El vuelco dado por la moción de censura exitosa a Mariano Rajoy y el Gobierno del PP, encabezada por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, con el apoyo de Unidos Podemos y sus convergencias y demás fuerzas progresistas, abre un nuevo horizonte para avanzar en la regeneración democrática, una imprescindible agenda social común y la reconducción dialogada del conflicto territorial. Una oportunidad para consolidar el necesario cambio social y político de progreso. Pero veamos el diagnóstico y los retos para desarrollar, particularmente, una agenda social sustantiva que aborde las graves consecuencias de la crisis social y económica, así como revertir las políticas de ajuste y austeridad aplicadas por la derecha.
¿Hacia dónde vamos?
La crisis socioeconómica tiene múltiples facetas. Más si le añadimos la crisis política y territorial, así como las percepciones y actitudes sociopolíticas de sociedad y en particular de las capas populares. Hay tendencias contradictorias. Por una parte, desde hace varios años se ha terminado la recesión económica y hay crecimiento económico y del empleo. Por otra parte, se consolidan la precariedad laboral y la desigualdad social, mientras persisten un paro masivo, la devaluación salarial, los efectos de los recortes sociales y laborales, la mayor subordinación de las clases trabajadores respecto del poder económico-empresarial impuesto en las reformas laborales, así como el debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo.
Se produce una pugna sociopolítica y discursiva en torno a qué tipo de salida de la crisis se está produciendo, qué horizonte de relaciones laborales y de empleo se están generando, qué modelo social se está instaurando, quiénes salen de la crisis económica y quiénes no. Las percepciones de la sociedad y las dinámicas laborales y sociopolíticas son contrapuestas. Es preciso el rigor analítico e interpretativo para clarificar una posición normativa.
Continuamos en el marco de una profunda crisis social y económica, aun con realidades contradictorias. Así lo afirma el 54% de la población -y el 62% de los votantes del PSOE y el 69% de los de Unidos Podemos-, según Metroscopia (15-5-2018), que considera que la crisis económica “No ha sido superada y no se superará hasta dentro de muchos años”; el 26% opina que “No ha sido superada, pero se superará dentro de poco” y el 18% que “Ha sido superada”.
Además, existe una persistente crisis política, con amplia desconfianza cívica hacia las élites gobernantes y una recomposición de la representación política. Se ha superado el viejo bipartidismo compartido entre Partido Popular y Partido Socialista y se han consolidado nuevas fuerzas emergentes de distinto signo: por un lado, como nueva derecha, Ciudadanos, y por otro lado, en el campo progresista o de izquierda, las llamadas fuerzas del cambio, con Unidos Podemos, las convergencias y las candidaturas municipalistas de unidad popular.
Dejo al margen el análisis de dos procesos significativos que condicionan fuertemente esta dinámica estatal: el procés independentista en Cataluña y la correspondiente reacción centralizadora, con la crisis de modelo territorial, y el carácter e impacto del poder y las políticas liberal-conservadoras europeas.
Un hecho relevante a destacar, frente a los planes de normalización, es el nuevo proceso de indignación cívica. Lo significativo son las dinámicas ciudadanas y las alternativas sociales y su relación con el cambio político-institucional, así como las posibilidades de acuerdos de progreso, incluyendo las dificultades de la colaboración entre Partido Socialista y fuerzas del cambio, imprescindible para garantizar la hegemonía institucional del campo progresista frente a las derechas.
Tras el largo ciclo electoral y de reajuste representativo e institucional, precedido de una etapa de masiva indignación cívica y movilización popular, estamos en otra fase política con dos opciones: la articulación del cambio político de progreso, o la consolidación reaccionaria de las derechas. Está por ver la conformación de qué tendencia va a ser dominante. El diagnóstico de su interacción no está claro e independientemente de la voluntad transformadora de distintos actores requiere el máximo de realismo analítico.
