenación concreta de la gobernanza económica y política

Esta última semana se ha caracterizado porque en su inicio ha coincidido una importante movilización sindical con una acción colectiva de jueces y fiscales contra el Ministerio de Justicia con la detención de un importante dirigente histórico del Partido Popular y una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se describe la trama corrupta que vincula a grandes empresas con adjudicaciones públicas y en la que Partido Popular, por primera vez en la historia, es condenado por beneficiarse "a título lucrativo" de dichos acuerdos. Esta última parte ha generado una agitación política sin precedentes, con la presentación de una moción de censura en el Parlamento.

En efecto, CCOO y UGT han protagonizado el día 22 de mayo una movilización basada fundamentalmente en los delegados sindicales, que se ha plasmado en concentraciones a la puerta de las sedes de la patronal CEOE y CEPYME con la finalidad de romper la parálisis en que se encuentran las negociaciones para un acuerdo salarial que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de los derechos arrebatados por las reformas laborales.  Se ha organizado en cuarenta ciudades del Estado español este tipo de concentración, lo que ha supuesto que más de 20.000 personas han participado en estas acciones. La idea de los dos sindicatos confederales es la de ir alimentando un proceso permanente de conflictividad social que por el momento reposa en las propias estructuras sindicales y que previsiblemente se irá extendiendo por sectores convergiendo en posibles acciones de mayor enjundia, sin excluir incluso desembocar en una huelga general, con las dificultades que eso lleva y más en el momento actual, como luego se aludirá.

El eje de esta movilización se basa en la desigualdad creciente, la baja calidad del trabajo y la extensión de la precariedad en el empleo y salarial, frente a lo cual, la actitud del empresariado ha sido claramente reticente. Efectuando unas propuestas sensiblemente inferiores a las demandas sindicales, CEOE-CEPYME entiende que su propuesta es inmodificable y que, por el contrario, son los sindicatos quienes “hacen todo lo posible por buscar cualquier excusa para romper la negociación del IV Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva”. En esa cerrazón el empresariado apuesta por no desarrollar el espacio de la negociación colectiva como método idóneo de regulación de las relaciones laborales en los sectores y territorios, poniendo todo su interés en el mantenimiento de la legislación laboral derivada de la reforma del 2012 como un marco institucional inmodificable y el fortalecimiento del unilateralismo empresarial como ejes estratégicos en torno a los cuales se deben generar las reglas sobre el trabajo a partir de ahora. Es decir, defienden de forma muy rígida un statu quo que ya no es posible, ante una situación de postración salarial y de degradación de las condiciones de empleo y de trabajo.

“La patronal nos está diciendo que mientras los dividendos se incrementan en 17.000 millones y los beneficios en 36.000 millones, y el 80% de las pymes están en beneficios, los salarios tienen que seguir perdiendo poder adquisitivo. Esto es intolerable, y como esto es intolerable, no lo vamos a tolerar. Hay que repartir los beneficios”, ha resumido al respecto Unai Sordo, secretario general de CCOO. Pero la negociación se prolonga sin resultados, y no sería conveniente prolongarla si se llega al verano.  Por eso mismo la movilización sindical tiene que ir creciendo y asumir un carácter permanente si quiere ser efectiva. Pero también resulta importante anotar que un hecho tan relevante como la concentración ante las sedes de las organizaciones patronales en más de cuarenta capitales y ciudades del Estado español de 20.000 delegados sindicales de UGT y CCOO, no haya tenido ninguna recepción en los medios de comunicación, públicos o privados. La opción por invisibilizar el conflicto no solo supone la negación del derecho de libre información tal como este se concibe en términos constitucionales, el deber de proporcionar a la ciudadanía elementos sensibles para poder proceder a formarse una opinión consciente que les oriente política y socialmente. Implica también un ataque a la libertad de acción sindical por parte de los medios públicos, cuya opacidad al respecto supone desde luego una conducta material de obstaculización de ésta. Al carecer además de instrumentos y medios para poder ofrecer una queja ante los medios de comunicación que pudiera implicar una reparación de estas actuaciones, urge desarrollar un principio de participación sindical en el espacio mediático público que garantice un tratamiento equilibrado de la información sobre las relaciones laborales.

Esta movilización sindical que enlaza con conflictos de empresas en curso, ha coincidido con una agitación muy significativa en el área del aparato de estado de la justicia a cargo de jueces y magistrados convocados a la huelga el propio día 22 de mayo por la totalidad de las asociaciones del sector. Dejada ya atrás la polémica sobre la legalidad o no de la huelga de magistrados, resuelta en favor de su aceptación y su puesta en práctica de manera unánime desde la APM hasta Juezas y Jueces para la Democracia, los datos de los que se dispone – no muy completos, por otra parte – dan como resultado un amplio seguimiento de la misma, en torno a un 50% de la plantilla. En el centro del conflicto, se halla el disenso de los agentes de la justicia con una situación muy degradada del servicio público, con carencias importantes de personal y en medio de reivindicaciones retributivas que requieren un esfuerzo presupuestario en gasto de personal y de infraestructuras que el gobierno del PP no está dispuesto a aceptar. A eso se une una cierta crisis de confianza entre la cúpula del poder judicial y el gobierno fundamentalmente en razón de las turbulencias procesales a las que está sometido el Partido Popular en el caso Gürtel y la presencia de Mariano Rajoy como testigo en la misma, y la escasa credibilidad de un Ministro Rafael Catalá, reprobado por el Parlamento.

