viernes. 29.03.2024

Votar en EEUU

La irrupción de Barack Obama en 2008 propició el récord de participación electoral en la historia de los EEUU. De sus 315 millones de habitantes, unos 130 millones de personas lograron hacer efectivo su derecho a voto sobre una población electoral de 240 millones; un 57%. Las cifras tradicionales de participación apenas alcanzan los 100 millones de votos. Otros 110 millones de norteamericanos con supuesto derecho a voto, no han ejercido nunca dicha facultad. Si cualquier país desarrollado ostenta unos índices de participación que oscilan entre el 70% y el 75% de su censo en las grandes citas electorales, en EEUU este porcentaje no ha superado nunca el 60%.

Los Estados Unidos de América celebran sus elecciones generales en día laborable; "el primer martes después del primer lunes de noviembre". Una peculiaridad en sintonía con toda una reglamentación que parece más dirigida a ahuyentar la democracia real, que a garantizarla.

Se comienza por rogar el "derecho al voto"; un reconocimiento que se adquiere no en calidad de persona física sino documentalmente. La ciudadanía norteamericana no dispone de DNI, por lo que la validación de un individuo se acredita en base a su documentación: un carnet de conducir, un pasaporte, o la cartilla sanitaria de una empresa vinculada a la red asistencial de salud, son algunas de las principales credenciales utilizadas para poder intervenir en el proceso. Como primer filtro, toda aquella persona sin número de la Seguridad Social o sin permiso de conducir, difícilmente podrá garantizar su participación.

El cuestionario a rellenar constituye el segundo filtro del sufragio americano. Con carácter general, toda persona incursa en cualquier infracción penal o administrativa, (la población reclusa está inhabilitada de por vida) tiene obligación de resolver con anterioridad su historial anómalo. Sin entrar en casos extremos, una simple multa de tráfico pendiente, desactiva el derecho al voto y activa la reclamación de todas las posibles sanciones o figuras administrativas aplicables. Importantes sectores de población no se plantean siquiera la posibilidad de solicitar su derecho al voto por temor a las desagradables consecuencias con las que puedan toparse.

Reconocida finalmente la facultad de votar, hacerla efectiva en unas elecciones primarias tampoco garantiza la posibilidad de repetir en las elecciones generales. La oficina electoral adjudica este permiso por un tiempo sujeto a caducidad (que suele cubrir por regla general una sola participación electoral), con lo que el procedimiento debe solicitarse con cada renovada voluntad de votación.

Más allá de lo expuesto, resulta sintomático que en un país desarrollado como EEUU se habiliten los colegios electorales no por barrios vecinales (como ocurre en Europa) sino por núcleos de población, al punto de formarse colas kilométricas más propias de países tercermundistas. Durante las presidenciales de 2008 un reportaje de TV recogía las vicisitudes de votantes que debían desplazarse entre diez y veinte kms hasta su centro electoral correspondiente. No son pocos quienes buscan resolver este problema mediante el voto por adelantado. Para quienes optan por el último día, ejercer su derecho a voto puede suponerles, sin dificultad, un trámite de dos o tres horas sólo compatible con la perdida de media jornada laboral. La recompensa, un nuevo proyecto político donde demócratas o republicanos, serán, una vez más, la única opción de gobierno posible.

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