No es extraño que cuando tenemos que enfrentarnos a esas terribles reuniones de comunidad de vecinos examinemos con lupa el más mínimo gasto. Y es que pintar la escalera del edificio, arreglar una gotera o contratar a alguien para limpiar los espacios comunes puede suponer hasta 20 euros mensuales, dependiendo del número de propietarios, claro.
En la Comunidad de Madrid, tras veinticinco años con la derecha adherida al poder, el dineral público, el nuestro, que se “ha desviado” en operaciones corruptas (Púnica, Gürtel, Lezo, Campus de la Justicia, IVIMA, y un largo etcétera) es difícilmente cuantificable. Lo paradójico es que desde los poderes no se ha hecho pedagogía alguna y se ha conseguido anestesiar a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos, los nuestros.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid es sinónimo de oscurantismo y falta de transparencia, resultado de veinticinco años de poder, alcanzado incluso sin excesivas garantías como dejó claro el “tamayazo”. De hecho, la Comunidad de Madrid fue la última de España en conseguir aprobar una “ley de transparencia”. Más correctamente, “ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid”. La ley se aprobó en marzo de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020 después de tres años de debates, que no es poco.
Tras las elecciones que ganó el PSOE, pero que democráticamente pusieron en el Gobierno a las tres derechas, se creó la Consejería de Deportes,Transparencia y Portavocía del Gobierno, en manos del vicepresidente Ignacio Aguado de la cuota Ciudadanos y perfil pusilánime ante Ayuso. Es complicado hacer un gazpacho de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno pero son las cosas de Madrid.
Así, en Madrid epicentro del terremoto que es la corrupción en España organizada por el PP, ha surgido una Consejería de Transparencia sin dotación presupuestaria y difuminadas competencias. El permanente infortunio que pesa sobre madrileños y madrileñas ha hecho que poco después de la aprobación de la ley no tuviéramos oídos para otra cosa que para la pandemia, la muerte, las incertidumbres. Precisamente esta situación de crisis, teniendo a Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno regional, hace más opaca la gestión política de los recursos que son aportados por toda la ciudadanía y son de toda la ciudadanía.
El vicepresidente Ignacio Aguado, consejero de Transparencia, se ha convertido en un cómplice de ese oscurantismo. Las críticas de Inés Arrimadas al bipartidismo en el Congreso de los diputados pierden toda su fuerza cuando los nuevos partidos, como Ciudadanos en Madrid, no aportan nada nuevo, fundamentalmente en favor de la transparencia. Ignacio Aguado es el responsable penúltimo y debe dar cuenta de lo que está sucediendo en la región.
Residencias, hospitales, fondos…
El trabajo realizado por los medios de comunicación está siendo muy importante para que veamos algo más que la sombra de la sospecha en asuntos como las residencias. El último capitulo de este tema se ha publicado en Infolibre a cuento de la residencia Aralia, de Leganés, una empresa ligada al empresario José Luis Ulibarri, salpicado por la Gürtel. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha prorrogado nueve meses más a Aralia el contrato de una residencia en la ciudad del sur de Madrid después de haber sido multada; después de haber ingresado 12,5 millones en los tres últimos años y después de haberse embolsado 3,16 millones extra.
Gracias a la Fundación Civio, una organización independiente sin ánimo de lucro, sabemos que el Gobierno regional ocultó el “plan funcional” del famoso Hospital Isabel Zendal, con sus más de 100 millones de gasto. Ese plan debía establecer los requisitos del nuevo contrato, marcar los metros cuadrados y el presupuesto. Según Civio “todo apunta a que este documento se redactó a posteriori”.
Los desmanes en esta época de pandemia podrían estar siendo inimaginables si alguien no fiscaliza los dineros. Es muy triste oír al Ayuntamiento de la capital y a la propia Díaz Ayuso culpabilizar al Gobierno de España por no aportar ayudas al sector de la hostelería. En un reciente artículo escrito por Carlos Carnero, diputado socialista en la Asamblea, explicaba “el esfuerzo del Gobierno de España”en Madrid: “las prestaciones por ERTE desde abril 2020 a enero de 2021 suman cerca de 2.000 millones de euros percibidos por 635.000 personas distintas; las ayudas por cese de actividad a autónomos han llegado a 255.000 por un montante de 1.535 millones entre prestaciones y cotizaciones; y los créditos avalados por el ICO han alcanzado en enero 134.000 operaciones, 81.000 empresas y 18.000 millones en avales solicitados (el 20′3 % de toda España). En conjunto, un presupuesto anual de la región”, desmenuzaba Carnero.
Además, procedentes del Fondo Covid-19, del déficit asumido por el Estado y del React-EU), Madrid recibirá más de 7.000 millones de euros. Sin olvidar que el 54 % del Fondo de Recuperación de la UE será ejecutado por las regiones. Madrid vuelve a ser la excepción, pues mientras todas las comunidades, sean del signo político que sean, ya han activado ayudas directas, aquí las tres derechas no han movido un dedo, salvo para agitar contra el Gobierno de España por algo que es solución regional.
¿Dónde están los dineros aportados a Madrid por España? ¿Qué planes tiene Ayuso con los fondos europeos que están por llegar? ¿Dará alguna explicación el consejero de Transparencia?
Y puestos a realizar preguntas, ¿Hay algo de cierto en que Esperanza Aguirre recogió 60.000 euros de manos de Bárcenas? ¿Sabe la actual presidenta si “Pecas”, la mascota de Aguirre con perfil en twitter, recibió algún regalo fuera de las contabilidades?
Como recientemente escribía Enrique Rico, portavoz socialista de Transparencia “la transparencia en situaciones de crisis es más necesaria que nunca”. Podemos añadir que la oposición también puede empujar contra el oscurantismo yendo más allá de “rogar”, “pedir” o “solicitar”. Quizá sea el tiempo de “exigir” transparencia.