Acabo de leer en una red social un breve post del siempre agudo, recto y ecuánime Eduardo Sotillos, post al que conforme respondía, tomaba consciencia de que mucha rito adquiría más consistencia de artículo que de post. 

Escuetamente, el insigne periodista ha removido consciencias con una sugerente frase: «hasta las seis de la tarde ni El País, ni El Mundo, ni ABC, ni La Razón se hacen eco de las grabaciones de Corinna sobre J.C.». 

Finalmente he decidido responder al post sólo con las cuatro palabras que dan título a este artículo, y el resto de mis reflexiones he decidido enviarlas al periódico donde habitualmente colaboro.

Como consecuencia del anzuelo lanzado por el señor Sotillos, he llegado a la conclusión de que hasta que la Casa Real no sugiera ciertas instrucciones a través de los eslabones habituales que modulan su interactuación con el mundo real (no real de soberano sino real de auténtico y existente), lo mas previsible y prudente es que ningún medio serio, y tradicionalmente no problemático para  la Zarzuela y sus ocupantes, se pronuncie sobre el tema que hoy ha saltado a la palestra. Al menos no hasta que reciban las  directrices pertinentes o se las dicte el buen criterio de su línea editorial.

Si un presunto affaire implicara —Dios no lo quiera— al patriarca de los borbones en un también presunto problema de presuntos capitales y su blanqueo —con presunta testaferra incluida—, la perruna fidelidad que la prensa tradicional brinda a la Familia Real, propiciaría el abordaje del asunto con un vaporoso y delicado trato. Y esta vez habría más motivos que nunca porque a la Familia Real le es fácil ganar puntos en una declaración de presuntos principios del tipo «la justicia es igual para todos» sacrificando —al menos por ahora— a un yerno díscolo, sobre todo cuando esta actuación aporta credibilidad a la institución. 

Pero si un sucio tema salpicara la imagen del emérito referente a quien la historia atribuye —así es hasta hoy— el ‘milagro’ de la Transición, la actual Monarquía se encontraría ante un grave problema. Pues, al igual que sucede cuando se le exige a un político imputado —investigado inspeccionado, escrutado, indagado u olisqueado, sírvase cada cual como guste— que abandone su cargo cautelarmente hasta que su inocencia quede demostrada, si quien viera su honestidad en tela de juicio fuera la misma persona que antes fue Rey de España —recordemos fue Juan Carlos I quien dijo una Nochebuena que «la justicia debe ser igual para todos»—, como ya no tendría ningún cargo que abandonar por haber abdicado, lo que más se cuestionaría durante la hipotética judicialización del presunto asunto sería la propia institución monárquica.

Como consecuencia, sería de esperar que los republicanos mas furibundos y beligerante se lanzaran como hienas contra la legitimidad de nuestra querida Monarquía Parlamentaria, tan aclamada por el pueblo -según se nos hace creer- y por el tradicional fervor borbónico que desde el fin de la Dictadura flota en el ambiente -se nos hace creer también-.

Pero, tristemente, tengo la convicción de que una vez más no pasará nada.

Por cierto, ¿alguien sabe quién es esa tal Corinna, la dama de cuya credibilidad dudan algunos medios?