viernes 27/11/20

El desafío progresista

Las actuales crisis sanitaria, social, económica e institucional, derivada la pandemia del Covid 19 y sus respuestas institucionales y ciudadanas, han puesto en evidencia grandes problemas estructurales, socioeconómicos y políticos, así como graves consecuencias para las mayorías sociales. Estas se han acumulado al deterioro derivado de la anterior crisis socioeconómica de 2008 y las políticas regresivas de ajuste estructural y recortes sociales aplicadas desde 2010, cuyo impacto permanece. El leve crecimiento económico y del empleo de este lustro pasado apenas ha escondido la fragilidad de la economía y las políticas públicas que se han manifestado al encarar la actual crisis: precariedad laboral y de empleo, con la subordinación de la gente trabajadora al poder empresarial que impuso las anteriores reformas laborales, y debilitamiento de los derechos sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.

Han aparecido en toda su crudeza las deficiencias de la protección social pública, sobre todo del sistema sanitario, pero también de los sistemas de cuidados, servicios sociales, pensiones y educativo. Junto con la fragilidad de nuestro aparato productivo y laboral, se han mostrado las insuficiencias de nuestro débil Estado de bienestar, recortado esta década pasada y, más en general, del conjunto de las administraciones públicas, con sus deficiencias coordinativas, inercias burocráticas y de insuficiente personal preparado, desbordadas a la hora de gestionar las medidas urgentes de emergencia social necesarias en lo inmediato ante la vulnerabilidad de amplios sectores.

Supone un fracaso histórico de las élites dirigentes del país, incapaces de implementar una suficiente modernización económica, más allá de la consolidación y los beneficios de ciertas oligarquías económico-financieras, ni de ofrecer una garantía de seguridad y bienestar para la población, con un Estado social avanzado y suficiente. Se ha manifestado un malestar de fondo en la sociedad por esa incertidumbre social y la impotencia gestora de las instituciones políticas y económicas. Se ha evidenciado la fragilidad del propio Estado, junto con la exigencia cívica de responsabilidades y una salida progresiva (y no regresiva).  Esta situación se ha agudizado por la pandemia y la crisis subsiguiente, y ha coincidido con el cambio político del nuevo Gobierno de progreso. Todo ello constituye el campo del juego político y mediático de estos meses y los procesos legitimadores de cada actor sociopolítico e institucional.

Hay que analizar las condiciones sociopolíticas y estructurales que facilitan una salida progresista o, bien, las tendencias hacia un continuismo centrista, una vez neutralizada la opción reaccionaria, al menos hasta las próximas elecciones generales

Un balance positivo

El Ejecutivo de coalición, con las fuerzas sociales y políticas que le apoyan, ha tenido la responsabilidad de liderar la respuesta a esta aguda crisis sobrevenida. El balance, aun con sus claroscuros, es moderadamente positivo que, en el contexto actual, supone un gran logro. Ha reajustado las prioridades de su programa inicial de cambio progresista, aunque ha apuntado a sus tres ejes fundamentales.

Primero, el escudo social y las políticas sociales y de reversión de derechos sociolaborales, todavía limitadas, lentas y parciales, pero reales y concretas. Lo más significativo, junto con el aumento del salario mínimo (SMI), los ERTES como mecanismo inmediato para frenar la destrucción del empleo, proteger a varios millones de personas trabajadoras y sostener el tejido empresarial, pero también la aprobación e implementación  del Ingreso mínimo vital (IMV), manifiestamente mejorable; además, el comienzo de la eliminación de aspectos de la regresiva reforma laboral y de la de pensiones del Gobierno de Rajoy, todavía con pasos insuficientes ante la dimensión de los recortes impuestos y la oposición fáctica de los poderes financieros y empresariales.

Segundo, la recuperación económica que, más allá de las urgentes medidas para paliar los efectos inmediatos de la crisis y la previsible aprobación de unos presupuestos generales más expansivos, sociales y progresivos, empezando ya apunte a lo importante a medio plazo: una modernización del aparato económico y las especializaciones productivas con una orientación verde y sostenible medioambientalmente y de avance tecnológico y digital, así como a una suficiencia fiscal propia justa, complementada con los fondos financieros europeos, fundamentales en el corto plazo. Este aspecto modernizador es el más ambiguo desde el punto de vista igualitario y de los reequilibrios de poder económico y político. Aparece consensuado en la superficialidad discursiva pero está sometido a la pugna de intereses y la presión de distintivos sectores económicos, sociales y políticos. Por tanto, está por ver el sentido modernizador y equitativo de su implementación práctica, así como la capacidad de gestión de las propias administraciones públicas y su relación con los mercados y el mundo empresarial. Y, en todo el proceso, analizar cómo queda la sociedad y el país en este mundo europeo y globalizado.

