domingo 20/9/20

El dilema del Gobierno socialista

La cuestión territorial es un elemento crucial para la estrategia socialista de construir un camino intermedio entre el nacionalismo independentista y el españolismo conservador e inmovilista de las derechas centralizadoras

Los principales problemas que encara el nuevo Gobierno socialista, una vez desalojado el Partido Popular del poder gubernamental, reafirmar una mayoría parlamentaria alternativa e iniciar unos mínimos pasos regeneradores, son dos: superar de forma justa la prolongada crisis social y económica y las políticas neoliberales regresivas, y encauzar el conflicto catalán y territorial desde una posición dialogada y democrática. Voy a analizar, sobre todo, este segundo punto en el marco de esta etapa transitoria hacia el escenario político definitivo tras las elecciones (municipales, autonómicas, europeas y generales) pendientes y las opciones estratégicas que subyacen para determinar este inestable periodo provisional.

La cuestión territorial es un elemento crucial para la estrategia socialista de construir un camino intermedio entre el nacionalismo independentista y el españolismo conservador e inmovilista de las derechas centralizadoras.

Los límites de la estrategia socialista

Empiezo por Cataluña y la posición del PSC, para explicar su conexión con el PSOE, la estrategia socialista y las expectativas de cambio. Sánchez e Iceta, acertadamente, pretenden, al menos, desactivar la enorme crispación política, legitimar una oferta de aproximación a concretar a medio plazo (ampliar el autogobierno, reformar la Constitución y leyes orgánicas) y crear una esperanza de convivencia (sin medidas punitivas y reforzando la bilateralidad). Todo ello es positivo en sí, aunque también esté vinculado con el objetivo adicional de la dirección socialista de mejorar su representatividad electoral y su poder institucional. Busca encarar mejor las reformas consiguientes en la siguiente legislatura, cuyo alcance no está determinado y estaría condicionado por las decisiones sobre los nuevos equilibrios y las alianzas de preferencia.

El pacto del PSC con la derecha catalanista de Unió, en una especie de compromiso berlingueriano, no ha dado los resultados esperados; su tarea era y es ensanchar su campo propio para aspirar a ser centro hegemónico y articulador de un acuerdo (a la italiana) con la parte autonomista de la derecha catalana y condicionar a la parte moderada del PDeCat y la ‘realista’ de ERC. Su confianza es evolucionar hacia un nuevo catalanismo político cultural, aunque dejando en un segundo plano o moderando el imprescindible cambio en las políticas sociales y económicas, necesario para la mayoría popular catalana. Es decir, con la contención y subordinación de Catalunya en Comú-Podem y la opción transformadora que representa.

Pero su voluntad está, además, condicionada por los límites fácticos y los intereses electorales del PSOE para ser determinante en el resto de Estado, es decir, para no desligarse de la ‘responsabilidad de Estado’ y la estrategia conjunta con PP y C’s que culminó en la aplicación del art. 155.

En lo socioeconómico ese plan no es muy alejado del modelo socioliberal de la tercera vía (laborista) o el nuevo centro (socialdemócrata alemán), solo que en un contexto de mayor gravedad de la situación socioeconómica de la mayoría social y con su mayor responsabilidad directa en la gestión regresiva de la crisis. Su fracaso pasado y reciente, incluido el del Gobierno Zapatero-Rubalcaba, ha sumido en una fuerte crisis a la socialdemocracia europea (particularmente la francesa, la griega y la italiana), salvo cuando se han enfrentado como ‘izquierda’ a la derecha (Portugal, Reino Unido). Es la actual encrucijada del PSOE. Su ventaja es que, dado el actual bloqueo y el fracaso de las dos principales estrategias contendientes -unilateralidad e inmovilismo con represión / judicialización-, tiene margen para desandar esa peligrosa polarización y generar esperanza.

Cuáles son los límites. Sin un fuerte compromiso con el giro de progreso de la política social y económica es difícil una política integradora y pluralista en lo nacional y en el desarrollo del autogobierno. Las mediaciones son importantes. Una parte independentista no es nacionalista o no lo es por motivos identitarios sino como respuesta instrumental más favorable en lo socioeconómico. Si el diagnóstico de los motivos de la grave situación y el malestar social es España nos roba, la solución está clara: la independencia como mediación institucional para salir de la crisis y garantizar la mejora socioeconómica del pueblo catalán. Para el bloque independentista es irrelevante que la dirección político institucional y económica esté en manos de una derecha neoliberal, con las mismas constricciones fácticas, determinación estratégica y acuerdos europeos que la derecha española. Y lo que ha sabido eludir: su responsabilidad directa en esa crisis y sus políticas regresivas.

