Sistema Digital | El mes de septiembre ha sido muy activo para los movimientos sociales y para los sindicatos, que ya han anunciado que “no se quedarán de brazos cruzados” ante los destrozos que está causando la aplicación de las políticas neoliberales en un contexto de crisis económica y social. Las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno confirman la supeditación de su política a las directrices emanadas de la UE -derivadas del rescate bancario-, a pesar de que el propio Gobierno manifestó y reiteró en su día que el rescate no exigía ningún tipo de contrapartidas y de que las ayudas (61.366 millones de euros) se recuperarían en su totalidad, lo que al día de hoy resulta imposible como reconoce el propio Gobierno.
Entre los recortes destacan los llevados a cabo en la investigación, en los servicios públicos (menos becas en educación, menos profesores y más alumnos, así como el nuevo copago en sanidad que afectará a enfermos graves y crónicos) y en los servicios sociales (prestación por desempleo y dependencia) a los que hay que añadir otros recortes, como son los derivados de la reforma laboral encaminada a devaluar los salarios: caída generalizada de los salarios en los convenios, desplome de la cláusula de revisión salarial, reducción del costo de los despidos, descuelgue salarial de los convenios… De la misma manera destacan las medidas recientemente anunciadas sobre la fuerte pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que no tienen otro objetivo que ayudar a corregir el déficit público y no a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, como manifiesta falsamente el Gobierno apoyado por el FMI y la UE; además de la esperada congelación de las retribuciones de los empleados públicos y del salario mínimo interprofesional (SMI), que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado.
Efectivamente, el desplome de los salarios está resultando evidente para todos menos para el Gobierno; lo más preocupante es que el recorte salarial se agravará al amparo de unas ideas que rechazan la indexación de los salarios, de las retribuciones de los empleados públicos, del SMI y de las pensiones, al índice de precios al consumo. Sin embargo, este sacrificio no está teniendo ningún efecto beneficioso sobre el empleo, los precios y la corrección del déficit (5,27% del PIB hasta julio, del conjunto de las administraciones públicas, con una previsión del 6,5% para todo el año) y la deuda pública (el 92,6% del PIB hasta junio, el nivel más alto desde el año 1910), impactada en negativo por la cuantiosa deuda privada (socialización de pérdidas del sector financiero). Mientras tanto, los altos ejecutivos siguen disfrutando de salarios estratosféricos que resultan obscenos y provocativos para la ciudadanía (paralelamente apuestan por reducir los salarios a sus trabajadores) y el sector financiero sigue repartiendo beneficios y, al mismo tiempo, restringe y encarece paradójicamente el crédito a familias y empresas.
Los datos son apabullantes. Según el INE, el IPC del mes de agosto se ha situado en el 1,5%; un índice muy alto si tenemos en cuenta la caída del consumo y que los costos laborales siguen bajando desde hace más de tres años, además de haberse producido un aumento de la productividad por ocupado, que hace que a las empresas les cueste producir ahora una unidad de producto un 7% menos que en el año 2008. Resulta constatable que los empresarios están aumentando sus márgenes por una doble vía: apropiación de la rebaja de los costos de producción y elevación del precio de sus productos. Eso explica sobradamente, según el informe del II trimestre de Contabilidad Nacional, que los costos laborales caigan a un ritmo del 2,3% anual y los excedentes empresariales aumenten un 3%, lo que se traduce en una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital y confirma el fracaso del vigente pacto de rentas (AENC; 2012-2014) firmado entre los interlocutores sociales y ninguneado por el Gobierno.
Lo más grave de la situación es que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios incide muy negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la actividad económica y, como consecuencia, en el empleo.
Las medidas relacionadas con las pensiones también van dirigidas en esta dirección, lo que resultarán, si finalmente se aprueban, contraproducentes desde el punto de vista económico y sobre todo social, además de agudizar las desigualdades y los índices de pobreza, que ya alcanzan cotas que se pueden considerar alarmantes (Según Intermón, en el año 2025, el 42% de los españoles serán pobres si continúan las actuales políticas de austeridad).
No es extraño que esta propuesta, que consolida la pérdida irreversible del poder adquisitivo de las pensiones, esté causando un fuerte rechazo político y social, al afectar a la población más vulnerable y con escasa capacidad de reacción, sobre todo cuando la cuantía de las pensiones está por debajo de la media europea y la seguridad social no está en riesgo, salvo para los interesados (sector financiero y asegurador) en promocionar los fondos complementarios de pensiones como negocio.
Al desplome salarial y a los altos índices de desempleo hay que añadir el deterioro de nuestro mercado de trabajo. Según UGT, dos millones y medio de trabajadores están subempleados, al ocupar puestos de trabajo que requieren menos preparación de la que poseen o, simplemente, trabajan en una jornada reducida no deseada. Además, el número de desempleados con carrera universitaria alcanza a 1,3 millones (el 22% del total de parados); una cifra que se ha multiplicado a partir de los 382.000 que existían en el año 2007. Eso explica la decisión de muchos jóvenes de marcharse a trabajar a otros países, a pesar de las dificultades del idioma y la separación de las familias, como única alternativa para encontrar un empleo.
