domingo 6/12/20

Coca-Cola, ni cierres ni despidos

En estos momentos, cualquier empresa al amparo de la reforma laboral puede presentar un expediente de regulación de empleo...

Se han cumplido ahora dos años desde que se aprobó el Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes de reforma del mercado laboral (concretamente el 10 de febrero), convertido en Ley 3/2012 (el 6 de julio), modificando los tipos de contratación, la causa de extinción de los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo por parte de los empresarios. Estamos hablando de la mal llamada reforma laboral -de marcado carácter ideológico-, aprobada unilateralmente por el Gobierno al amparo de la mayoría absoluta del PP. Con este motivo se han venido haciendo distintas valoraciones y declaraciones en los últimos días sobre dicha reforma.

Unos pocos interesados -Gobierno y empresarios incluidos- han valorado positivamente las medidas aplicadas sin base ni fundamento y, desde luego, sin datos estadísticos que justifiquen esta valoración. Por el contrario, la mayoría -incluidos los sindicatos y la oposición política- han deplorado la reforma laboral con argumentos y datos contrastados en relación con la brutal caída del empleo, la precariedad del mercado de trabajo, el desplome salarial, el golpe bajo a la negociación colectiva, el abaratamiento del despido y, finalmente, las facilidades dadas a los empresarios para despedir individualmente y, sobre todo, de manera colectiva, a través de los expedientes de regulación de empleo.

En estos momentos, cualquier empresa al amparo de la reforma laboral puede presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) alegando cambios en la demanda de sus productos o la simple reducción de ventas, incluso a pesar de mantener e incrementar sus beneficios. Es lo que ha hecho hace unas semanas Coca Cola Iberian Partner, S.A. (CCIP) ante el estupor de trabajadores, sindicatos, partidos de la oposición y ciudadanos en general, que vienen oponiéndose frontalmente a la pretensión de la empresa a través de diversos y múltiples procesos de movilización.

Según la Federación de Industria de Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG), CCIP es el resultado de la decisión estratégica de la multinacional Coca Cola Company de forzar la integración de sus embotelladoras en España en una sola Sociedad con el único objetivo de reducir costos. Los trabajadores no conocen en qué condiciones se firmó el contrato en febrero de 2013 y mucho menos si estaba supeditado al cierre de plantas y al ajuste brutal del empleo que se pretende, donde todo indica que está, en último término, el origen del problema. En todo caso, lo que sí está claro es que el proceso de creación del Grupo, los procesos de fusión de las Sociedades, la integración societaria, los contratos de servicios y la consolidación del Grupo Fiscal se han hecho sin informar a los trabajadores, tal como se reconoce y se contempla en el Estatuto de los Trabajadores y en la propia ley de Sociedades Anónimas, ante procesos de fusión o absorción de Sociedades.

La documentación presentada por la dirección de Coca Cola para justificar el expediente se reduce a cumplir simplemente los requisitos formales del proceso de despidos colectivos. En la documentación no se incluye un Plan Industrial de futuro con estudios técnicos, ni alternativas de carácter industrial y mucho menos proyecciones económicas a tres o cinco años vista, como se acostumbra a presentar en casos similares. Esto tiene una fácil explicación, puesto que la dirección del Grupo asume que no tiene problemas económicos ni financieros en las siete sociedades embotelladoras consideradas individualmente: Casbega, Cobega, Begano, Rendelsur, Colebega, Arturbega y Norbega y, por lo tanto, tampoco en la Sociedad resultante (CCIP) del proceso de fusión o absorción llevado a cabo en el último año.

En el documento queda claro que los resultados económicos han sido positivos como lo acredita la documentación contable auditada, a lo que hay que añadir que la multinacional Coca Cola Company obtiene un beneficio directo por la venta del Concentrado (producto básico para elaborar la bebida) -procede de Irlanda, país que tiene un bajísimo impuesto de sociedades- a las plantas embotelladoras en régimen de exclusividad y a un precio que se desconoce, aunque presumiblemente alto. Concretamente, el Cash Flow generado en los tres últimos años (2010-2012) se situó en 1.794 millones de euros y los beneficios de las siete plantas embotelladoras en su conjunto superan los 1.002 millones de euros en los tres últimos años (2010-2012), habiendo alcanzado 252,8 millones en el último año (2012).

El argumento final de la empresa es la caída de ventas en algunas plantas, a pesar de que el agregado de todas ellas es favorable y crece el 5,1% (2010-2012). Las ventas en 2012 alcanzaron 3.766,3 millones de euros y en el año 2013 se elevaron hasta los 4.043,6 millones (entre enero y noviembre). Además, el gasto del personal representa solamente el 11% del total de las ventas. Por lo tanto, resulta evidente que las razones del expediente tienen relación directa con una drástica reducción de costos como consecuencia del ahorro de salarios y de los despidos en las tres áreas básicas de negocio: área de soporte (financiera, recursos humanos, compras…), atención al cliente y servicio comercial (red de ventas) y área industrial y logística.

El expediente, en concreto, propone cerrar cuatro plantas de producción en todo el Estado: Madrid (Fuenlabrada), Alicante, Palma de Mallorca y Asturias. El excedente estructural de personal fijo se establece en 1.253 trabajadores (el 32,67% de la plantilla) de los que se recolocarían internamente 481, lo que significa la pérdida de 772 empleos, pasando de una plantilla global de 3.835 a 3.063 trabajadores. Al margen de los empleos indirectos que se pueden perder y que se estiman en torno a los 3.000 trabajadores.

