Ha fracasado la estrategia normalizadora del bloque de poder representado por el Gobierno de Rajoy. La voluntad y la expectativa de dar un impulso hacia un cambio político de progreso frente al continuismo de las derechas se ha vuelto a manifestar entre la ciudadanía. Dos hechos han contribuido a expresar la ilegitimidad de la gestión y el proyecto liberal-conservador y la necesidad de su relevo: la moción de censura promovida por Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, y el aval de la mayoría de la militancia socialista al distanciamiento de su partido respecto del PP, eligiendo a Pedro Sánchez como Secretario General.
La moción de censura, un paso positivo en el camino del cambio
La moción de censura, liderada por Pablo Iglesias, ha sido un éxito para sus promotores. Primero, ha permitido realzar ante la opinión pública la gravedad de los tres grandes problemas de la población: la evidencia de la implicación del PP en la corrupción sistémica, con ventajas políticas fraudulentas, así como su manipulación e injerencia de los instrumentos del Estado para taparla, afectando a la calidad de la democracia; la importancia de la persistencia e incremento de la desigualdad social, con la gravedad de la precariedad laboral y el empobrecimiento masivo; el bloqueo a una solución política dialogada y democrática al conflicto catalán, favoreciendo las tensiones territoriales.
Segundo, ha posibilitado detallar las principales propuestas concretas de reformas políticas, institucionales y socioeconómicas. Básicamente de tres tipos: de regeneración y democratización de la vida pública; de reversión de los recortes sociales y laborales, con un cambio de modelo productivo, más moderno y ecológico, y mayor igualdad social, incluida la de género, y de respeto y articulación de la plurinacionalidad.
Tercero, ha facilitado el emplazamiento sobre la necesidad de caminar hacia un cambio gubernamental, ofreciendo la colaboración a otras fuerzas progresistas, en particular al Partido Socialista.
Estaba claro que no contaba con el aval mayoritario de la Cámara. El objetivo central no era ése, sino en avanzar en el cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno del PP, confirmar la ausencia de una mayoría institucional que le sustente (a pesar del compromiso de Ciudadanos) y comprobar la posibilidad de una mayoría alternativa (siempre que haya suficiente voluntad política).
Y todo ello ha quedado demostrado y constituye un paso más en el camino del cambio. Se ha reforzado un modelo alternativo: democratización profunda, giro social de la política socioeconómica y reconocimiento de la diversidad nacional. Y se ha mostrado un liderazgo colectivo más consistente y creíble.
Por el contrario, la gestión y el relato del PP han mostrado su limitada credibilidad ciudadana. Se han asentado en tres posiciones: Difuminar sus responsabilidades ante la corrupción; embellecer la ligera ‘recuperación’ económica que asocia -falsamente- a su gestión política regresiva (recortes sociales, ajustes y reforma laboral); promover un nuevo autoritarismo y la estrategia del miedo ante el conflicto catalán.
El Partido Socialista se ha abstenido. Pero, una vez conquistada la hegemonía interna en su Congreso Federal (aun contando con las reticencias de un 40% de la militancia y los principales barones, empezando por Susana Díaz): ¿cuál es el plan de Pedro Sánchez?; ¿qué significa el ‘nuevo’ PSOE?; ¿qué sentido tiene su insistencia en un acuerdo tripartito con Albert Rivera y Pablo Iglesias?.
Indecisión socialista por el desalojo del PP
El apoyo fáctico con que cuenta el PP sigue siendo poderoso: el poder financiero-económico, de los principales medios de comunicación y el aval institucional de Ciudadanos. Su objetivo es garantizar la llamada gobernabilidad, su hegemonía institucional y el continuismo de su estrategia político-económica. Ha conseguido el apoyo parlamentario a los Presupuestos Generales de 2017 (gracias al PNV y las dos formaciones canarias). No obstante, sigue siendo mayoritario, tal como confirma el CIS, el descontento ciudadano –por encima de los dos tercios de la población- a su gestión política y económica y, particularmente, ante su implicación en la corrupción. Sufre un significativo desgaste de la confianza de la gente.
Por otro lado, su pacto con Ciudadanos es sólido para toda la legislatura, aunque no le garantiza la total estabilidad parlamentaria. Su amenaza de elecciones generales anticipadas tiene menor credibilidad, aunque no es descartable ante una moción de censura con posibilidades de desalojarlo. Es decir, antes de perder una moción de censura, Rajoy convocaría nuevas elecciones generales.
Por tanto, la cuestión es si el Partido Socialista y Ciudadanos están dispuestos a propiciar y afrontar esa anticipación. De momento, ambos se oponen. Lo que explica las reticencias socialistas a otra moción de censura, su renuencia a avanzar en una alianza de progreso y presentar un bloque unitario con Unidos Podemos y sus aliados. Su prioridad es sacar ventaja comparativa sobre ellos. Además, la condición de ganar la moción la deja anulada por la oposición de Ciudadanos y su autolimitación para no negociarla con las fuerzas ‘independentistas’.
El emplazamiento alternativo al Partido Socialista de una moción compartida y liderada por Sánchez, permite favorecer y protagonizar la firmeza discursiva de echar al PP del Ejecutivo, pero parece improbable. El proyecto del Secretario General socialista se basa en otro calendario y en la medida que se generen sus condiciones prioritarias: ganar mayor hegemonía relativa, ser el eje central, moderado y transversal, programático y gestor, entre Ciudadanos y Unidos Podemos y sus aliados.
Por tanto, el cambio gubernamental se aleja hasta después de nuevas elecciones generales. La estrategia electoral del Partido Socialista, incrementar su ventaja comparativa y competir por el espacio de ‘izquierda’, se convierte en la principal, frente a la estrategia política de colaboración para echar al PP y configurar una alternativa de progreso. La alternativa de Gobierno se concretará con los nuevos y esperados resultados. Básicamente, con dos hipótesis: Gran Centro o Alianza de Progreso.
Las relaciones y acuerdos a tres, o mejor, con geometría variable con uno o con otro (o con nacionalistas o el propio PP en las llamadas cuestiones de Estado, incluyendo Catalunya), aparte de intentar debilitar y aislar al PP, están al servicio de su objetivo central: incrementar su representatividad a costa de las fuerzas del cambio. El objetivo es tener mayor autonomía y capacidad para dirigirse posteriormente hacia el centro –Ciudadanos-. Trata de conformar su línea política de cambio limitado y su alianza institucional preferente, evitando un cambio sustantivo y dejando en una posición subordinada a las fuerzas del cambio.
En consecuencia, su nueva retórica y sus nuevos gestos tienen consecuencias significativas: debilitar la credibilidad social del PP, afirmar una aspiración social de cambio gubernamental y evitar una estrategia de duro acoso a Unidos Podemos y aliados. Y ello puede conformar una dinámica política positiva para el cambio social e institucional. Pero, de momento, están sometidos al imperativo competitivo por la influencia y la apropiación de (parte sustancial) del campo social y electoral alternativo. Hay que construir el cambio. El futuro está abierto.