sábado 04.04.2020

Los 500 primeros euros

La medida anunciada por el presidente del Gobierno repercutirá negativamente en las finanzas de la Seguridad Social...

En el debate de la Nación que acaba de terminar, hemos asistido a la exposición por el Presidente del Gobierno del discurso mantenido fieramente desde su llegada al poder. El Partido Popular heredó una situación económica del país prácticamente en quiebra – la “herencia recibida” –, fueron necesarias medidas impopulares para imponer sacrificios, y, al final, la recompensa es que todo mejora y se encamina hacia la buena vía. Sin embargo, como confirman los economistas, todos los indicadores económicos, sociales y políticos  de España han empeorado desde que  se instaló el gobierno del Partido Popular tras obtener la mayoría absoluta en noviembre del 2011.

Juan Laborda en su blog, resume así los datos:” El PIB Nominal a finales de 2011 se situaba en los 1,08 billones de euros, ahora apenas supera los 1,05 billones. El número de afiliados a la seguridad social alcanzaba a finales de 2011 los 17,3 millones de personas frente a los 16,5 a cierre de 2014. El número de trabajadores a tiempo completo rozaban a cierre de 2011 los 19,1 millones de personas frente a los 18,3 actuales. La tasa de paro U6, que sí tiene en cuenta precariedad y temporalidad, exacerbada por la peor reforma laboral de nuestra historia, ha pasado del 27% al 34%. Si sumamos a los parados, por un lado, los desanimados y los que desean trabajar, y por otro, todos los trabajadores temporales involuntarios y subempleados, el total de trabajadores en precario se aproxima a los 11 millones. La deuda de las administraciones públicas, si atendemos a las Cuentas Financieras de Banco de España, supera los 1,4 billones de euros, lo que supondría un incremento de casi 600.000 millones de euros bajo Rajoy “el austero”. La deuda externa neta alcanza un nuevo récord histórico, por encima del billón de euros. Mientras nuestras exportaciones crecían en 2011 a tasas superiores al 15% ahora apenas repuntan un 2%. El indicador de miseria AROPE (At‐Risk‐Of Poverty and Exclusion), en el marco de EUROSTAT, alcanzó a finales de 2013 el 28% de la población española, y el 30% de la población infantil... Y así un largo etcétera”.

En resumen, una “inestimable ejecutoria” que naturalmente será negada por todos los medios de comunicación empotrados en el poder económico, que acentuarán su función de ocultación y de manipulación en este año electoral, y que tiene corto recorrido ante la previsible derrota del PP, que intentará ser conjugada mediante acuerdos post-electorales que obstaculicen en mayor medida las iniciativas de cambio o de reforma real.

Lo que importa destacar es que la reincidencia en ese discurso triunfalista del gobierno lleva aparejada la insistencia en las medidas de reforma laboral y de política de empleo que ha conducido al país a la terrible situación en la que nos encontramos. Las desventuras a las que ha conducido la “reforma de estructura” en materia de trabajo y empleo son una vez más confirmadas por otra de las medidas anunciadas por el presidente de gobierno en el debate parlamentario referido.

Esta vez se trata de una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos por la que los primeros 500 euros del sueldo estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social. Se aplicaría a partir del próximo 1 de abril, ya que la tarifa plana vigente se acaba el 31 de marzo, y beneficiará sobre todo a los trabajadores "más vulnerables", que es "donde se concentra más el paro y la temporalidad, ya que carecen de experiencia o de formación".

Dice Ana Requena Aguilar que “la nueva reducción de cotizaciones sustituirá a la ahora vigente tarifa plana de cien euros y abaratará de nuevo la contratación: los primeros 500 euros de salario estarán exentos de cotizar. Aunque falta por conocer los detalles, podrán acogerse a esta medida las empresas que formalicen contratos indefinidos –a tiempo completo o parcial– que impliquen un aumento de su plantilla. Esta reducción se aplicará sobre la parte de la cotización que paga la empresa por contingencias comunes. No afectará, por tanto, a la cotización que se abona para costear las prestaciones por desempleo o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ni a la parte que pagan los trabajadores”. La periodista pone un ejemplo para que se entienda mejor: Por un trabajador a jornada completa con un salario de 20.000 euros, una empresa tendría que pagar ahora 4.720 euros anuales a la Seguridad Social. Con esta medida, sin embargo, cotizará por este trabajador como si su sueldo fuera de 14.000 euros: abonaría 3.304 euros a la Seguridad Social, con lo que se ahorraría cerca de 1.400 euros al año. Por un asalariado con un contrato a tiempo parcial de cuatro horas diarias que perciba 500 euros mensuales, la empresa no cotizaría por los primeros 250, ya que la medida es progresiva en función de la jornada.