Evidentemente, el expediente de regulación de empleo ha dejado en entredicho la responsabilidad social de la empresa matriz y la reputación de la misma, que se verá muy afectada por la imagen negativa que una decisión de este tipo proyecta en el consumo de bebidas masivo. Quedan atrás los días en que Coca Cola Company (la bebida del Imperio) hablaba de la Chispa de la Vida, de Repartir Felicidad y presumía, además, de ser una empresa socialmente responsable. Debemos recordar que la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) exige una profunda renovación cultural, es casi una revolución de actitudes, de comportamientos, que obliga a las empresas a hacer compatible el beneficio con la sostenibilidad social y medioambiental. Debe ser entendida como la asunción por parte de las empresas de valores éticos tanto en el cumplimiento de las leyes, como en el respeto a la dignidad de las personas y de los trabajadores en particular, asumiendo, en definitiva, un compromiso con la sociedad.

Por otra parte, resulta destacable que desde distintos estamentos se esté impulsando el boicot al consumo de Coca Cola que, si bien no tiene tradición en España, puede afectar muy negativamente al consumo de un producto tan sensible como éste. Debemos recordar que el boicot se suele poner en práctica en algunos países -entre ellos EEUU- y sus efectos pueden ser devastadores, sobre todo en el consumo de los jóvenes. En coherencia con ello, la UGT y CCOO vienen haciendo un llamamiento a la calma, a pesar de que toda la propaganda impresa y las consignas vertidas en las manifestaciones celebradas contemplan una llamada a la ciudadanía para que se solidaricen con los trabajadores y no consuman esta bebida mientras la empresa no rectifique (España no produce, España no consume), retire el expediente de regulación de empleo y dialogue de buena fe con los representantes de los sindicatos.

La ofensiva contra el expediente de regulación de empleo la están encabezando, lógicamente, los sindicatos a través de encuentros con la empresa, con los grupos parlamentarios y organizaciones diversas, recabando además la solidaridad internacional de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Al margen de las posibles iniciativas parlamentarias de todo tipo (el PSOE ha presentado una proposición no de ley pidiendo la suspensión del ERE), los sindicatos pretenden evitar los despidos y el cierre de las cuatro plantas embotelladoras y exigen al Estado que no asuma nunca costos sociales con dinero público por el despido colectivo en una empresa (CCIP) que tiene beneficios. Exigen también la retirada de la reforma laboral, porque estimula la presentación de ERES, así como por los destrozos que produce en el empleo y en las condiciones de trabajo; la pretensión final no es otra que evitar que una empresa pueda presentar un expediente de regulación de empleo si obtiene beneficios. Por otra parte, a la empresa le exigen que presente un plan industrial de racionalización de costos que los sindicatos están dispuestos a negociar, aplicando, si es preciso, medidas no traumáticas.

Las movilizaciones no se han hecho esperar y están resultando exitosas en todos los sentidos a partir de las huelgas indefinidas que se están llevando a cabo en las plantas que se pretenden cerrar. La ciudadanía no puede comprender que en un contexto de profunda crisis económica se proceda a despidos masivos para aumentar más los beneficios de una empresa, como está ocurriendo con el expediente de CCIP. Tampoco comprenden que el Gobierno no haga nada para paralizar el expediente y se contente con hacer un llamamiento a las partes para que se pongan de acuerdo (Fátima Báñez), muy a pesar de que la reforma laboral prima a los empresarios y deja a los sindicatos en una clara desventaja e indefensión a la hora de oponerse a un ERE.

Por eso, no se entiende bien el triunfalismo del Gobierno propagando una recuperación económica que, si se produce en las grandes variables macroeconómicas, será en todo caso sin empleo. Mucho menos se comprende que responsables empresariales propongan nuevos Acuerdos de moderación salarial para renovar el incumplido AENC 2012- 2014, como si eso fuera razonable en un marco legislativo laboral presidido por la nefasta reforma laboral, sobre todo cuando deprimirá más el consumo -en un contexto económico recesivo- y perjudicará considerablemente el empleo.

Por todo ello, resulta evidente que, al margen de la lucha contra el desempleo, la acción sindical en estos momentos debe estar dedicada prioritariamente a la eliminación de la reforma laboral y de sus más lamentables consecuencias. Sin esta premisa, los sindicatos seguirán a la defensiva y muy condicionados por una política basada en la limitación de daños. En todo caso, el ejemplo de Coca Cola Company es significativo y debe ser una referencia a tener en cuenta, porque conjuga la movilización, la negociación en la empresa y el compromiso político y ciudadano. La pretensión es poner freno a este atropello, basado en la avaricia y la usura, en un contexto de crisis económica muy agravado por la creciente desigualdad y pobreza. Lo conseguido en la sanidad madrileña y en Gamonal demuestra que las movilizaciones logran, tarde o temprano, lo que se pretende, siempre que las reivindicaciones sean justas y razonables. En este caso, las movilizaciones sólo pretenden evitar que Coca Cola Company consiga sus inconfesables propósitos a costa de los trabajadores.

Coca-Cola, ni cierres ni despidos