La transferencia de responsabilidad de la derecha catalana

La derecha neoliberal e independentista catalana (llena de corrupción) ha tenido relativamente éxito en la transferencia de responsabilidades, en su gestión discursiva de trasladar a otra esfera, a la competencia nacional y la división popular, la respuesta social y económica. El enemigo son los ‘otros’, España y los españoles, en vez de los poderosos de ambos ámbitos, subordinados al bloque de poder europeo (y mundial). Esa idea tiene credibilidad en la mitad de los catalanes, aderezada con el inmovilismo de Rajoy y la (supuesta) irreformabilidad del Estado. Precisamente, el mayor realismo y sensibilidad social de ERC le lleva a una aguda confrontación con Junts per Catalunya y ahora la Crida, no solo por la hegemonía del bloque independentista sino por abrir nuevas posibilidades de acuerdos más transversales y operativos y menos regresivos en lo social.

La cuestión es que, de la otra mitad, gran parte de las clases trabajadoras castellano hablantes, han tenido una reacción defensiva previsible ante el peligro inminente de la secesión, con la percepción de un riesgo de incertidumbre vital e identitaria. Han optado por priorizar el amparo y la protección estatal, en este caso a través de la opción mayoritaria de Ciudadanos, no manchada de corrupción y responsabilidades de gestión. Así, el profundo y amplio malestar cívico (en Catalunya y España) por la grave situación social y económica ha estado mediatizado y sin salida institucional. El continuismo de las políticas públicas y la inercia neoliberal la consolida.

La intensificación del conflicto nacional ha fracasado para las dos estrategias extremas -inmovilismo y secesión-. Esa dinámica no es una opción viable para cada una de las dos partes, aunque sea parcialmente funcional para la cohesión y la preponderancia de sus principales actores en cada campo. Es época de distensión y diálogo, aunque sin perspectivas claras. Y la reacción defensiva identitaria unionista tampoco aporta una solución en este campo social. La aminoración de esa polarización abre la posibilidad de poder expresar más directamente la necesidad de una agenda social efectiva. Solo que, en el PSC y ERC, teóricamente progresistas o socialdemócratas, no les es cómoda esa prioridad social por sus alianzas y compromisos respectivos con los distintos poderes económicos e institucionales.

En todo caso, junto al bloqueo interesado por ambas derechas, esas izquierdas socialistas y republicanas, cada una con sus motivos específicos, mantienen una orfandad estratégica para abordar la cuestión social, lo que puede llevar también a la frustración cívica por la ausencia de respuestas socioeconómicas suficientes. Es su desafío histórico, con evidente influencia en las condiciones y los ritmos del cambio de progreso. Y hace necesaria una tercera posición en lo social y lo nacional, que hoy representa con mayor claridad, aunque sin suficiente capacidad representativa, los comunes. Todavía hay un gran trecho para conformar un nuevo acuerdo progresista con una fuerte agenda social y una solución negociada y razonable para la cuestión nacional.

Pero eso le llevaría al PSC-PSOE a un nuevo pacto tripartito de izquierdas en Cataluña (que fuese mayoritario respecto de la suma de ambas derechas) y un gobierno de progreso (con Unidos Podemos y sus aliados) en España, con un debilitamiento representativo de las derechas, comprometido con un cambio sustantivo, social y plurinacional. Por tanto, el pacto parlamentario por el desalojo del Gobierno de la derecha del PP permite el cuestionamiento de la estrategia de las derechas españolistas, neoliberal y uninacional, junto con el consiguiente bloqueo social y territorial.

Pero el boicot a ese camino intermedio, incluido un nuevo Estatut, parece que está cantado para PP y C’s. Ellos creen, aunque sea dudoso, que esa posición extrema de nacionalismo español conservador (también frente a la inmigración) les es funcional para recuperar su hegemonía en el resto de España y consolidar el bloque unionista bajo su dirección, debilitando a las fuerzas progresistas en los dos ámbitos. La normalización institucional, incluida la imprescindible reforma constitucional y la estabilidad gubernamental, sería difícil. Se trasladaría a la siguiente legislatura con nuevos equilibrios que cada parte se apresta a mejorar, lo que dificulta hoy acuerdos sustantivos reales.

