Las continuas noticias sobre corrupción, paraísos fiscales y sueldos millonarios de quienes no hacían sino decir a la ciudadanía de este país que eran necesarios sacrificios inmensos, impiden ver la situación en la que estamos, con un gobierno en funciones que dirige los asuntos cotidianos con la seguridad de que no va a ser puesto en cuestión, demostrando pleno desprecio democrático a un Parlamento al que no reconoce legitimidad para controlar sus acciones y al que pronostica una vida efímera hasta que, en las nuevas elecciones, “las aguas vuelvan a su cauce”, es decir a un gobierno del PP, “con los apoyos que sean necesarios” como ha afirmado un dirigente de este partido.
Esta escandalosa situación antidemocrática, en la que la voluntad popular expresada en las urnas en diciembre del 2015 se considera inválida porque no ha respetado las reglas no escritas de la alternancia bipartidista imperfecta –y el curso de las cosas demuestra la incapacidad de los actores políticos de llegar a una solución que permitiera un acuerdo programático y un gobierno que preparara en un corto plazo un cambio sustancial antes de unas nuevas elecciones anticipadas- se mantiene con el beneplácito de los grandes poderes económicos que la ven como una forma insospechada de conseguir la continuidad de sus directivas sin ningún sobresalto, y la prolongación por tanto de su objetivo central de anular la política como forma de control de los procesos de aceleración de las desigualdades y de los privilegios.
Además de ello, en el estricto marco de la conservación de las libertades, la situación es dramática. No sólo en lo que se refiere al apoyo al vergonzoso tratado con Turquía respecto de la contención y devolución de los refugiados, sino en el plano interno con hechos enormemente preocupantes, como la elaboración de informes parapoliciales sobre Pablo Iglesias y la continua campaña de difamación que llevan a cabo los Ministros del Interior y de Justicia sobre la base de la “financiación venezolana-iraní” y la connivencia con ETA de Podemos, la alineación de la Fiscalía con la defensa de tantos imputados por corrupción y otros delitos, desde el caso de la Infanta hasta el último por el momento del alcalde de Granada, la consideración de la evasión fiscal como “otra cultura tributaria”, o la insólita exaltación de los periodistas asalariados del régimen de difamación promovido por el PP, como el caso del Comisario Honorífico del director del periódico portavoz de ese trabajo sucio. Las filtraciones desde el Ministerio del Interior a esta prensa vasalla para prevenir a otros agentes de la guerra sucia como el pseudo - sindicato Manos Limpias de la investigación judicial por extorsión que ha tenido que adelantarse para evitar su frustración, se inscriben en este contexto oscurantista. Por otra parte, el control férreo por parte del poder judicial del sistema de nombramiento de magistrados de los órganos superiores de la magistratura garantiza la progresiva eliminación de los espacios de garantía en el ámbito penal y social que se habían ido abriendo como consecuencia del intenso ciclo de luchas sociales que se desplegó en nuestro país entre 2010 y 2014.
La situación represiva no se ha modificado. Hay que recordar que las nuevas formas de resistencia social – escraches, mareas ciudadanas, concentraciones convocadas por redes sociales, etc - han dado lugar a nuevas formas de represión concentradas en la actuación represiva de los fuerzas y cuerpos de seguridad y en la imposición de cuantiosas multas pecuniarias sin necesidad de intervención judicial. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es el ejemplo evidente de este nuevo impulso represivo. A su vez, las formas de lucha enraizadas en la reivindicación del trabajo con derechos, la huelga, ha sido objeto de una violenta campaña represiva sobre la base de la aplicación del precepto del Código penal relativo a las coacciones laborales en las que se incluyen a los piquetes de huelga, junto a otros tipos penales convergentes. La movilización sindical y ciudadana que se ha armado en torno al proceso de los 8 de Airbus, ha desmontado una parte de esta estrategia represiva, haciendo conocer a la opinión pública el alcance de esta incriminación masiva – más de 300 sindicalistas – de los piquetes de huelga. Pero el precepto penal sigue vigente, y los procesos penales también.
Es imprescindible por tanto comenzar a desmontar este panorama que está reduciendo el alcance de los derechos básicos de libertad de expresión, de participación y de conflicto. No puede quedar en el olvido esta situación que socava de raíz los principios básicos de nuestra democracia. Los cuatro años de gobierno del PP han sido un ejemplo nítido de la capacidad de un grupo político, con el apoyo sin restricciones de los poderes económicos, de anular la democracia e implantar las bases de un sistema social neoautoritario, degradando el núcleo esencial de los derechos laborales y del poder sindical. Es urgente que esta situación se revierta, y para ello se han movilizado tantas ciudadanas y ciudadanos en la calle y en las urnas, en diciembre último. Exigen – exigimos – una solución que haga cambiar las cosas, al menos las más básicas, las que se refieren al marco de tutela de derechos y libertades.