Hasta el nacimiento de la hacienda pública nacida hace dos siglos, el equivalente a la exención de impuestos, a la no inspección, a las cuentas en suiza, o a los discos duros machacados a martillazos, descansa poéticamente en los castillos.
Como señala Joseph Pérez en su Historia de España, la historia de Castilla durante los reinados de Juan II (1406-1454) y Enrique IV (1454-1474) está acaparada por el conflicto entre una oligarquía nobiliaria reducida, -dos docenas de familias como mucho-, y unos reyes de escasa personalidad. Junto a los señoríos, aparecen las grandes familias destinadas a marcar las pautas de la historia peninsular: los Mendoza, Manrique, Velasco, Ayala, Ponce de León, Zúñiga, Álvarez de Toledo, fundadores a su vez de las grandes casas nobiliarias. Hablamos de cincuenta familias emparentadas entre sí, lo que reduce el número de grandes linajes a apenas dos docenas.
La notable síntesis histórica de Pérez continúa detallando los grandes dominios sometidos a la jurisdicción de la nobleza y ayuda a comprender el origen de un claro sentido patrimonial del país por parte de sus élites. Es en ese momento, señala Pérez, cuando esta aristocracia adopta toda clase de títulos desde una cierta extravagancia nominal: condes de Benavente, de Haro, duques de Alba, de Béjar, de Medina-sidonia, de Medinaceli, de Alburquerque, marqués de Villena, de Cádiz… No sólo acaparaban el campo, procuraban también hacerse con las grandes ciudades. Cádiz quedó en manos de los Ponce de León, Guadalajara bajo el dominio de los Mendoza, Murcia de los Fajardo, los Velasco afianzaron su poder en Burgos y los Enríquez en Valladolid; el duque de Medina-sidonia y el marqués de Cádiz se disputaron Sevilla.
Si en 1520, eran 35 las familias denominadas grandes, tituladas nobiliariamente, que se repartían el poder en Castilla, en tiempos de la revolución francesa, a finales del XVII, son 300 las familias que acaparan toda la riqueza peninsular. Al margen de ellas, todo un pueblo adoctrinado por el clero y la aristocracia, que luchará sin saberlo por preservar los privilegios de sus dueños naturales, por la defensa del Antiguo Régimen. La realidad peninsular, huérfana de una burguesía fuerte a lo largo de toda su historia, quedará secularmente condenada al dictado de los intereses estamentales. La última gran conmoción del siglo XX en España, su guerra civil, no deja de ser la última ofensiva preventiva del patrimonialismo español ante el temor de ver cercenado su poder.
Inicio del curso en Sotomayor
Todos los años el Partido Popular estrena curso político en un señorial entorno adaptado hoy a todo tipo de eventos. No es casualidad que se reúnan allí. Cuestión de esencia. La cultura de la feudalidad, heredera estamental primero, terrateniente después, se vio por vez primera ceñida, encorsetada ante la emergencia positiva del estado-nación. Dos siglos después, la contradicción en términos históricos de la ciencia política es diáfana: frente al estado social, la muerte de éste por inanición.
Hasta la instauración de la nueva hacienda pública nacida hace dos siglos, el equivalente a la exención de impuestos, a la no inspección, a las cuentas en suiza, o a los discos duros machacados a martillazos, descansó en la defensa de las leyes viejas: monarquía, impuestos señoriales y el diezmo eclesiástico. Los súbditos se debían a sus soberanos, a quienes pagaban sus impuestos por habitar sus tierras, por respirar en ellas. Señores que construían sus fortalezas, como la de Sotomayor. Y es que, al contrario que la plebe, hay quien sí tiene conciencia de clase.