El ensanchamiento electoral del Partido Socialista

En el ámbito estatal se han empezado a dar pasos positivos, la mayoría limitados para el bienestar mayoritario de la gente y simbólicos, que tienden a buscar el ensanchamiento electoral del Partido Socialista. Pretende garantizar su preponderancia en los comicios e instituciones locales y autonómicas y, especialmente, en el próximo gobierno que salga de las elecciones generales. La finalidad práctica de los cambios beneficiosos para la mayoría social se subordina a la capacidad retórica conseguida para ese objetivo partidista de recuperar parte de su anterior electorado huido por el centro o por su izquierda. La actividad discursiva o publicitaria predomina sobre los cambios reales y su dimensión práctica para la gente, condicionados por ese doble movimiento y sus compromisos fácticos con los eufemismos de ‘estabilidad económica’ o ‘responsabilidad de Estado’. Veamos los condicionamientos y, sobre todo, las insuficiencias de sus pretextos para no encarar los pasos necesarios para generar una dinámica y un programa de reformas sustantivas.

Por un lado, hay que reconocer que hoy no hay suficientes apoyos parlamentarios y europeos para introducir cambios sustantivos necesarios en materia social y económica. Las derechas, incluida la vasca y la catalana, tienen mayoría. Es la justificación principal para no abordar medidas relevantes: incremento sustancial del techo de gasto y la fiscalidad progresiva, derogación de las reformas laborales, financiación autonómica suficiente para servicios públicos -sanidad, educación, dependencia, rentas sociales…-, firmeza ante la desigualdad social, la devaluación salarial y la precariedad del empleo, contundencia -no solo declarativa o punitiva- en las políticas de género, cambio de modelo productivo-energético con nuevas especializaciones productivas y sostenibilidad ambiental…

En todos esos aspectos el Gobierno anuncia medidas parciales con abundante embellecimiento mediático, mayor ante las críticas exacerbadas de las derechas y los foros económicos. La cuestión es combinar pasos concretos e inmediatos que ataquen las situaciones más gravosas de la gente, junto con los caminos y la garantía de cambios más ambiciosos tras el deseable cambio institucional, electoral y de clima sociopolítico.

Pero lo que esconde ese pretexto de ‘no hay condiciones’ es la falta de determinación para crear desde ya las condiciones sociopolíticas e institucionales suficientes para su realización tras las próximas elecciones locales y generales: mayor apoyo parlamentario progresista, negociación europea, activación cívica y alianzas políticas y sociales firmes de las fuerzas de progreso. Es decir, la definición de una estrategia y una voluntad con un programa de cambio sustantivo reuniendo las fuerzas políticas y sociales necesarias. Pero la incógnita mayor de la dirección socialista es su indeterminación calculada sobre su proyecto futuro y las alianzas preferentes correspondientes.

O sea, el camino gubernamental actual, especialmente en los campos socioeconómico y territorial, es compatible con una bifurcación futura hacia dos tipos de salida, ya presentes en estos dos años de bandazos y divisiones socialistas y que son incompatibles: una opción de gran centro (a la francesa corregida, no tanto a la alemana, dirigida por la derecha y en otro contexto), u otra de cambio de progreso (a la española o valenciana, superadora de la portuguesa). Para cualquiera de las dos y, por tanto, funcional para cada una de ellas, vale su cálculo de incrementar la hegemonía socialista frente a los dos competidores directos, Ciudadanos y el grupo confederal de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem. Es su interpretación de ser izquierda: poder girar y aliarse con el centro derecha o con las fuerzas del cambio de progreso. O hacerlo al mismo tiempo, en unas cosas (sustanciales y retóricas) hacia la derecha y otras cosas (secundarias y simbólicas) hacia su izquierda.

Trata de tener más margen de maniobra, de centralidad, debilitando la influencia de las otras dos partes, en la aplicación de su actual plan preelectoral, así como en la gestión negociada del programa y el reparto del poder gubernamental, una vez pasada la transitoriedad o provisionalidad de la actual fórmula de gobierno monocolor sin pactos claros y alternativos de gobierno. Es el objetivo inmediato socialista de conseguir mejorar sus equilibrios representativos y de apoyos institucionales o la gestión compartida (asimétrica) en las elecciones municipales y autonómicas y europeas de 2019, con el posible experimento del adelanto de las andaluzas.

