La legislación que regula las relaciones de trabajo en nuestro país (Estatuto de los Trabajadores) ha sufrido múltiples modificaciones desde su promulgación en el año 1980. Sin embargo, esas modificaciones nunca han sido tan profundas y regresivas como las que se llevaron a cabo a comienzos del año 2012 -al amparo de la mayoría absoluta del PP en el Gobierno-, como una concesión más a las exigencias de ajuste y austeridad impuestas por la UE.
Los objetivos formales de la reforma no eran otros que la creación de empleo y así se contempló en la exposición de motivos; a pesar de ello, este objetivo se ha incumplido de manera escandalosa y fraudulenta, como se puede comprobar después de haberse cumplido más de tres años desde su aprobación. Este hecho incontestable se ha producido con el agravante de que la verdadera pretensión de dicha reforma (no confesada) ha sido devaluar los salarios, transferir de manera descarada rentas del trabajo al capital, precarizar nuestro mercado de trabajo, mejorar la relación de fuerzas de los empresarios y facilitar lo más posible a los empresarios el tránsito por la crisis y la superación de la misma (capitalización).
El resultado final conseguido con la reforma ha sido una mayor desregulación laboral y una más fácil deslocalización de las empresas, al facilitar los expedientes de regulación de empleo, abaratar y hacer más fácil el despido, potenciar el convenio de empresa en detrimento del convenio de ámbito sectorial, asegurar aún más los descuelgues salariales, reducir a la mínima expresión el protagonismo de la negociación colectiva -en beneficio de las relaciones individuales de trabajo- y debilitar al conjunto del movimiento sindical.
Con este diagnóstico, compartido por la mayoría de los juristas y expertos en economía social, no es extraño que la izquierda en general se pronuncie por eliminar la reforma laboral y que, en último término (eso esperamos), así se contemple en los programas electorales de los partidos de izquierda, de manera rotunda y sin fisuras, con la aspiración de recuperar los logros perdidos por los trabajadores desde la transición democrática. Los sindicatos también coinciden con este diagnóstico y apuestan por la eliminación de la reforma laboral, al verse obligados a luchar contra sus efectos más graves a la hora de desarrollar su acción sindical en los centros de trabajo.
En concreto, el PSOE viene planteando, como alternativa, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, a sabiendas de que no será nada fácil el conseguirlo. Los problemas se presentarán a la hora de tramitar esta medida y en la demora del tiempo que resulte necesaria para su aprobación en el actual contexto político, compuesto previsiblemente por cuatro partidos con destacada relevancia electoral (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos). De la misma manera se debe decidir el papel que deben jugar los interlocutores sociales en la elaboración del nuevo Estatuto (autonomía de las partes), dando por hecho que será el Parlamento el que finalmente apruebe el texto definitivo. Como consecuencia, la pregunta que se hacen los expertos en esta materia es ¿qué hacer a corto plazo con la actual legislación laboral?, una vez configurado un nuevo Gobierno progresista y descartado un Gobierno del PP porque mantendría, en todo caso, la actual legislación laboral social.
En este supuesto, y a corto plazo, lo primero que hay que buscar el equilibrio de la relación de fuerzas entre los interlocutores sociales, recuperar el protagonismo de la negociación colectiva (convenio sectorial, activar nuevamente la ultraactividad, endurecer los descuelgues salariales…), combatir la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad, a tiempo parcial, becarios, falsos autónomos…) y, finalmente, detener el desplome que está sufriendo la cobertura de desempleo con el propósito de avanzar en la superación de las desigualdades y atender a las personas que se encuentran en una mayor situación de pobreza y exclusión social. Después de todo ello se puede discutir a fondo y sin prisas un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Al margen de todo lo relacionado con las alternativas para superar los estragos de la reforma laboral, sigue siendo urgente y prioritario apostar con decisión por las políticas relacionadas con el pleno empleo (desempleo estructural, larga duración, políticas activas de empleo, reparto del trabajo existente, nuevos yacimientos de empleo…) y por el cambio de nuestro modelo productivo, muy condicionado por los servicios, el turismo, la construcción y el sector agrario y, además, por la explotación intensiva de mano de obra que se traduce en bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo, a pesar de que todo el mundo sabe que esa política no nos garantiza ser un país más competitivo y más sostenible (en términos económicos y sociales) en un contexto digital y globalizado.
De manera particular los partidos políticos deben debatir en la campaña electoral sobre la situación en que se encuentra la Seguridad Social (SS) y especialmente las pensiones y el Fondo de Reserva y, por lo tanto, el capítulo relacionado con la financiación del Sistema. Debemos recordar, como denuncia UGT, que la Seguridad Social ha sufrido directamente las consecuencias más graves de la crisis económica pero, sobre todo, ha sufrido los efectos más perversos de la reforma laboral y de las equivocadas decisiones del Gobierno -que han causado una fuerte disminución de los ingresos-, con el grave deterioro que eso ha significado para su Fondo de Reserva, que ha pasado, según CCOO, de tener un patrimonio de 66.815 millones de euros, en 2012, a unos 40.000 en números redondos en la actualidad.