Es una etapa transitoria hacia las nuevas convocatorias electorales de 2019 (municipales, autonómicas y europeas) y 2020 (generales, probablemente anticipadas), decisivas para consolidar las posibilidades de avance sociopolítico y representativo y las expectativas de cambio de progreso o, bien, el continuismo de la estrategia liberal-conservadora. La pugna sociopolítica y discursiva se establece sobre el sentido de su trayectoria y la legitimación de los actores principales. Supone la necesaria adecuación estratégica de las fuerzas progresistas respecto de las alternativas sociales para el cambio socioeconómico e institucional, el empoderamiento cívico y la democratización política.
Hay dos tipos de interrogantes sometidos a una fuerte pugna cultural-discursiva, derivada de las posiciones contrapuestas respecto al actual continuismo económico y el bloqueo político-institucional. Además, existen dinámicas ambivalentes, favorables y desfavorables para el cambio, y complejas, cuya relación no aclara una trayectoria dominante: avanzar o retroceder, ganar o perder. El futuro está abierto y es incierto. O sea, habrá que rechazar las visiones deterministas, económicas y políticas, sobre la inevitabilidad de una salida u otra, progresista o reaccionaria, y poner el acento en los mecanismos de activación y articulación popular y su capacidad transformadora.
Así, hay que responder, primero, a cuestiones analíticas o interpretativas: ¿Cuáles son las características y el sentido de esas tendencias sociales y políticas de fondo? ¿Qué dinámicas y perspectivas existen para la activación cívica o la movilización social? ¿Qué impacto tienen para el cambio político-institucional? Segundo, hay que explicar la orientación política y la estrategia transformadora: ¿Cómo avanzar hacia un cambio de progreso y qué bases sociales tiene? ¿Cómo se conforma el movimiento popular y qué relación tiene con la representación política e institucional? ¿Cuál es el perfil social de las fuerzas del cambio, las políticas públicas más necesarias para la sociedad y el papel y la relación con la socialdemocracia? Por tanto, hay dos tareas: una de interpretación, de construcción de un diagnóstico realista de las dificultades y condiciones para el cambio social y político; y otra, de carácter político-estratégico, de definir un horizonte y un camino democrático de progreso.
Comienzo por la crítica a la posición dominante en el discurso político y académico. Obedece a prejuicios ideológicos y a intereses corporativos de los grupos de poder y a la garantía de estabilidad para su gestión. La podemos designar como liberal-conservadora o socio-liberal, según los matices. Viene a negar la persistencia y gravedad de las consecuencias de la crisis social y económica, a reafirmar el continuismo económico y su supuesta inevitabilidad, como vía única de salida, y defender el poder y el orden establecido. Infravalora el malestar social e intenta manipularlo. Se sitúa en el supuesto post-malestar como aval para una nueva hegemonía política partidaria del continuismo (renovado) de la estrategia y el poder liberal-conservador, con una activa campaña mediática que acentúe la pasividad crítica ciudadana y restrinja la oposición cívica y su representación institucional. Está empeñada en cerrar la crisis política con un amplio proceso de ‘normalización’ ciudadana e institucional, el aislamiento o neutralización de la protesta social y la dinámica alternativa de cambio, así como la relegitimación de las élites gobernantes y sus políticas con ligeros recambios.
Lo más llamativo es la reconfiguración de las derechas, con el ascenso de Ciudadanos a costa del descenso del Partido Popular, con alguna retórica regeneracionista, cierto marketing político de apariencia renovadora y una reafirmación neoliberal en lo socioeconómico y recentralizadora en lo territorial.
La tendencia político-ideológica dominante de ese bloque es reaccionaria: va hacia un debilitamiento del Estado de bienestar y los derechos sociales y laborales de las capas populares, un nuevo autoritarismo político con democracia débil, y un consenso de Estado bajo un nacionalismo españolista conservador y centralizador, ajeno a la diversidad nacional. Así mismo, se subordina a la clase gobernante hegemónica liberal-conservadora europea, sin un proyecto modernizador, social y democrático de país (de países), ni la construcción de una Europa más justa e integrada.
