#TEMP
sábado. 25.06.2022

Impedir que gobierne el PP y democratizar la política

La hipótesis de la gran coalición es percibida en el interior del PSOE como una traición al programa y como un acto de agresión a la ciudadanía.

Comienza el año y parece que las festividades propias de la temporada no han edulcorado la incertidumbre sobre el nuevo curso político. Al contrario, la vicisitud catalana abre nuevos interrogantes una vez designado President de la Generalitat y formado un nuevo gobierno, impidiendo in extremis la convocatoria de elecciones. El contexto político en el Estado español es bastante líquido, con un Partido Popular agazapado en sus intenciones de formar gobierno sin precisar cómo, Ciudadanos cada vez más desdibujado como figura política autónoma, salvo en su reiterada problematización catalana, y con el foco de los medios de comunicación y de los constructores de opinión centrado en el PSOE de Pedro Sánchez, sus desgarros internos y sus declaraciones. Un poco en la sombra, pero también destacado, la posición de Podemos y las candidaturas de confluencia, que van ganando presencia en el discurso mediático, que se presenta más bien como un enunciado de límites no traspasables que se suma a una crítica de los enunciados del partido-centro, el PSOE, pensando quizá en una nueva convocatoria de elecciones que fuera más definitoria del mapa político general. En los márgenes, una verdadera marea de opiniones que desean un gobierno de izquierda, o, de progreso, que reponga los derechos y las libertades perdidas. Estas opiniones están enraizadas en el sentimiento de muchos de los votantes que requieren que esta sea una legislatura de cambio y que piensan que la fragmentación del mapa de la representación política hace posible esa opción.

Hay ante todo un objetivo que debe ser ineludible. Impedir que el Partido Popular gobierne, en cualquiera de las opciones que se ofrecen, sólo en minoría con apoyo externo o en coalición con otras fuerzas políticas. La hipótesis de la gran coalición, en la que estarían interesados los poderes económicos españoles y la dirección coordinada financiera y política europea que cuenta con seguidores de peso en el PSOE, es percibida con razón en el interior del PSOE como una traición al programa electoral y como un acto de agresión a la ciudadanía. El PP no tiene ningún escrúpulo en gobernar con cualquier apoyo, aceptará todos para evitar que se acelere su descomposición interna y para mantener lo sustancial de su política que consolide la extensa desigualdad material forzada a partir del 2011, forzar la impunidad de los procesos de corrupción en marcha y asegurar el control pleno de los aparatos ideológicos del Estado, fuerzas de seguridad y magistratura fundamentalmente, secundados por la homogeneización de la opinión pública merced a los grupos de dominio de los grandes medios de comunicación.

Es imprescindible por tanto que el PP no gobierne. Es  el objetivo fundamental al que deberían comprometerse ya todas las fuerzas de progreso como eje de su estrategia en las negociaciones, con carácter irrenunciable. Ahora que se habla tanto de líneas rojas, esa es la única línea roja que se debe tener en cuenta. Impedir un gobierno del Partido Popular.

Converge con este objetivo otro que se deriva de la conformación plural del Parlamento, y es el de reforzar la función legislativa y directiva de la política que el poder legislativo debe tener en una democracia real, y que sin embargo ha sido sepultada por el juego de las mayorías absolutas, que han arruinado la función discursiva y de debate que deben tener las cámaras, y el cesarismo político – financiero que el Partido Popular dispuso como forma de gobierno desde su victoria en el 2011, con la expropiación real de la potestad legislativa a cargo de un gobierno legislador por la vía de urgencia. Revitalizar el Parlamento implica desbordar sus prácticas de sumisión al bipartidismo y al dominio de la actuación de las cámaras por la iniciativa gubernamental. También en este punto es pertinente el ejemplo portugués, que durante el largo período de formación de gobierno – dado que el Presidente encomendó a la derecha que había perdido las elecciones la formación de un gobierno que no obtuvo la confianza – el Parlamento comenzó su labor legislativa sobre la base de los punto de los programas que compartían los tres grupos de izquierda, especialmente en materia de derechos  y libertades, como la liberalización del aborto o el derecho de las parejas gay a adoptar.

Es cierto que la democracia parlamentaria portuguesa es mucho más libre y democrática que la española, donde el Reglamento del Congreso sintetiza el dominio del ejecutivo sobre el legislativo y está concebido asimismo para yugular la acción de las minorías, a lo que en el caso actual se une la mayoría absoluta del PP en el Senado que ejercerá de la manera que conocemos para obstaculizar las iniciativas legislativas que provengan del Congreso. Pero es preciso demostrar que la iniciativa legislativa no depende del gobierno, sino que se puede ejercer directamente por los representantes elegidos por el pueblo. Para ello no sólo es utilizable la figura de la proposición no de ley – que es importante simbólicamente pero que no conforma el ordenamiento jurídico – sino directamente la proposición de ley, aun conscientes de las dificultades que ésta encontrará en su camino. La primera, que debe ser remitida al Gobierno (art. 126.2 del Reglamento del Congreso) para que éste “manifieste su criterio respecto a aquélla, así como su conformidad o no a la tramitación si la iniciativa supone aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, pero en estos momentos no hay sino gobierno en funciones, con lo que la iniciativa debería ser aprobada en el Pleno, puesto que implica la más genuina expresión de participación en la función legislativa y es expresión del principio de participación política y de la función esencial de la representación de los ciudadanos en la vida política del país. Es previsible que el procedimiento sea largo, unos cuatro meses dado el seguro rechazo de cualquier iniciativa de este tipo por el grupo popular del Senado, pero es importante que se demuestre la capacidad del Congreso en recoger los elementos centrales del programa de los partidos que concurrieron a las elecciones. Hay por tanto voluntad política para derogar las leyes más opresivas del periodo de neoliberalismo autoritario del PP, ante todo la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana, el artículo 315.3 del Código Penal y la incriminación de los piquetes, como las más señaladas. La propuesta de una ley de emergencia social que ha hecho pública Podemos es otra manifestación en la buena dirección: expresar ante todos los ciudadanos españoles que el Congreso de los Diputados es el depositario de la voluntad popular que pretende el cambio político y social en este país.