Tercero, la regulación de la pluralidad territorial, con la articulación dialogada del conflicto catalán, que ensanche la convivencia cívica, con un proyecto de país y un modelo de Estado más plural y democrático. Los obstáculos son enormes, pero es un desafío histórico para las fuerzas progresistas en España.

Pues bien, esos planes, cuya ejecución no está exenta de ambigüedades, tensiones, dificultades y limitaciones, han echado a andar. Se ha vencido el bloqueo de las derechas y otros poderes fácticos, se ha despejado la amenaza de impotencia institucional y división política entre las fuerzas progresistas, y se ha aclarado el horizonte de gobernabilidad para toda la legislatura. Se ha cumplido un año desde las elecciones generales y el acuerdo progresista de ambas izquierdas, Partido Socialista y Unidas Podemos y confluencias, sigue adelante. No hay alternativa democrática (tampoco fáctica) a este proceso de gobernabilidad con una mayoría parlamentaria y una orientación de progreso.

La fortaleza progresista

Esta década ha evidenciado cambios significativos en el ámbito sociopolítico: la recomposición de fuerzas sociales y campos electorales e institucionales, con la crisis del bipartidismo, el fracaso de la alianza de gran centro y el reagrupamiento de los dos bloques de izquierda y derecha (con fuerte presencia de la ultraderecha), más el conglomerado de grupos nacionalistas.

En gran medida, de forma similar a otros países del sur europeo, ha sido la articulación popular progresista, con su activación cívica y su reflejo político-institucional, la que ha desembocado, tras diversos altibajos, en el actual Gobierno de coalición, venciendo las inercias bipartidistas y la presión de las derechas.

Ese proceso social y democrático de fondo ha condicionado la posibilidad de repetir la misma política de austeridad y la prepotencia autoritaria de las anteriores elites gobernantes y ha exigido un giro más expansionista e integrador de las políticas europeas. Ya estaba anunciado en el acuerdo programático del nuevo Gobierno progresista de principios de año: justicia social y laboral, modernización productiva y refuerzo institucional de una mayoría de progreso.

Son ejes alternativos que, ante la nueva realidad de crisis sobrevenida y recomposición política, están en proceso de reformulación a partir del diseño de los presupuestos generales, pendientes de su aprobación definitiva en el Congreso, probablemente para enero de 2021. Conviene, no obstante, establecer un horizonte a medio plazo, al menos para toda la legislatura y con la incertidumbre y la expectativa de continuidad en la siguiente tras un proyecto progresista de país, en el marco europeo, definido para siete años.

A ello habría que añadir, por un lado, la crisis institucional y de modelo estatal derivado de la realidad plurinacional y territorial, en particular con el desafío soberanista catalán, y de la progresiva deslegitimación de la Monarquía; y por otro lado, el reaccionarismo de VOX que representa a un sector conservador significativo y condiciona la estrategia, la capacidad alternativa y la dinámica de las derechas, que tienen por objeto el freno autoritario a un cambio de progreso.

De forma paralela, las fuerzas hegemónicas en la Unión Europea, lideradas por la Alemania de la democratacristiana Merkel y con el apoyo del grueso de las derechas liberal-conservadora, empezando por el francés Macrón, han visto la necesidad de dar un cierto giro a la política económica y la construcción europea. Estaban cuestionadas por la deslegitimación social y democrática y el fracaso de las políticas de austeridad ante la anterior crisis, así como por el desafío de los grupos de extrema derecha y las tendencias disgregadoras de la Unión (en particular el Brexit). Y ante esos riesgos y para contenerlos, esas élites europeas han diseñado el actual plan de recuperación económica, reforzado los mecanismos comunitarios y emprendido una nueva relegitimación pública. 

Las dos formaciones que componen el Gobierno progresista de coalición han dado, en menos de un año y en un contexto inédito y grave, un paso decisivo para su unidad y el comienzo de la implementación de su programa. La estabilidad gubernamental, tras la aprobación presupuestaria con una suficiente mayoría parlamentaria, queda despejada para toda la legislatura.

Pero no todo está resuelto con vistas a los objetivos transformadores a medio plazo, las perspectivas de consolidación o no de esta dinámica de progreso y la confirmación o modificación de las estrategias y alianzas para la próxima legislatura. Hay que analizar las condiciones sociopolíticas y estructurales que facilitan una salida progresista o, bien, las tendencias hacia un continuismo centrista, una vez neutralizada la opción reaccionaria, al menos hasta las próximas elecciones generales. 

El desafío progresista