Pero la realidad social de las mayorías ciudadanas no encaja con esos intereses, proyectos y estrategias continuistas y reaccionarios. Hay una pugna sociopolítica y cultural-discursiva por definirla e interpretarla para consolidar la actitud social y las normas político-institucionales en torno a dos opciones básicas: continuidad o cambio de progreso. Por un lado, con privilegio de poder para las derechas (y el mundo económico-empresarial) y, por otro lado, con una alternativa social y democrática. Por tanto, existen grietas en ese plan normalizador o, lo que es lo mismo, se mantienen abiertas posibilidades de un cambio sustantivo. El bloqueo institucional y el relativo equilibrio entre las ofensivas reaccionarias y las dinámicas progresistas son inestables. La corrupción en el PP ha decantado la opción por un gobierno socialista. Se trata de valorar los elementos que pueden decantar la tendencia hacia una alternativa social, democrática y de progreso, ganar las elecciones generales próximas y evitar el riesgo de un dominio prolongado de las derechas con rasgos autoritarios y regresivos o la tentación de una operación de gran centro.
¿Quiénes salen de la crisis y quiénes no?
El diseño liberal conservador conlleva la persistencia de gran parte de las desventajas impuestas a la mayoría social por su gestión regresiva y autoritaria de la crisis, cuyos rasgos principales pretenden consolidar, no revertir. Así, la amplia indignación cívica es la base sociopolítica, democrática y ética para mantener la pugna por impedir esa salida ambivalente de ventajas para los de arriba y desventajas para los de abajo; o para transformar ese modelo institucional y de crecimiento con mayor desigualdad de poder y en las condiciones sociales y laborales de las mayorías populares.
En consecuencia, existen algunas mejoras económicas y de empleo respecto del periodo anterior más crítico pero, al mismo tiempo, mayores desventajas relativas de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial. El discurso dominante, primero crecer -admitiendo la lógica neoliberal- y luego repartir, apenas esconde que el resultado distributivo es más desigual y los niveles de empleo y desempleo están lejos de la época pre-crisis. Es un engaño; los beneficios de la supuesta recuperación económica se concentran en los de arriba y sigue estando peor compensada la mayoría social.
No obstante, entre las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso), existe una diferenciación atendiendo a los dos indicadores básicos de poder adquisitivo de sus ingresos salariales y su situación de ocupación o desempleo.
Por un lado, están las personas que experimentan una ligera mejoría económica en los últimos años respecto del inicio de la crisis y, particularmente, del momento más profundo de la misma. Hay dos bloques diferenciados por el estatus inicial y final.
Uno, de situación acomodada, compuesto por un 40% de la población asalariada, o menos del 30% de la población activa (si consideramos a personas autónomas –con un nivel similar de ingresos- y en desempleo –con un nivel inferior). Tienen relativa estabilidad, cualificación de empleo y estatus de clase media, aunque tengan cierta incertidumbre personal o familiar y en sus trayectorias.
Otro segmento distinto es gente precaria con una mejoría relativa. Son, básicamente, los dos millones y medio de nuevas personas ocupadas (con la reducción de diez puntos de la tasa de desempleo) que han pasado del paro a un empleo, normalmente precario, con alta intensidad del trabajo y con salarios reducidos. El número, sobre todo de jóvenes, es algo superior contando con que muchas de ellos están en rotación con el desempleo y la inactividad y en peores condiciones laborales y salariales que las personas empleadas anteriormente. O sea, siguen sin consolidar una trayectoria laboral estable o ascendente. Una parte significativa ha salido del pozo más profundo, pero siguen teniendo un estatus precario de clase trabajadora, aunque menos malo que en sus peores momentos o respecto de otros sectores en descenso.
Por otro lado, está el bloque empobrecido por la devaluación salarial y más subordinado por la imposición del poder empresarial y la precariedad laboral (incluido el temor al desempleo). Es el bloque mayoritario de clases trabajadoras, de unos dos tercios, al que no le ha llegado todavía la recuperación económica, ni siquiera en sentido comparativo con el periodo más crítico. No tienen recortes adicionales, pero continúan en un peldaño inferior y viven el riesgo de prolongar esa situación de lento y continuado deterioro vital.