Los comentarios a esta medida insisten en su repercusión negativa en las finanzas de la Seguridad Social. Ya con la llamada “tarifa “plana”, Joaquín Aparicio en su blog primero y en Nueva Tribuna después, insistía en el “robo” a la Seguridad Social que implicaban estas medidas (http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/robar-seguridad-social-ahora-tarifa-plana/20140418151121102750.html). Los sindicatos han reaccionado negativamente sobre la base de la ineficiencia de estas medidas en orden al empleo. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insiste en que este tipo de medidas "han demostrado que no generan empleo". El secretario de Comunicación y Organización de CCOO, Fernando Lezcano, advierte de que los salarios "ya están deprimidos como para que se detraigan recursos públicos para que a los empresarios les salgan aún más baratos". Coinciden así con la opinión de otros economistas expertos del ala socioliberal, como Ignacio Conde-Ruiz, de FEDEA, que entiende que son “herramientas inútiles salvo que vayan destinadas a colectivos con problemas”, no acordes con “los problemas del mercado laboral español”.

Es evidente que la medida no creará empleo y que es lesiva para la financiación del sistema de Seguridad Social, drenando las aportaciones al sistema. Pero interesa además  resaltar el significado de esta medida respecto del salario. La cotización al sistema de Seguridad Social se interpreta como “coste salarial”, en una línea de mercantilización de la fuerza del trabajo que ya se ha expresado clásicamente respecto de las indemnizaciones de despido y la causalidad del mismo, por ejemplo en el famoso periodo de prueba del CAE. De tal manera que al reducir elementos jurídicos de finalidad muy clara a su coste económico, y a su vez establecer como un axioma que la reducción de los costes  empresariales facilitan el empleo, se borra la función que las cotizaciones empresariales tienen en relación con la solidaridad ciudadana y la construcción de un sistema de seguridad para los riesgos derivados del trabajo y los estados de necesidad que se acentúan con las personas que hacen del trabajo asalariado su fuente de vida y de renta.

El empresario es desligado del deber de contribuir solidariamente a esa obligación ciudadana que está en la base del reconocimiento de derechos sociales básicos y de la organización pública de esas necesidades. Los primeros 500 euros del salario de un trabajador a jornada completa se exceptúan de este deber que nace “desde el momento de iniciación de la actividad” como señala la LGSS.  El derecho a la protección frente a la vejez, la incapacidad, las cargas familiares, y la configuración de un sistema público de Seguridad Social  se desvinculan de las obligaciones empresariales de sostener económicamente las cargas del sistema.

Por lo tanto estas medidas anunciadas por el Gobierno pretenden trasladar al sector económico de la empresa la errónea convicción de que la remuneración del salario debe restringirse progresivamente al salario nominal del trabajador, sin que en el ámbito de responsabilidad  del empresario – ¿del emprendimiento como actividad fomentada? - se incluya ya el deber de contribuir solidariamente a la cobertura de unos riesgos sociales de las personas que para él trabajan. Se potencia así como  la figura clave para la recuperación económica  a un empresario que se define por su estricta capacidad de ganancia, desresponsabilizado de cualquier obligación social, educado en la  mercantilización de los derechos laborales y en la equiparación del respeto a los mismos  con  obstáculos inconvenientes a su iniciativa económica. Un sujeto construido desde la barbarie, recluido en un autoritarismo violento y hostil a la lógica democrática.

¿Son esos los empresarios que necesitamos? La CEOE-CEPYME, como representación institucional de los empresarios, reivindica y aplaude este tipo de medidas. Su vehemente adhesión a las reformas impulsadas por el gobierno debería ser valorada en un futuro próximo como una rémora importante a su capacidad de representación, aunque confía siempre en que su posición institucional necesaria como eje de relación con los sindicatos siga consolidando su posición hegemónica en la disposición del poder en las relaciones de trabajo. Pero quizá su confianza plena en su dominio gobierne quien gobierne puede sufrir algún menoscabo.

El caso es que la demolición del derecho del trabajo que ha llevado a cabo en estos cuatro años el gobierno del PP no se limita sólo al desmoronamiento de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, sino que también se proyecta de manera muy decisiva sobre la figura del empresario como sujeto económico, al que empuja hacia posiciones no democráticas, insolidarias, fuera del equilibrio constitucional en el que se sitúa la libertad de empresa, justificando retóricamente esta figura antisocial con la creación de un empleo precario y mal remunerado. Cada vez es más urgente poner fin a este estado de cosas.

Los 500 primeros euros