En el Real Decreto (RD) Ley 16/2012 no solo se introduce el copago de los pensionistas en la prestación farmacéutica, tal y como se había anunciado por el Gobierno, sino que además se hace también con el transporte sanitario, las dietas y las prótesis y ortesis. Por supuesto todos estos copagos comparten con la farmacia su carácter injusto, insolidario y, por tanto, graves consecuencias para la equidad, en este caso ampliados, porque el RD Ley señala que no habrá topes para su aplicación, y que, como consecuencia, no se podrá esperar recuperación de lo abonado, aunque sea tarde, y que se establecerá teniendo en cuenta el coste real.
No obstante, el copago en el transporte tiene algunas características especiales que conviene resaltar.
La primera es que añade a la desigualdad que generan los copagos por nivel económico y situación de salud, la desigualdad entre el área rural y la urbana, y entre unas y otras CCAA. Conviene recordar que en España hay además de 2 autonomías insulares (Canarias y Baleares) otras 3 CCAA que superan los 75.000 Km2 de superficie (Castilla y León 94.225, Andalucía 87.598 y Castilla La Mancha 79.462) y que además hay algunas CCAA de muy baja densidad de población (Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón con unas densidades de población de 26,65, 26,89, 27,15 y 28,21 habitantes/km2 respectivamente), y por lo tanto al menos en esas CCAA la dispersión de la población dificulta de manera notable a la población su acceso a los centros sanitarios, especialmente a los de atención especializada.
A ello tenemos que unir el hecho de que el área rural está más empobrecida y tiene un mayor porcentaje de personas de edad, con discapacidades y dificultades de movilidad con medios propios. Por ejemplo el Estudio sobre la población rural en España (La Caixa 2009) señala que 1.947.347 personas vivían en 2007 en el área rural en hogares sin ningún vehiculo, y que los hogares que no disponían de automóvil superaban el 60% en 12 provincias (situadas en Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura). Está situación previsiblemente habrá empeorado con la crisis económica.
Claro está que, en este contexto, los nuevos copagos van a suponer un obstáculo muy serio para que las personas que viven en el ámbito rural reciban la atención sanitaria que precisa; por supuesto, lo mismo sucede en las ciudades, pero en estas el transporte público y las menores distancias favorecerán las alternativas a las personas que no tienen graves discapacidades, que siempre verán limitado su acceso a las prestaciones asistenciales. No hace falta recordar que cientos de miles de personas se trasladan a los centros especializados para dializarse, recibir un tratamiento oncológico o rehabilitación. Todas estas personas van a tener un obstáculo añadido y una dificultad para el acceso, y que ésta, medida en términos económicos, va a ser mayor cuanto mas lejos vivan de los centros sanitarios en que precisan ser atendidos. Por poner solo un ejemplo en Castilla La Mancha la aplicación del copago en el transporte supondría un desembolso de unos 9 millones de € anuales a los castellano- manchegos de acuerdo con lo presupuestado en esta comunidad para transporte sanitario en 2009.
Una segunda cuestión a tener en cuenta es que en los últimos 30 años se ha actuado de manera decidida en la ambulatorización de los procesos de diagnostico, tratamiento, y rehabilitación de los enfermos. En la idea de que esta actuación disminuía los costes y favorecía una mejor calidad de la atención sanitaria, estos copagos pueden fomentar una tendencia inversa en la que a muchas personas para garantizar su diagnostico y tratamiento se les prolongara la hospitalización con los costes que ello representa.
Resumiendo, un desastre que aumenta la desigualdad entre los mas pobres y los mas ricos, entre los enfermos crónicos y los que tienen patologías agudas, entre los que viven en las ciudades y los que lo hacen en el ámbito rural. Convendría recordar los apartados 2 y 3 del artículo tres de la Ley General de Sanidad:
2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales
Es necesario recordar que, el RD Ley 16/2012 no ha derogado ni cambiado la Ley General de Sanidad, en clara contradicción con sus contenidos, en este y en otros muchos temas. Conviene recordar que estamos en el inicio de una contrarreforma sanitaria en toda regla, que como muchas otras medidas, quiere colarse de contrabando. EL RD Ley todavía tiene que desarrollarse. Antes de que se produzca este desarrollo es el momento de movilizarse para conseguir que se retire todo lo referente a los copagos que son un obstáculo para el acceso de la población a los servicios sanitarios y un serio problema de inequidad.