Hay tres segmentos diferenciados por el distinto punto de partida y el nivel de sus retrocesos materiales que al persistir incrementan su gravedad: los 3,8 millones de gente parada (16%), un millón jóvenes, muchos de ellos de forma prolongada y con escasa protección al desempleo; el 30% inferior por ingresos salariales y condiciones laborales, la mayoría jóvenes, sobre los que recaen los ajustes más duros; el otro 30% intermedio de clase trabajadora, con deterioro de su capacidad adquisitiva y en una situación vulnerable.
Por último, hay que hacer mención a la amplia brecha de empleo y salarial entre hombres y mujeres que cobran de media una cuarta parte menos. Solamente añadir la constatación de la existencia todavía de persistentes diferencias en distintos ámbitos laborales y de empleo, por ejemplo en la tasa de actividad: 64,3% de los hombres y 52,9% de las mujeres.
Pero las diferencias más significativas en las relaciones salariales y laborales son por edad, afectan a la gente joven popular y, en ese sentido, sobre todo a las mujeres jóvenes. Éstas, habiendo conseguido bastante igualdad en los méritos académicos, un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales más libres, con un proceso de empoderamiento vital y mayores expectativas profesionales, se enfrentan a un mayor choque con las evidencias de la precariedad laboral juvenil. A ello se añade las todavía persistentes estructuras machistas y discriminaciones de género que amenazan sus trayectorias vitales. No es de extrañar que sean las mujeres jóvenes, con dificultades en sus procesos de inserción laboral y profesional y problemas adicionales de discriminación de género y acoso sexista, quienes hayan nutrido la respuesta popular más masiva de los últimos años, a través de la movilización feminista. Esa nueva marea por la igualdad y la justicia refleja ese profundo descontento acumulado y esa aspiración al cambio en las relaciones laborales y personales más igualitarias, así como una gestión política e institucional (y judicial) más democrática y feminista, superadora también de las insuficiencias de las políticas institucionales de igualdad y contra la violencia machista.
En definitiva, existen dinámicas contradictorias. Aparte de la minoría elitista del 1% a la que le ha ido muy bien con la crisis y los ajustes económicos, hay un amplio sector acomodado de clase media, en torno al 30%, que ha sorteado las peores consecuencias de la crisis económica, de empleo y devaluación salarial, con menor impacto de las políticas de recortes sociales y laborales. Ha encajado, aun con temor, los momentos de mayores incertidumbres personales y familiares y va cobrando confianza sobre la posibilidad de estabilizar su mejor posición comparativa y continuar en esa senda, relativamente ventajosa, en el actual marco socioeconómico. Para ese bloque es funcional el discurso neoliberal de las derechas de continuismo económico, aunque no todos tienen mentalidad liberal-conservadora. Es la disputa principal entre las derechas del PP y C’s, a los que también apoyan otros sectores populares conservadores. Aunque, una parte es, política y culturalmente, progresista y persiste en su oposición a la degradación democrática o su solidaridad con su entorno, tiende a la moderación en los cambios socioeconómicos.
El discurso liberal-conservador, legitimador de las políticas públicas autoritarias y regresivas, no corresponde a la realidad de las mayorías sociales, las clases trabajadoras y parte de las clases medias descontentas.
Por un lado, no es cierto que las ligeras mejorías económicas sean derivadas de las reformas estructurales neoliberales y sirvan para legitimar sus políticas y su gestión. Obedecen, sobre todo, a otros factores externos favorables (expansión monetaria del BCE, control financiero de los intereses de la deuda, inestabilidad de países competidores en turismo, bajo precio de la energía…).
Por otro lado, no es verdad que la mayoría ciudadana esté saliendo de la crisis social y económica. Más bien, cada vez más experimenta la consolidación de lo sustancial de la involución social y democrática pasada: prolongación de la mayor desigualdad social, precarización del empleo, reducción de derechos sociales y laborales y proceso gradual de desmantelamiento del actual Estado de bienestar (con un tope al gasto público siete puntos inferior a la media europea).
Ardua tarea por delante para impulsar la imprescindible agenda social por la nueva mayoría parlamentaria de progreso.