A pesar de estas cifras, el Gobierno no considera al empleo como el principal problema que tiene nuestro país (sus propias previsiones son que no bajará del 25% hasta el año 2018) y por eso se permite falsear la realidad hablando de una cercana salida de la crisis -al margen del desempleo- utilizando la bajada de la prima de riesgo, el aumento de las exportaciones y el aumento del turismo. Eso explica que, desde 2010, se haya reducido en 4.000 millones de euros la dotación económica para desarrollar las políticas activas de empleo que este país necesita. Lo mismo está ocurriendo con la prestación por desempleo: en la actualidad, 5 de cada 10 parados de la última EPA carecen de prestaciones por desempleo, lo que incide muy negativamente en los niveles de pobreza y de exclusión social.
A pesar de todo ello, el Gobierno insiste en reducir el gasto y mantener la política de austeridad sin abordar paralelamente el capítulo de los ingresos, lo que resulta muy negativo para la reactivación de nuestra economía. Por eso, la oposición debe formalizar un frente común por el empleo y por la defensa de una reforma fiscal en profundidad, que revise prioritariamente la totalidad de las desgravaciones fiscales, evite el desplome del impuesto de sociedades, defienda la aplicación del impuesto a las transferencias financieras y luche contra el fraude fiscal y la economía sumergida (España tiene el peor coeficiente de funcionarios de la administración fiscal por ciudadano de todos los Estados de la UE -que lo son de la OCDE- dedicados a perseguir el fraude).
Debemos recordar que en España se ha producido un brutal desplome de los ingresos fiscales a todos los niveles (Administración Central, CCAA y Ayuntamientos), derivado de la caída de la actividad económica y de las altas cifras de desempleo. Desde 2007 al 2009, la caída de la presión fiscal superó los seis puntos (desde el 37,1% del PIB al 30,7%). En términos comparados, también España destaca por tener una baja presión fiscal en relación a la UE (el 31,4% del PIB frente al 38,8% en 2011). Por eso llaman poderosamente la atención las declaraciones de responsables del PP prometiendo reducir impuestos -lo que agravaría el actual déficit público-, a no ser que respondan a la ya iniciada campaña electoral o a un redoblado interés encaminado a distraer a la opinión pública utilizando los resortes mediáticos afines al Gobierno, fácilmente manipulables.
Esta reforma es de justicia y resulta imprescindible para salir de la crisis lo más rápidamente posible y comenzar a crear empleo. Por eso, la oposición no puede tratar estos asuntos con paños calientes y, en consecuencia, debería abanderar la reforma fiscal (y convertirla en su medida estrella) de aquí a las próximas elecciones generales. Por otra parte, es hora de que el PSOE diga muy alto y claro qué va a hacer si gobierna con la reforma laboral, con el SMI, con la cobertura de desempleo, la dependencia, las pensiones, las retribuciones de los empleados públicos y el Estado de Bienestar Social (educación, sanidad y servicios sociales). Los ciudadanos tienen derecho a saberlo para ir conformando su opinión ante futuras confrontaciones electorales; en este sentido, la próxima Conferencia Federal del PSOE puede ser un buen marco para hacerlo.
En todo caso, la negativa experiencia del Gobierno Zapatero obliga al principal partido de la oposición a recuperar su credibilidad (autocrítica), lo que sólo será posible defendiendo posiciones claramente diferenciadas de la derecha, sobre todo después de la renuncia de la socialdemocracia holandesa a mantener el Estado de Bienestar Social y del triunfo de Merkel en Alemania, que ha decidido abrir negociaciones para formar un Gobierno de amplia coalición. También, porque, además, hay que desmontar lo más rápidamente posible el dicho extendido en nuestro país -de manera interesada- de que “todos los partidos son iguales”, dirigido, sobre todo, a los dos partidos mayoritarios que han gobernado en España en los últimos años, aunque en realidad perjudica considerablemente al PSOE.
En coherencia con ello, el conjunto de la izquierda debe asumir un compromiso claro en la UE y defender prioritariamente la reactivación económica, las políticas activas relacionadas con el empleo, la armonización fiscal, la deuda soberana en el ámbito de la UE (eurobonos) y la cohesión social, gravemente vapuleada por las políticas neoliberales que se están imponiendo con total impunidad al amparo de la crisis. En esta tarea deben participar activamente también los sindicatos (apoyados en la Confederación Europea de Sindicatos) y los nuevos movimientos sociales (“mareas”) surgidos para responder a los colectivos más afectados por la crisis económica y social que estamos sufriendo, en la perspectiva de un modelo económico que supere la atomización de pequeñas empresas intensivas en mano de obra, con empleos de baja calidad, bajos salarios y, por lo tanto, muy poco competitivas. En definitiva, que apueste por el cambio de un modelo productivo obsoleto, identificado en buena medida con la construcción, el turismo y los servicios, por otro basado en la modernización industrial (valor añadido) y la era digital y tecnológica: investigación, innovación, diseño, organización del trabajo, logística y una amplia participación de los trabajadores en el proceso productivo. Vale la pena intentarlo, porque nos estamos jugando la consolidación de la democracia y nuestro futuro.