En esa misma línea de fortalecimiento de la democracia parlamentaria como fórmula central de la representación política, es muy razonable el reconocimiento de más grupos parlamentarios que los que actualmente están reconocidos. La resistencia del PP a que se puedan constituir cuatro grupos compuestos por Podemos y las tres confluencias catalana, gallega y valenciana, se compadece mal con la proclamación de los resultados electorales que efectuó la propia vicepresidenta del gobierno que de manera correcta diferenció los votos y los escaños de Podemos (42) de los correspondientes a la confluencia de fuerzas políticas diferentes en Catalunya, Valencia y Galicia con sus respectivos rótulos electorales. Ese resultado que se manifestó el 20 de diciembre  tiene que tener un reflejo inmediato en la composición de los grupos parlamentarios no sólo porque lo contrario implicaría un fraude a la voluntad de los ciudadanos y a su compromiso electoral, sino porque de esa manera el Congreso se dota de muchas voces plurales que contribuyen desde su realidad nacional a la conformación de una representación adecuada “del pueblo español” como subraya el art. 66 de la Constitución. En un sentido paralelo, la constitución de un grupo parlamentario para IU-CUP, que paree posible gracias a la disponibilidad de ERC, es importante para que desde la pluralidad ideológica de las fuerzas de progreso, IU siga teniendo una presencia parlamentaria plena. El PSOE debería apoyar estas reivindicaciones como elemento fundamental de su estrategia de pacto de gobierno.

Y el tercer movimiento es el de lograr un acuerdo de gobierno de progreso. Que no necesariamente tiene que consistir en un compromiso que se proyecte sobre los cuatro años siguientes, sino , de manera posiblemente más segura, en la apertura de un período razonable de estabilidad que permita realizar las reformas mínimas para concurrir a unas nuevas elecciones con nuevas reglas de juego y en las que se pueda realmente consolidar el cambio político y social requerido. Es decir, un gobierno de transición que se comprometa a en el plazo de un año o año y medio a la reforma del procedimiento electoral, un acuerdo mínimo sobre reformas legales que sustituyan a las normas del período de austeridad y de recortes sociales, y que se comprometa a defenderlas  en Europa, combata firmemente la corrupción y adopte un compromiso de revisión de la organización del Estado en un sentido federal. En este sentido, es posible encontrar una interpretación del art. 92 de nuestra Constitución y garantizar el derecho a la consulta – que no tiene por qué concretarse en un referéndum sobre la autodeterminación -  creando un amplio grupo de estudio de las condiciones de la pregunta  que se debe formular y las consecuencias que debe tener – mayoría “suficiente”, opciones presentes en la consulta – los resultados de la misma con vistas a una negociación política bilateral con posterioridad a ella. Algunas de estas medidas pueden permitirse una cierta geometría variable, puesto que Ciudadanos está interesado en el cambio de las reglas electorales y en eliminar la corrupción como condición de eficacia de la lógica empresarial, y esta extensión a una de las fuerzas emergentes de la “nueva política” no debería ser dejada de lado. El hecho de tener aprobados los presupuestos para todo este año facilita paradójicamente la estabilidad de ese gobierno de transición en sus reformas políticas.

Las dos fuerzas concernidas en este posible proceso son desde luego el PSOE y Podemos. Para el PSOE, por sus resistencias internas, puede que le resulte más difícil caminar en esa dirección, pero su líder actual sabe que ese es el único camino que se le ofrece para que el partido no se fracture aún más y se diluya su apoyo popular en otras opciones de la “nueva política”, y que su posición de liderazgo interno se consolide con la presidencia de gobierno. Un posible gobierno socialista con el apoyo externo de Podemos y las confluencias con IU junto con otros grupos sobre la base de un programa claramente de progreso y de reversión del panorama autoritario en el que el PP ha sometido a la ciudadanía durante estos cuatro años. En cuanto a Podemos, debería entender que esta posibilidad le es más favorable que la repetición de las elecciones, y que por el contrario, le sitúa como fuerza capaz de incidir en el gobierno de un país y no sólo en la crítica justa a las decisiones de éste, lo que se valorará por la ciudadanía en la siguiente cita electoral que respete el principio de representación proporcional que la actual legislación ignora. La dialéctica entre las “confluencias” y Podemos puede ser extremadamente enriquecedora en este proceso,  permitiendo volcarse  en propuestas creativas sobre un programa que viabilice el desalojo del gobierno del Partido Popular y abra la posibilidad de ir recuperando para la democracia las instituciones de las que éste se ha apropiado partidariamente, desde la justicia y la policía hasta el gobierno de las relaciones laborales y el diálogo social o el control ideológico de los medios de opinión públicos.

Esperemos acontecimientos, pues, a partir del día 13.

Impedir que gobierne el PP y democratizar la política