Su alternativa inmediata es ganar representatividad a costa de sus competidores. La salida de su encrucijada, hoy con opciones ambivalentes, es doble: hacia el continuismo de fondo o hacia el cambio real, aunque no necesariamente incompatibles en todos los campos, proporciones y momentos. Para no descarrilar en estos continuos giros prácticos y simbólicos y tener coherencia política y retórica debería tener una orientación estratégica clara, cosa dudosa. Parece que ésta no consiste en un proyecto socioeconómico y territorial definido, más allá de corregir con algunos gestos y medidas parciales el fuerte derechismo del Gobierno de Rajoy. O bien, lo esconde y supedita al objetivo estratégico partidista: ganar influencia electoral y poder. Pero una vez superado el bipartidismo y siendo difícil la estabilidad de un gobierno monocolor, es decir, estando clara la necesidad de pactos, esa indeterminación por la preferencia estratégica y de alianzas ni ayuda a fortalecer un campo propio ni genera confianza suficiente para articular una alianza duradera. Lo sustantivo: no hay preferencia ni apuesta futura por una alianza de progreso. Y la alianza centrista es desechada por la actitud de C’s. El resultado: cambiar algo, para que (casi) todo siga igual. El riesgo: prioridad por su interés partidista y la escenificación mediática y actitud solitaria y prepotente con las fuerzas del cambio.

La indeterminación estratégica socialista y la opción de gran centro

Por otro lado, está la opción de Ciudadanos, con la necesidad actual de su readaptación estratégica y discursiva. Debería suavizar su extremismo ultraliberal, centralizador y antinacionalista y corregir su expectativa y su soberbia de ser la fuerza (casi) exclusiva del centro derecha, con el debilitamiento del PP y el sorpasso al propio PSOE. Su apuesta derechista por ganar la mayoría parlamentaria (con lo que quede del PP) es difícil que fructifique; pero, sobre todo, su radicalización centralista obstaculiza la colaboración socialista. Haría más difícil la consecución de esa operación gran centro (a la francesa) que da por supuesto un fuerte debilitamiento socialista y un perfil centrista regenerador. Solo cabría un gran centro (a la española) tras su fracaso representativo (quizá ya en las elecciones locales), al menos relativo respecto de sus expectativas hegemonistas del llamado centroderecha, y su readecuación estratégica y discursiva, consiguiendo un giro programático hacia el continuismo económico y territorial y admitiendo. Es lo que ya hizo, admitiendo una posición subordinada en un Gobierno socialista pero con un plan económico y territorial continuista y la contrapartida del aislamiento de las fuerzas y la dinámica del cambio de progreso.

Por tanto, ese refuerzo de la centralidad socialista busca aumentar las distancias con las fuerzas del cambio, la no dependencia excesiva de los acuerdos municipales y autonómicos con Unidos Podemos y sus aliados y atraerse una parte desactivada de su electorado. Supone desarrollar ligeros cambios legislativos y políticos por el nuevo gobierno, no tanto para iniciar un camino significativo, aunque fuese lento, hacia unas reformas sustantivas, como muestra su posición ante el techo de gasto; sino para, con el pretexto de la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes hoy, instalarse en la adaptación de una política de gestos contradictorios, con las expectativas de algunos cambios y la garantía de estabilidad social, económica e institucional. Es decir, de justificación de la renuncia a cambios sustantivos para la gente y legitimación de una vía de propaganda para ganar apoyos sin compromisos explícitos. Supone la indefinición y la dificultad de conformar un nuevo contrato social de progreso y quedar a la espera de una operación hegemonizada de gran centro.

El reto sin abordar por la dirección socialista es la ausencia de una estrategia firme para superar el enquistamiento de la cuestión social y la cuestión nacional, la tentación del aislamiento político de las fuerzas del cambio, sin una actitud colaborativa clara, y la pretensión de normalización social

Por tanto, el plan gubernamental socialista subordina su acción política al objetivo del rédito partidista dando por supuesto ese nivel de legitimación existente y su ensanchamiento electoral en los dos frentes al mismo tiempo. El principio de realidad o, mejor, la mirada estrecha sobre los condicionamientos inmediatos, junto con el consenso con las estructuras de poder, harían abandonar la actitud transformadora y una estrategia firme para ganar, conjuntamente, las fuerzas de progreso a las derechas e imprimir un cambio real. Así, ahora, sin las derechas vasca y catalana, no se podrían abordar los cambios socioeconómicos, y la oposición fáctica -interna y externa- y de las derechas impedirían avanzar en la plurinacionalidad. Resultado: cambios limitados, abundante retórica embellecedora, asentamiento en el poder institucional… y continuismo respecto de los graves problemas y conflictos sociales y democráticos.

Ahora bien, ese posibilismo de la dirección socialista no es del todo realista. Está prejuiciado, como todo el análisis justificativo anterior de que los números parlamentarios y la dinámica sociopolítica supuestamente normalizadora no eran suficientes para sustituir a Rajoy y garantizar una alternativa progresista. O que solo era posible su pacto centrista con Ciudadanos y la completa subordinación de Unidos Podemos y sus aliados. Pero, sobre todo, evita poner las bases políticas para la derrota de las derechas y la victoria de las fuerzas progresistas, que den paso a un cambio, auténticamente de progreso en lo social y lo nacional, con un fuerte apoyo social que afronte los obstáculos fácticos, económicos, europeos e institucionales.

