El movimiento sindical se ha venido oponiendo a las políticas sociales, económicas y laborales dominantes en España y en la Unión Europea. Especialmente para el sur europeo, tienen un carácter regresivo de los derechos sociales y laborales, los servicios públicos y el conjunto del Estado de bienestar
La función y las prácticas colectivas del sindicalismo tienen una doble dimensión: reivindicativa-laboral y sociopolítica.
En los últimos años, frente a las consecuencias injustas de la crisis, las políticas de austeridad y la prepotencia gubernamental se ha conformado en España un nuevo ciclo de protesta social e indignación cívica, con cambios relevantes del panorama sociopolítico y electoral. El movimiento sindical, llamado de clase o general, incluido el conjunto del sindicalismo de izquierdas o alternativo, junto con otros movimientos sociales y diversas plataformas cívicas con las que ha colaborado (como la Cumbre Social), ha tenido una amplia participación en ese proceso democrático.
Ante el ciclo electoral que se abre, cabe un continuismo del bipartidismo con un pacto de Estado entre PP y PSOE, con el comodín de Ciudadanos, o bien la apuesta por un gobierno alternativo de progreso (en el ámbito estatal y territorial), con un papel relevante de Podemos y otras fuerzas populares y de izquierda, incluido sectores socialistas que rompan con su continuismo político. En esta encrucijada estratégica existe la posibilidad de derrotar a la derecha y abrir un ciclo progresivo en España que revierta las políticas regresivas y antisociales impuestas a la ciudadanía e impulse un giro socioeconómico progresista y la regeneración democrática del sistema político.
El movimiento sindical está condicionado por esa dinámica y, desde su especificidad y su dimensión sociopolítica y con su autonomía respecto de los partidos políticos, no puede ser neutral. Tiene el desafío de participar en ese proceso que afecta al conjunto de las condiciones sociales, democráticas, laborales y de empleo de las capas populares a las que representa. Hay compromisos inmediatos, explícitos en sus programas: la derogación de la reforma laboral y las reformas educativas (LOMCE…), la oposición a la política de austeridad y los ajustes en los servicios y prestaciones básicos; son reivindicaciones sobre las que se han realizado huelgas generales y sectoriales. El horizonte es una gestión y una salida más justas y solidarias de la crisis, la defensa de un modelo social y democrático más avanzado e igualitario y la modernización del aparato productivo. ¿Cuál es la posición del sindicalismo ante las perspectivas abiertas y qué estrategias son adecuadas para reforzar su dimensión sociopolítica y fortalecer un cambio institucional de progreso?.
Esta oportunidad histórica de cambio político supone un dilema estratégico para los sindicatos: bien confían en un Pacto de Estado entre PP y PSOE (o a medias con el centro derecha de Ciudadanos), incluyendo una estrategia de acuerdo con las organizaciones empresariales, y se acomodan a él, sin avances significativos para las clases populares y con riesgos para su legitimidad ciudadana; o bien, apuestan por una solución alternativa de cambio sustancial, con riesgos de confrontación con el poder establecido, pero siendo partícipes destacados de un proceso progresivo e igualitario, de reafirmación en la defensa de los derechos sociolaborales, e incluso participando como puentes entre las fuerzas alternativas y el propio partido socialista para impulsar y sostener gobiernos (locales, autonómicos y estatal) de progreso, con unas políticas socialmente avanzadas y mayor participación cívica.
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, en una reciente entrevista en el diario El País (5 de abril de 2015), señala que “España no puede sobrevivir creando empleo precario”. También acierta cuando dice que “la desigualdad es el mayor disolvente que puede tener la democracia” o que el paro es el principal problema, junto con la corrupción y la pobreza. Y expresa que son necesarios un cambio de modelo productivo, la derogación de la reforma laboral, una reforma fiscal progresiva o un fortalecimiento de la protección social, así como una renovación profunda del sindicalismo. Si le añadimos reivindicaciones sociales fundamentales como el cambio de las leyes educativas y la reforma de las pensiones, constituyen elementos programáticos suficientes para legitimar una apuesta clara para echar al PP de su hegemonía institucional y acabar con su política de austeridad y recortes sociales, evitando su consolidación y colaborando en la apertura de un nuevo ciclo institucional progresista. Solo necesitan una acción persistente y firme en su defensa.
La negociación colectiva está estancada dentro de un proceso de devaluación salarial, precarización del empleo y prepotencia patronal. Los acuerdos generales con las organizaciones empresariales no han servido para estimular la acción sindical en empresas y sectores ni mejorar la capacidad adquisitiva de salarios y el avance en los derechos laborales. Pero el campo sociopolítico e institucional se mueve y es también una oportunidad para cambiar favorablemente las relaciones laborales, la devaluación salarial, la precarización del empleo y la subordinación de las capas trabajadoras y desfavorecidas.
El movimiento sindical se ha venido oponiendo a las políticas sociales, económicas y laborales dominantes en España y en la Unión Europea. Especialmente para el sur europeo, tienen un carácter regresivo de los derechos sociales y laborales, los servicios públicos y el conjunto del Estado de bienestar. Desde hace cinco años, incluido en este 1º de Mayo, los sindicatos han alzado su voz diciendo que ¡Así, no!. Es responsabilidad de todos y todas darle mayor consistencia a esa orientación y estimular la apertura de un nuevo camino.
El riesgo es que su actividad se centre, sobre todo, en la acción sindical ordinaria en las empresas o la negociación colectiva, muy condicionadas por la legislación restrictiva impuesta y el gran poder empresarial. Junto con esa actividad básica y de proximidad con la gente trabajadora, debe impulsar su dimensión social o sociopolítica, también fundamental para la calidad de vida y los derechos de las clases populares, y participar activamente en este proceso de cambio político e institucional.
En su discurso en la 2ª Asamblea Confederal del pasado mes de marzo, Cándido Méndez, secretario General de UGT, afirmaba que era necesario “un cambio integral en la estructura del sindicato”. La dirección de CCOO también ha aprobado medidas en ese sentido. No obstante, ambas grandes organizaciones deben ir más allá de declaraciones retóricas y medidas parciales, e impulsar, de forma consecuente, una refundación del propio sindicalismo, una renovación de sus dinámicas organizativas, sus funciones y el papel de sus grandes aparatos, sus discursos y sus vínculos con la gente trabajadora, particularmente, los jóvenes precarios.
Su mayor implicación por el cambio iría en beneficio de los intereses de las capas trabajadoras y abriría una nueva dinámica reivindicativa y transformadora de las condiciones y relaciones laborales, sociales y de empleo. Al contrario, inhibirse ante esta perspectiva, considerarse neutral o participar levemente y esperar a ver quién gana el poder institucional, para negociar con él, sobre todo si es un gobierno continuista, dejaría al sindicalismo sin protagonismo social. Esa inercia debilitaría su capacidad representativa respecto del conjunto de demandas y aspiraciones de las capas populares, particularmente de los jóvenes. Por tanto, junto con el resto de fuerzas y movimientos sociales progresistas, para el sindicalismo es imprescindible reforzar su dimensión sociopolítica progresista, implicarse en un cambio político sustancial y apostar con firmeza por una salida justa y democrática de la crisis.