Pero este conflicto ha resultado literalmente engullido por dos hechos consecutivos de extrema gravedad para el PP. En primer lugar, la detención y posterior ingreso en prisión e incomunicación de Eduardo Zaplana, acusado de blanquear dinero y de cobro de comisiones por concesiones y obras públicas y que fue uno de los rostros más conocidos de la etapa aznariana del “milagro económico” experimentado en términos de especulación inmobiliaria y de burbuja financiera en el período 1996-2004. El segundo, el fallo de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, en el que además de condenar a penas muy fuertes a los personajes que poblaron esta trama criminal de extorsiones y sobornos, se ha establecido la existencia de un “sistema de corrupción institucional” derivado del hecho de que el Partido Popular recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares” de obras o concesiones administrativas. Por si fuera poco, la sentencia "pone en cuestión" la "credibilidad" del presidente y de los otros testigos que negaron en el juicio la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, porque su testimonio no es "verosímil".

Este proceso, largamente esperado y con una sentencia de extensión desmesurada (más de 1.700 páginas) ha abierto una crisis política muy intensa, que se solapa con la cuestión irresuelta de Catalunya y que por tanto complica de manera importante la situación económica y social del país. El PSOE ha decidido presentar una moción de censura en el Parlamento, inmediatamente secundada por Podemos sin condiciones, aunque éste partido propone un programa social para asegurar y garantizar las pensiones, la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad, el control del mercado de alquileres y diálogo en cuestiones territoriales, lo que parece corresponderse en parte con el propósito declarado del PSOE a través de su renacido secretario general Pedro Sánchez, de formar un gobierno socialista para el que reserva “la tarea de normalización y regeneración democrática”, además de poner en marcha “una agenda social que se ocupe de los que más han perdido durante la crisis”.  

Entramos por tanto en una etapa de turbulencia político-institucional que erosiona de manera muy directa la legitimidad del PP para gobernar el país, y que repercute muy negativamente tanto en su capacidad de gestionar la crisis catalana, ya de por sí endeble, como en la ordenación concreta de la gobernanza económica y política, que con el voto del PNV había conseguido sacar adelante a través de la aprobación de los presupuestos.

El sindicalismo confederal ha reaccionado inmediatamente ante esta eventualidad. La dirección confederal de CCOO se ha reunido el viernes 25 de mayo y ha hecho público un comunicado en el que solicita “a los partidos políticos” un compromiso institucional que prepare una transición corta hacia la convocatoria de nuevas elecciones que den lugar a una nueva regeneración democrática del sistema de partidos.

La declaración, tal como resulta de la nota de prensa que ha hecho público el sindicato – y que previsiblemente no será recogida por los medios de comunicación – es la siguiente:

“Estamos en un momento en el que este país requiere de importantes cambios legislativos y normativos que corrijan el actual modelo de crecimiento sin reparto. España no puede permitirse una parálisis institucional como la que previsiblemente va a provocar esta sentencia, con un Gobierno que no contará con apoyos para una acción legislativa que necesitamos.

CCOO advierte que no estamos ante otra sentencia contra la corrupción de miembros del Partido Popular. La Audiencia Nacional asesta un duro golpe a la imagen pública y a la trayectoria política del Partido Popular y del Gobierno, y de no actuar a tiempo para solucionar esta situación, podríamos asistir a un grave deterioro de la estabilidad política e institucional de la democracia española”. Recuerda CCOO que la sentencia no solo condena con singular dureza a 29 de los 37 acusados, sino que afirma rotundamente la existencia de una caja b de Partido Popular, en el marco de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, además de cuestionar el testimonio del presidente Rajoy.

Para CCOO “ya no es posible recurrir a la explicación de que estamos ante hechos aislados que afectan a unos cuantos dirigentes”. Igualmente, denuncia CCOO, “hemos asistido a una actividad empresarial perversa y despreciable, que ha primado la corrupción sobre proyectos empresariales basados en la transparencia, la profesionalidad y la oportuna competencia”.

Finalmente, la decisión del PSOE de registrar una moción de censura, merece, a juicio de CCOO, nuestro respeto, y más allá de expresar nuestro apoyo o rechazo, consideramos que la misma debe contribuir a buscar, como señalábamos con anterioridad, un compromiso de gobierno de regeneración democrática para preparar la convocatoria de elecciones generales. Sea como fuere, CCOO permanecerá vigilante y dispuesta a la movilización social y democrática para que los derechos de las trabajadoras/es, pensionistas y personas en peor situación, no sufran aún más las consecuencias de la actual convulsión política”.

La indeterminación política en la que entramos provocará posiblemente una situación de expectativa en las movilizaciones sociales que dependan fundamentalmente del gasto público, como las pensiones, o de decisiones presupuestarias, sin perjuicio de seguir presionando también en este sector, y aunque no influye muy directamente en el proceso de negociación de un acuerdo general sobre la negociación colectiva, es evidente que también este espacio de (des)encuentro sufrirá una dilación inevitable ante la inestabilidad política que se puede desprender de estos momentos y la indefinición de las soluciones de gobierno que se plantean, en especial por la postura siempre ambigua y oportunista de Ciudadanos que no sabe todavía cómo aprovechar mejor electoralmente este desmembramiento del Partido Popular.

Un momento por tanto de agitación política que no puede sustituir la movilización social, pero que si obtiene un resultado positivo en términos democráticos, podría suponer una oportunidad para iniciar la reversibilidad de los procesos de degradación de derechos individuales y colectivos que hemos ido soportando a partir de las reformas del 2010 y del 2012, y que vaya poniendo las bases de una estrategia de recuperación salarial y de reunificación de las colectividades del trabajo. Estaremos atentos en el blog a los acontecimientos que se desarrollen en los próximos días.


Artículo publicado en el blog 'Según Antonio Baylos'

Movilización permanente sindical y agitación política