Detener la degradación de la Seguridad Social requiere medidas que fortalezcan el principio de la solidaridad, la suficiencia de las pensiones, la extensión de su acción protectora y, por último, la sostenibilidad financiera del Sistema. Más en concreto, hay que recuperar el Pacto de Toledo para revisar los requisitos de acceso a las prestaciones no contributivas, el subsidio por desempleo, el índice de revalorización de las pensiones, la cuantía de las pensiones mínimas, la financiación de las políticas activas de empleo (basadas en buena medida en la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, cuando se deberían imputar a los PGE) y, particularmente, la actual Administración y gestión del Fondo de Reserva y por prolongación del capítulo de ingresos de la Seguridad Social.
Finalmente, la campaña electoral debe abrir un debate sobre los servicios públicos (Estado de Bienestar Social) que queremos los españoles y su financiación (política fiscal), con la pretensión de que se nos garantice su sostenibilidad económica en el futuro. En todo caso, todo indica que en los próximos meses los partidos políticos van a discutir, cuando menos, sobre cinco asuntos de capital importancia: el debate territorial (Estado Federal, Senado, Cataluña…), la regeneración democrática (lucha contra la corrupción, el despilfarro y la impunidad), el empleo, las políticas de protección social (pensiones, desempleo, dependencia, renta mínima y servicios sociales) y la política fiscal (suficiencia, justicia y equidad), encaminados estos tres últimos asuntos a luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social (déficit social). En este sentido, eliminar la reforma laboral y sus nefastas consecuencias ocupará, sin lugar a dudas, un lugar destacado y preferente en el debate sobre las políticas sociales y la distribución justa de la riqueza.
Quedaría pendiente la exigencia de responsabilidades al actual Gobierno por el incumplimiento de su programa electoral (abuso manifiesto de su mayoría absoluta) y, en concreto, por el desempleo, la política fiscal (incluida la última y electoral rebaja fiscal -que beneficia más a las rentas superiores a 60.000 euros-, precedida (¿y financiada?) por el desplome de la protección por desempleo, así como del Plan de Activación del Empleo), el déficit, la caída de la inversión pública y la tremenda deuda pública y privada que se ha generado (a nadie le preocupa cómo se pagará la deuda), así como por el vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La propaganda del Gobierno basada en el crecimiento de la economía (obviando los empleos basura, los bajos salarios y la alta precariedad) no puede bastar para justificar una política neoliberal (austeridad y ajuste), que ha generado una profunda desigualdad y, como consecuencia, importantes bolsas de pobreza y exclusión social. Desde luego, el problema del PP no son las personas, el logotipo, o la falta de una comunicación adecuada de sus actuaciones; el problema del PP es su regresiva política económica y social, junto a la corrupción en torno a su financiación, la soberbia de que hacen gala sus dirigentes, la propaganda y la mentira como norma (el debate sobre el techo de gasto en los PGE es un ejemplo), además de su tremenda insensibilidad social.
Si este planteamiento se confirma estaremos, por primera vez en muchos años, asistiendo a un gran debate nacional en torno al antagonismo de clases (explotación), que es el que verdaderamente condiciona la redistribución y el bienestar económico y social de los ciudadanos. Sin duda, a ello habrán contribuido, en buena medida, la aplicación de severas políticas de austeridad, el auge y movilización de los indignados y, porque no decirlo, la ejemplaridad de los ciudadanos griegos apoyando a su Gobierno en su enfrentamiento desigual contra un nuevo ajuste extremo, insolidario e ineficaz y, además, contra los fuertes poderes fácticos de la UE: institucionales, económicos, financieros (acreedores) y mediáticos. En la UE y en España se ha llegado, incluso, a criticar fuertemente el referéndum como si fuera un delito que el Gobierno griego consulte a los ciudadanos sobre la política a seguir.
Por eso, el PSOE no debe ser permeable a los cánticos de sirena de algunos de sus colaboradores, que piden responsabilidad institucional, centralidad y equidistancia en el actual marco político, económico y social. Su secretario general, Pedro Sánchez, debe estar tranquilo sobre lo que piensa la opinión pública y, por lo tanto, no debe preocuparse por su presunta radicalidad y por el pretendido abrazo del oso de Podemos hacia el PSOE, como reiteradamente denuncian de manera interesada Rajoy y el PP. En España nadie duda de la responsabilidad y moderación del PSOE; en cambio, no pocos ciudadanos dudan de que se vaya a defender e implantar una auténtica política socialdemócrata. Esa duda representa, en sí misma, una de las mayores preocupaciones de los más desfavorecidos…