El reto sin abordar por la dirección socialista es la ausencia de una estrategia firme para superar el enquistamiento de la cuestión social y la cuestión nacional, la tentación del aislamiento político de las fuerzas del cambio, sin una actitud colaborativa clara, y la pretensión de normalización social, con el cierre total y definitivo de la dinámica de cambio sustantivo, socioeconómico e institucional abierto esta última década. Hay un conflicto analítico con implicaciones políticas. De él se puede derivar la socialización forzada de una visión posibilista de la realidad que acentúe la simple normalización institucional y la adaptación ciudadana. Pero, sobre todo, hay una encrucijada estratégica con impacto para el futuro de progreso, el papel de la socialdemocracia y los desafíos para las fuerzas alternativas.

Esa perspectiva gubernamental no es un modelo de renovación socialdemócrata para Europa, con unidad popular y progresista, en una Europa más justa y solidaria; sino una opción de adaptación negociada a la pertenencia a la nueva clase política dominante europea bajo hegemonía alemana (centroeuropea) y el eje Merkel-Macron, con la subordinación del SPD y la socialdemocracia ibérica. O sea, un gran centro (derecha) europeo.

El cálculo idealista de esa nueva tercera vía, más socioliberal y jerárquica que auténticamente progresista y democrática, es que ese papel algo autónomo y periférico no llega al reformismo progresista de base popular de antaño y se queda en leves modificaciones superficiales, culturales o cosméticas. Por tanto, no es suficiente para legitimar socialmente un amplio cambio sociopolítico con la fuerza cívica y democrática necesaria para enfrentarse a los poderosos y promover cambios relevantes en beneficio de las mayorías sociales. Es decir, solo da para estabilizar un camino solo simbólico y de gestos y una corriente política indecisa o confusa que difícilmente puede representar un futuro mejor para las mayorías populares.

Este camino transitorio, por tanto, no es totalmente unitario, colaborativo y de confianza entre las fuerzas favorables al cambio gubernamental. No hay un acuerdo estratégico sobre los objetivos de cambio, el respeto mutuo y la colaboración leal. La indeterminación política, la geometría variable, el control de los ritmos y el calendario monopolizados por el presidente Sánchez no generan confianza suficiente ni superación de la incertidumbre entre actores políticos y sociales, por mucho de que vayan cubiertos por buenas palabras, pequeños acuerdos y gestos de diálogo y consenso.

En ausencia de relevantes planes conjuntos o unitarios beneficiosos para ambas partes y, sobre todo, para la gente común y con una interpretación y orientación compartida es difícil tejer las condiciones para ensanchar el campo progresista en detrimento de los auténticos adversarios de las derechas. Por encima sobrevuela y condiciona la voluntad socialista de dar la vuelta al casi empate representativo del campo progresista y de izquierdas, asentando un nuevo reequilibrio hegemonista, nostálgico de un bipartidismo renovado (por la derecha) y corregido (por la izquierda, pero sin contrapesos fuertes de poder) y con mayor autonomía de la dirección del Partido Socialista respecto de sus dos lados y la movilización popular.

La ambivalencia clásica de la socialdemocracia, condicionada entre la representación de las mayorías populares y su dependencia de los núcleos de poder, derivaría en un nuevo discurso amable para la gente a nivel mediático y una política real continuista, incapaz de satisfacer las principales demandas populares y democráticas, o sea, un giro social y una reforma plurinacional. No se movería del consenso europeo liberal-socialdemócrata, sin implementar una salida justa de la crisis social y económica, ni transformaría la funcionalidad neoliberal desigual e insolidaria para promover una opción social, integradora y democrática en el ámbito estatal y el europeo. Sería una opción débilmente democrática y socialmente fallida respecto de las necesidades sociales y democráticas de amplias mayorías ciudadanas.

La tendencia al desencanto y la frustración volvería a arrastrar la credibilidad de la dirección socialista y, lo que es peor, podría favorecer la recomposición y dominio de las derechas, incluso con riesgos de refuerzo conservador y autoritario. Es fundamental la responsabilidad de la dirección socialista sobre cómo encara esta encrucijada. Se derivan la esperanza o la frustración social. Y, en todo caso, constituye un desafío estratégico para las fuerzas del cambio: apostar, junto con la activación cívica, por acuerdos sólidos de progreso que corrijan la ambivalencia socialista.

El dilema del Gobierno socialista