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sábado. 10.12.2022

La Hispanidad como rasgo

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Los revolucionarios franceses de 1789 descubrieron pronto el abismo abierto ante ellos al proclamar unos principios en abstracto que precisaban de su concreción. Con todo, las revoluciones burguesas sí lograron consumar, a partir de sus conquistas –soberanía nacional, derechos y deberes, separación Iglesia-Estado, pluralismo religioso, reforma de la tierra, proyectos cultural y educativo–, una construcción ideológica o identidad nacional común frente al particular sentido del patriotismo, hasta ahora en manos del tradicional despotismo.

En la Península, sin embargo, el espíritu de las Cortes de Cádiz –paradójicamente a salvo de la tradicional represión gracias a la invasión del francés– nunca estuvo en condiciones de trascender y desarrollarse fuera de aquellas cuatro paredes. En 1814 el Golpe de Estado de Fernando VII ponía fin al esfuerzo constituyente español nacido dos años antes "como si no hubieran pasado jamás tales actos". Recuerda José Luis Abellán en su magna Historia crítica del pensamiento español, cómo la insuficiencia estructural del país iba a determinar fatalmente toda esperanza. La muerte, el presidio o el exilio fueron la recompensa de aquellos hombres, naciendo las dos Españas.

Aquel moderado liberalismo continuaría abrazando la adulterada causa real; una despótica concepción del poder y la política que ya había hecho suya

Dos décadas después, el fallecimiento del Deseado abría el tiempo para una devastadora guerra civil –primera carlista– por espacio de seis años. Si bien se dirimía la definición de lo que estaba por llegar –cristianismo vs nación; sociedad estamental vs soberanía nacional–, tocaba también resolver cuál de las dos facciones en el poder iba a quedarse con el trono. Fernando había roto con sus ultras en 1827. Sin dejar de coincidir un ápice con ellos en lo ideológico, el rey no tuvo más remedio que terminar rindiendo cuentas en Europa enfrentándose a aquellos ortodoxos, hasta entonces en el gobierno, que se negaban a edificar cualquier maquinaria de Estado o a resolverle sus problemas. Confirmada heredera Isabel (II), estallaba el conflicto dinástico entre los partidarios de Carlos, hermano del rey –defensores de la causa restauradora–, y la facción cristina, de comprensión no menos despótica, y sin embargo, instada por sus aliados europeos, a la vez acreedores, a necesarios e ineludibles lavados de cara, compatibles incluso con la tradicional gestión del poder.

Comenzaría así a abrirse paso el gobierno de la regente María Cristina y su camarilla. No se consideraba otra forma de gobernar que no fuera la tradicional. Algo que se certificaría tanto con Cea Bermúdez como bajo el Estatuto real de Martínez de la Rosa. ¿Pero en quién apoyarse frente al asalto de la poderosa causa carlista decidida a recuperar todo el poder? La facción cristina optaba por extender su tolerancia, si así puede decirse, hacia el constitucionalismo gaditano más moderado: unos doceañistas que, tras veinte años de exilio y brutal represión –con el paréntesis del Trienio liberal–, iban a ser graciosamente integrados en palacio.

Manuel Azaña no dejaría de evocar las grandes fallas de aquella transición; lo haría también en su célebre respuesta a Ortega (mayo de 1932) respecto a la cuestión catalana: “Cuando se instaló en España un débil remedo, una débil semejanza del régimen parlamentario –pronto hará un siglo–, el Estado español no tenía fuerza, no tenía instrumento, no tenía ni siquiera contenido que poner en una política de asimilación; disponía del concepto, pero no de los medios y del contenido. Los liberales españoles, los liberales del liberalismo parlamentario, tuvieron la desgracia, o se vieron forzados a pasar por ella, de aliarse con la dinastía reinante en Madrid, porque reducido aquel pobre liberalismo a unos cuantos cientos de familias parlamentarias, y necesitando del prestigio de una Corona, cuando la rama despótica, absolutista y católica se insurreccionó, por buena política tuvieron que apoyar a la rama que quedaba en Madrid”.

Aquel moderado liberalismo continuaría abrazando la adulterada causa real; una despótica concepción del poder y la política que ya había hecho suya. Despachado cualquier esfuerzo honesto, por tibio que fuera, hasta su retraimiento, al siglo XIX español sólo le quedó más represión para dar respuesta a su muy particular proyecto nacional. Todavía un siglo después, el golpe de Estado de 1936 no representaría otra cosa que el definitivo triunfo de herencia neocarlista o nacional-católico frente al advenimiento de una democracia que ya no garantizaba, como había ocurrido hasta ahora, los intereses del mal menor; aquel despotismo liberal.

Hoy, como ayer, vuelve a emerger el sempiterno rasgo; único anclaje, acaso, al que asirse a falta de mejor contrato nacional. Transcurridos cuarenta y cinco años desde la muerte del dictador, el ensañamiento político y mediático de la discrepancia ideológica como adversaria a batir, acaso enemiga a eliminar, continúa certificando la atrofiada salud nacional.

La Hispanidad como rasgo