viernes 22.11.2019

Sobre el derecho de información y la web de Madrid 'Versión Original'

Clarificar que el derecho de información lo tienen los ciudadanos y no las empresas de comunicación es un punto de vista prioritario.

Clarificar que el derecho de información lo tienen los ciudadanos y no las empresas de comunicación es un punto de vista prioritario

Los recientes ayuntamientos democráticos donde las candidaturas de unidad popular han logrado el gobierno de grandes ciudades, están siendo acosados desde el momento mismo en el que tomaron posesión, y sus primeras decisiones o proyectos son inmediatamente criticados y atacados no solo desde las fuerzas políticas adversas sino fundamentalmente a través de los medios de comunicación tanto públicos – las televisiones oficiales – como privados – los medios radiofónicos y periodísticos – que en no pocas ocasiones manipulan y retuercen en sus informaciones y opiniones el sentido original de las propuestas que muchas veces son simplemente diseños no concluidos por debatir.

Una de las más publicitadas y debatidas ha sido la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de poner en marcha una página web en la que se informara sobre los proyectos y medidas adoptadas, desmintiendo por consiguiente las informaciones tendenciosas o inexactas que parezcan en otros medios. Esta idea, bajo la denominación de “versión original”, que por cierto es un buen título para el sitio web, es la que ha sido objeto de primeras páginas de los periódicos, carátulas informativas en la radio, primera noticia en los telediarios. A ello se han unido instituciones corporativas de los periodistas, las asociaciones de la prensa, voces autorizadas de este sector.

Para la mayoría de este ruido mediático la web estaba pensada para limitar la libertad de expresión de los periodistas, que sería coartada por la denuncia de los mismos a través de la página del ayuntamiento. En efecto, La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) instó al equipo de gobierno municipal a dar marcha atrás respecto a esta idea al considerar que podría “crear un clima de animadversión hacia los medios y los periodistas” y La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aseveró rotundamente que "el papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre", lo que parecía que era puesto en entredicho por la iniciativa madrileña. Con más ínfulas literarias, algunos medios hablaban de un orwelliano “ministerio de la verdad”, denunciando así “el carácter totalitario” de la extrema izquierda que gobierna el ayuntamiento de Madrid. Para el Partido Popular, era la réplica castiza del programa “Aló Presidente” de Chaves en Venezuela, y el responsable del grupo municipal socialista, Carmona, señaló que “el Ayuntamiento no debe estar para rectificar a los periodistas. La democracia es libertad. El Ayuntamiento tiene que estar a otras cosas y no para rectificar a los periodistas", y amenazó con una moción de censura, objetivo en el que coincidían la Condesa de Bornos y la portavoz de Ciudadanos. Tras un encuentro con el portavoz del PSOE, se hizo público que la página "evitará hacer menciones a periodistas, argumentos ad hominem o menciones específicas a profesionales. Se limitará a emitir información, publicar notas aclaratorias o ampliaciones de la propia información".

La web se ha explicado por el Ayuntamiento, al  final del (largo) debate mediático sobre la mismas, de manera bastante clara: “Parece importante complementar o aclarar aquellas informaciones sobre la actividad del Ayuntamiento (gobierno o grupos municipales) que por aquellas razones, o similares, generan confusión o alimentan especulaciones cuya falta de fundamento es útil corregir. Mediante esta página, el Ayuntamiento pretende conseguir que  en razón que sea, confusión en los medios o en los ciudadanos. Existen, afortunadamente, muchas maneras de comentar, replicar, responder o criticar a estas aclaraciones que, con la mejor voluntad, pone el Ayuntamiento de Madrid a disposición de los interesados. Escuchar y rectificar cuando sea necesario, atender y ser permeable. Queremos que estas sean señas de identidad del actual gobierno municipal y de su política de comunicación. Ampliar la información para que cada empresa de comunicación y cada ciudadano siga ejerciendo su papel y ampliando su capacidad de juicio es el objetivo que nos marcamos”, dice la página del ayuntamiento que lo explica.

Desde luego que hubo también opiniones de profesionales del periodismo que se despegaron de esa consideración negativa y defendieron la utilidad de la misma para la actividad de los profesionales de la comunicación y de la información. Algunos artículos más recientes son especialmente ilustrativos, como el de Paco Rodriguez de Lecea en Nuevatribuna, el de Guillermo López en Sin Permiso, o el de Luis García Montero en Infolibre.

