jueves 6/8/20

El impulso feminista

Persiste una realidad de subordinación de las mujeres (y otros grupos discriminados) percibida como injusta. Tres hechos encadenados de este contexto explican la amplia participación ciudadana y dan sentido y proyección a la reafirmación feminista por la igualdad y la emancipación.

Primero, la persistencia de la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres, junto con el insuficiente reconocimiento público de su aportación, así como sus mayores dificultades y desventajas comparativas en su doble condición de mujeres y trabajadoras (presentes y futuras). No hace falta ilustrarlo. Últimamente es el rasgo con mayor visibilidad, que contrasta con el incremento de la percepción individual y colectiva de su injusticia, conformando una actitud transformadora igualitaria y liberadora.

Con la actual crisis sanitaria y socioeconómica se ha puesto todavía más en evidencia la gran aportación femenina a las tareas de cuidados, en los ámbitos públicos y familiares, su sobresfuerzo para combinarlo con sus tareas laborales y sociales. Igualmente, se han percibido las insuficiencias de las prestaciones públicas de apoyo a las familias y de las instituciones para la atención a la infancia y las personas dependientes, cuya responsabilidad principal en un Estado familista, de infradesarrollo de la protección social pública, ha vuelto a recaer en las mujeres. Además, la amplia precariedad laboral y de empleo se ha cebado con las capas populares de ellas.

Segundo, el límite de las políticas públicas y los mecanismos institucionales que teóricamente favorecen la igualdad de género, así como los recortes sociales y de derechos que perjudican especialmente a las mujeres. Por un lado, el carácter limitado o solo retórico, sin suficientes presupuestos y recursos, de algunas leyes como la de igualdad, la de conciliación y la normativa contra la violencia machista o de género, esta última casi solo centrada en reforzar su carácter punitivo, en detrimento de una estrategia realmente ‘integral’ para erradicarla. Después de tres lustros de su aplicación limitada, aun con un gran despliegue retórico e institucional, están agotadas y necesitan una nueva y real implementación, superando su cortedad aplicativa.

Se ha impuesto la necesidad de una agenda feminista transformadora, que supone un reto para el Gobierno de coalición, el conjunto de fuerzas progresistas y el propio movimiento feminista

Por otro lado, como decía antes, las deficiencias de los sistemas públicos de atención a las personas y los cuidados que suelen recaer en las mujeres, con desventajas comparativas y adjudicándoles un mayor esfuerzo y carga de trabajo, no reconocidos, en esa actividad reproductiva, incluida la maternidad y la crianza: insuficiencia de escuelas infantiles de cero a tres años, ayuda a la dependencia, mejora de los servicios públicos, paridad con los hombres en la distribución y conciliación de las tareas domésticas, profesionales e institucionales…

Tercero, la consolidación de las reformas laborales regresivas, la devaluación salarial, la precariedad de las trayectorias laborales y del mercado de trabajo y las dificultades de inserción profesional en un empleo decente, en el contexto de las políticas restrictivas, perjudican más a las mujeres, particularmente de las capas populares: clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso.

En consecuencia, se ha configurado una exigencia feminista de reformas efectivas contra la desigualdad de género (y entre las propias mujeres) en los distintos ámbitos de las relaciones interpersonales, las garantías institucionales de un Estado de bienestar más avanzado, la democratización política y las reformas progresistas económico-laborales bajo el objetivo de la igualdad real.

Aparte de un significativo cambio de mentalidades y costumbres, especialmente en las generaciones jóvenes, este proceso de activación feminista ha supuesto un empoderamiento colectivo de las mujeres, su mayor incorporación y visibilidad en la vida pública y un reequilibrio en las relaciones interpersonales. Los procesos de identificación feminista son positivos, reflejan una interacción y un reconocimiento entre sí y respecto de otros actores, con una orientación de progreso. Las identidades expresan un sentido de pertenencia colectiva a una agrupación humana específica, compatible con otras identificaciones (de clase, étnico-nacionales, de opción sexual…) y preferencias que conforman una identidad múltiple, con distintas combinaciones, equilibrios y expresiones según los grupos humanos, momentos y circunstancias.

Diferencio, aquí, la identidad feminista de la identidad de género de las mujeres (en plural, dada su diversidad), más ambivalente. Esta conlleva dos dinámicas contrapuestas, al igual que otros sectores subordinados, como las clases trabajadoras, las minorías étnico-nacionales o los grupos LGTBI. Por una parte, una posición social subalterna u opresiva, con una socialización sociohistórica impuesta por las estructuras de poder, que hay que rechazar. Por otra parte, una revalorización de su aportación a la sociedad y una actitud de superar la desigualdad, en un sentido igualitario-liberador, ese estatus discriminatorio percibido como injusto.

Por tanto, la identificación feminista tendría que ver más con esta segunda parte: con una pertenencia colectiva y solidaria a un dinámica activa y transformadora de las relaciones de desigualdad de género. El horizonte es la superación de las desventajas derivadas de la distribución y el reconocimiento desiguales de papeles sociales por sexo. El aspecto principal  para su formación no sería la adscripción a un sexo determinado o una función estructural desventajosa en la reproducción social.

La identidad feminista supone una conformación relacional y sociohistórica en base a una experiencia vital, cultural y sociopolítica compartida. Por tanto, su objetivo último es la igualdad y la emancipación, la superación de los géneros en cuanto fuente de desventajas y discriminación. Está condicionada por tres componentes encadenados: su estatus inicial de subordinación; su práctica relacional emancipadora y solidaria para superarla, y el carácter igualitario de su proyecto y los derechos que reclama. Es una corriente democrático-progresiva que hay que reafirmar, no diluir.

La activación feminista expresa un emplazamiento a los poderes públicos para encarar reformas más sustantivas frente a la discriminación y las desventajas relativas que padecen las mujeres, particularmente en esos tres campos: contra la violencia machista, por la igualdad y por la libertad sexual. La reafirmación feminista y el gran crecimiento identificador del feminismo en los últimos cinco años, especialmente entre la gente joven, se han reforzado ante la evidencia de los bloqueos estructurales, político-institucionales y socioeconómicos, durante la década anterior. Y todo ello frente a las tendencias regresivas y conservadoras que se han reactivado últimamente, en particular, en esos tres ámbitos.

El choque entre ese avance en la conciencia, la identificación y la actitud feminista mayoritarias y la persistencia de desventajas relativas, subordinación y discriminaciones percibidas como injustas, amparadas en un poder establecido (institucional, empresarial, judicial…) renuente a transformaciones sustantivas, ha acelerado el desafío feminista por la consecución de un cambio sustantivo y real. Se ha impuesto la necesidad de una agenda feminista transformadora, que supone un reto para el Gobierno de coalición, el conjunto de fuerzas progresistas y el propio movimiento feminista.

El impulso feminista