A pesar de la persistencia, la imaginación y el esfuerzo del PSOE y Unidas Podemos (UP), por culminar el proceso de investidura de Pedro Sánchez, no fue posible alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el pasado año. Las derechas no participaron en las conversaciones al dejar suficientemente clara su inquebrantable voluntad de bloquear la investidura de Sánchez, a pesar de no existir otra alternativa posible con la actual relación de fuerzas en el parlamento. Una vez más, y como nos tienen acostumbrados, el sentido de Estado de las derechas brilló por su ausencia.
Catalunya fue el escollo más relevante en las reuniones celebradas; sobre todo en las celebradas entre el PSOE y ERC. En concreto, los asuntos que retrasaron y complicaron el acuerdo tuvieron relación con la prisión de Oriol Junqueras, la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, el pronunciamiento de la abogacía del Estado, el programado congreso de ERC, el dictamen de la Junta Electoral Central sobre la desobediencia civil del President de la Generalitat y, finalmente, la pugna entre ERC y el PDeCAT por alcanzar la hegemonía electoral dentro del ámbito catalán. Estos asuntos fueron serios obstáculos para que ERC se abstuviera y lo seguirán siendo para garantizar la gobernabilidad mientras ERC siga anteponiendo el concepto de identidad nacional al concepto de clase, el avance unilateral hacia la independencia a las justas aspiraciones de los trabajadores y la ruptura de la legalidad vigente a la deseada convivencia entre los catalanes y de éstos con los del resto del país.
Por eso, no deberíamos olvidar nunca los efectos derivados que la actitud de ERC produce en el potencial avance de las derechas y la dificultad extrema que esto representa para seguir dialogando en busca de soluciones al problema catalán. En definitiva, ERC debe saber que el diálogo sobre el problema de Catalunya sólo será posible abordarlo (desde el respeto a la Constitución y el Estatut) con las fuerzas progresistas que apoyen y formen el nuevo gobierno en base a los resultados de las pasadas elecciones generales. ERC también debe comprender que los votantes progresistas nunca entenderán que los partidos de izquierda no alcancen acuerdos de progreso en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo cuando esto no significa que ERC tenga que renunciar necesariamente a sus principios y a sus reivindicaciones independentistas, lo que podrá seguir defendiendo (dentro de la legalidad) sin que nadie ni nada lo impida a lo largo de la presente legislatura.
Las dificultades para certificar la abstención de ERC- que daría paso al gobierno de coalición entre el PSOE y UP-, nos indica también que será muy complicado garantizar la gobernabilidad en los próximos años. Además, en las últimas conversaciones con los sindicatos y empresarios se han puesto de manifiesto fuertes reticencias de la CEOE para negociar la llamada Agenda Social comprometida en la campaña electoral. Los empresarios se niegan a elevar el SMI al 60% del salario medio de convenio (Carta Social Europea), a derogar las reformas laborales y eliminar la reforma de las pensiones del PP y, además, se oponen a imponer un mínimo en el impuesto de sociedades y a aumentar el gasto público, entre otros asuntos relevantes.
Para superar las dificultades mencionadas, el PSOE y UP no pueden ceder al chantaje permanente de los independentistas, ante el previsible encarecimiento de su apoyo para facilitar la actuación del gobierno y, por si esto fuera poco, su empecinamiento en violentar unilateralmente la Constitución: autodeterminación, derecho a decidir (referéndum), amnistía a los presos políticos… Tampoco ante los empresarios, por su negativa a derogar las reformas laborales y su oposición a potenciar la negociación colectiva sectorial y, sobre todo, a aprobar medidas de justicia social encaminadas a superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Por eso, el futuro gobierno debe ser consciente de que remitir estos últimos y controvertidos asuntos a la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, como vienen planteando los poderes fácticos (económicos y financieros), no resolvería de ninguna manera los problemas actuales, ni significa que se cumplan los compromisos electorales (más bien todo lo contrario), si la CEOE no garantiza avanzar en la recuperación de los derechos perdidos, en la superación de las desigualdades producidas por las brutales políticas de ajuste (entre otras la devaluación salarial), en la derogación de medidas lesivas para los trabajadores y, finalmente, en la apuesta por la modernización y competitividad del tejido productivo. En este supuesto, el futuro gobierno debería asumir su responsabilidad con todas las consecuencias y, por lo tanto, estaría obligado a aplicar las políticas de acuerdo con los compromisos encaminados a modificar a fondo la política económica y social de la derecha en el poder.