Pero, asumiendo plenamente estos planteamientos, es también interesante enfocar este tema desde la perspectiva del derecho a la información. Especialmente desde lo que expresa de modo muy claro la FAPE, al decir que “es el periodista quien garantiza el derecho a la información libre”.

En esta idea, y en todo el enorme escándalo ante la modesta iniciativa del ayuntamiento madrileño, subyace la idea de que la información es monopolio de los medios de comunicación y de sus profesionales. Los medios de comunicación –haciendo abstracción de que están organizados como empresas- reivindican el monopolio de informar y por tanto su capacidad de sesgar ideológicamente la misma como libertad de expresión de su medio de comunicación, y se la niegan al poder político, que debe solo "gobernar", mientras que informar sobre cómo o hace y sus consecuencias es exclusivo y privativo de las empresas y grupos de comunicación.

Este es el área en el que se confina la información y al libre expresión que esta conlleva, el espacio concreto de los medios de información de propiedad privada –los más importantes y condicionantes– donde la libertad de información es libertad de empresa, y por tanto ésta se organiza desde la iniciativa económica privada. Los límites que se establecen a esta libertad de empresa son fundamentalmente los derivados del mantenimiento de una cierta libertad de mercado, como son los que se imponen para evitar la concentración de medios en una o varias empresas determinadas, pero no hay más límite a la información que los derivados de la libre expresión, especialmente laxos cuando se refiere a la crítica de la acción política. Vocento, Atresmedia, Prisa, Recoletos o Unidad Editorial son los sujetos que poseen la libertad de información, orientan sus empresas hacia el sentido que deben dar en su momento, y en consecuencia interfieren y median esa libertad insertándola y “empotrándola” en su interés empresarial. Los periodistas son el reflejo de esta libertad de empresa, como por otra parte conoce perfectamente el sector, muy castigado por la crisis y con altos niveles de precariedad.

Los medios públicos de comunicación tienden por el contrario a asegurar una información desde el espacio publificado de la acción de gobierno y en muchas ocasiones reflejan el pluralismo político y social únicamente a través de la recepción de los debates o informaciones de los grandes medios de comunicación, centrándose en una información institucionalizada y normalmente autovalorada positivamente. En los últimos tiempos, la apropiación partidista – más allá por tanto de la propaganda de gobierno – de las televisiones y radios públicas ha hecho además que estos instrumentos de información estén sesgados ideológica y políticamente en una función de adoctrinamiento contraria a la propia  idea de la información.

El periodista es clave en la información a la opinión pública, pero el derecho a la información es un derecho ciudadano cuyos titulares son las personas que forman parte de la comunidad política de referencia, el Estado español. Y por tanto el derecho a tener una información veraz y ponderada como base para la formación de una conciencia social y política de integración y de actuación en el marco de la sociedad en la que vivimos, no puede sólo agotarse en la oferta económica y mercantil de las empresas de la información. A las que hay que exigir un nivel mínimo de veracidad y de autenticidad que cree una confianza imprescindible entre el medio de comunicación y la información que suministra. Los medios de comunicación públicos tienen que ser los garantes más activos de esta libertad de información de los ciudadanos, alejándose por consecuencia de la labor de propaganda o de ocultación de la realidad  contraria a la visión que se quiere transmitir de la economía, la sociedad o la política.

Una intervención desde el campo de lo político para garantizar el derecho a la información de todas y todos los ciudadanos es algo que se puede y se debe plantear, aunque ya se sabe que el mero hecho de insinuar una reflexión sobre la conveniencia de poner en cuestión el monopolio de la información por parte de las empresas de comunicación, haga exclamar terribles palabras y comparaciones con figuras como Putin o como Cristina Fernández, aunque en este supuesto sería interesante leer la sentencia de la Corte Suprema argentina sobre el caso Clarín. Clarificar que el derecho de información lo tienen los ciudadanos y no las empresas de comunicación es un punto de vista prioritario.

Por eso la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid se inserta en esta perspectiva. Una información que se suministra al ciudadano sobre la que éste además puede tener un canal de comunicación para aportar su propia visión sobre los distintos asuntos sobre los que quiere saber y opinar. Una iniciativa modesta, pero democrática y que debe ser defendida por se plenamente funcional no sólo a la libertad de expresión, sino muy especialmente al derecho de información de la ciudadanía, en este caso, de Madrid capital. En Versión Original. 

Sobre el derecho de información y la web de Madrid 'Versión Original'