En cualquier caso, esperemos que en los próximos días se cierre el proceso de investidura de Pedro Sánchez y se forme definitivamente el gobierno de coalición en el que tantas esperanzas están depositadas. La pretensión política del esperado gobierno se contempla en el Acuerdo de inspiración socialdemócrata (“Coalición Progresista: Un nuevo acuerdo para España”) firmado el pasado día 30 de diciembre por Sánchez e Iglesias. El combate por la regeneración democrática, la lucha contra el desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la eliminación del copago farmacéutico de 2012, el ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables, el aumento del SMI hasta 1200 euros a lo largo de la legislatura, el aumento moderado de los impuestos a los ingresos más altos y a las rentas del capital, la derogación de los aspectos más negativos de la reforma laboral, así como eliminar la ley Mordaza, abordar la problemática de la vivienda social y el alquiler, proteger los servicios públicos (sanidad y educación), superar las serias carencias de la “España Vacía”, luchar contra el cambio climático, renovar el sistema de financiación de las CCAA y, finalmente, impulsar el diálogo político para resolver el problema de Catalunya, entre otras medidas, son algunos asuntos destacados.
Entre estos asuntos, seis de ellos marcarán de manera decisiva la impronta de una legislatura que se pretende agotar dialogando con todos los grupos parlamentarios a pesar de las dificultades: respetar los compromisos de estabilidad presupuestaria de España con la Unión Europea, combatir el desempleo y la dualidad de nuestro mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad y el poder adquisitivo de las pensiones, mejorar la calidad de los servicios públicos (educación y sanidad), apostar decididamente por una política fiscal progresista con especial incidencia en el fraude fiscal y, por último, apostar por la política con mayúscula para abordar a fondo el problema de Catalunya.
En relación a semejantes compromisos, los sindicatos deben estar vigilantes y atentos a la acción del gobierno, a pesar de que han mostrado su predisposición a potenciar el diálogo social y apoyar al gobierno progresista en la aplicación y desarrollo de medidas relacionadas con las políticas sociales; si es preciso, a través de la movilización de los trabajadores, de las fuerzas emergentes y de las redes sociales encaminadas a mejorar la débil relación de fuerzas de la izquierda.
En coherencia con ello, el PSOE y UP deben mantener también una razonable autonomía y un cierto margen de maniobra en relación con la acción del gobierno. Lo que aconseja fomentar la militancia, la participación y, en definitiva, la democracia interna a todos los niveles. Además de penetrar activamente en el tejido social para explicar las políticas del gobierno y recoger el sentir mayoritario de la ciudadanía para una mayor información y eficacia del gobierno.
Como se puede observar, los retos son mayúsculos y a la vez ambiciosos; sin embargo, a pesar de todo, el gobierno no estará solo en esta tarea y podrá contar con el compromiso y la ayuda de las fuerzas progresistas y el apoyo de los más necesitados a los que no puede de ninguna manera defraudar: personas en riesgo de pobreza y exclusión social, desempleados (jóvenes y mayores de 52 años), precarios en general, personas dependientes, inmigrantes y refugiados, víctimas de la violencia de género, jóvenes sin proyecto autónomo y sin futuro… En definitiva, con las personas más vulnerables y víctimas de las brutales políticas de ajuste: sin techo, sin abrigo, sin alimentos, sin familia…
Enfrentados al futuro gobierno de coalición sólo estarán unas derechas (PP, CS y Vox) instaladas en la confrontación patriótica, alejadas de la realidad social y, lo que resulta más preocupante, ejerciendo de una oposición sin escrúpulos, sin proyecto y sin alternativas capaces de aportar soluciones a los grandes problemas que tendrá que abordar España en la presente legislatura. No debemos olvidar nunca que, como amenazan los responsables de VOX, las derechas tienen como única misión defender a España: “combatir a un gobierno traidor compuesto de socialistas y comunistas y apoyado por separatistas y pro etarras”. A pesar de la evidente falta de rigor y decoro de unos pocos, feliz año 2020 y salud para todos.