Me invadió un desconcierto próximo al pasmo cuando leí en la prensa las declaraciones de Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, al manifestar su voluntad de «tensar la cuerda hasta el final» en su negativa a permitir que se exhumen los restos de Francisco Franco, a no ser que el Papa Francisco se lo pida en persona.
Este y muchos más aconteceres acrecientan cada día mi sensación de vivir en un país de opereta, donde se otorga rango de normalidad a una concatenación de despropósitos que la razón (me refiero al raciocinio) considera inadmisibles y disparatados. Un país donde se nos sanciona a soportar una campaña electoral tras otra sin que los políticos sean capaces de gestionar nuestros votos y consensuar un gobierno que refleje la voluntad de la ciudadanía. Un país donde nadie se pone de acuerdo en diferenciar algo tan sencillo como es la figura legal de un preso político y la de un político preso. Un país donde un prior fanático y terco como una mula -y este es el leitmotiv del presente artículo-, un personajillo con faldas y a lo loco sin más argumentos que su rancia ideología, la obediencia a su dios y su veneración a la figura de Franco, se pasa por el forro las leyes de un estado democrático al que tiene en jaque al retener la momia de un dictador al que venera y anhela que descanse in aeternum en un mausoleo construido con la sangre, el sudor y las lágrimas de unos seres humanos cuyo único pecado fue luchar por la libertad, y no resignarse vivir bajo el yugo opresor de una dictadura fascista impuesta por un general de voz atiplada y cortedad de talla política, un golpista que se rebeló contra una República proclamada en las urnas y cuya bandera juró defender.
Es irracional y desconcertante que casi medio siglo después de la muerte del dictador, las familias a las que tanto dolor infligió se hayan visto forzadas hasta hoy, como el resto de españoles, a financiar la tumba de quien ordenó y firmó tantos asesinatos
Resulta burlesco que un monje con ínfulas de provocador y tocapelotas tenga en vilo a un estado de derecho en el que se siente inmune ante lo que la ley le exige. Es tanta es mi indignación que sueño con que algún avezado experto en leyes descubra -para aplicarlo de inmediato- una especie de Artículo 155 híbrido entre el derecho constitucional y el canónico, un vericueto legal que permita al Estado forzar al insumiso prior a batirse en retirada, enviando al Valle de los Caídos una aeronave similar al Carro de Fuego del profeta Elías (2ª de Reyes, Capítulo 2, de la Biblia) decorada con pegatinas de Piolín y llena de policías dispuestos a impedir el parapeto de tan siniestro mausoleo, a fin de que el personal funerario y forense haga su trabajo en paz en ese faraónico panteón que no es propiedad de la Iglesia católica sino de todos los españoles. Una construcción con la cruz más alta y absurda del mundo, ordenada levantar por Franco 1940 y 1958 a través de la Redención de Penas por el Trabajo, u eufemismo de trabajos forzosos carcelarios aplicado a cerca de 20.000 personas privadas de su libertad por su condición de presos políticos.
Es irracional y desconcertante que casi medio siglo después de la muerte del dictador, las familias a las que tanto dolor infligió (incluso las que tienen víctimas tiradas en una cuneta a las que no han podido dar sepultura) se hayan visto forzadas hasta hoy, como el resto de españoles, a financiar la tumba de quien ordenó y firmó tantos asesinatos.
Es por ello que manifiesto mi desprecio por el enajenado prior del Valle, ese fanático estancado en un pasado, para él y los suyos glorioso, y reivindico la necesidad de revisar -a la baja y sin concesiones- el concordato con la Santa Sede, así como cerrar el grifo del dinero que religiosamente percibe la Iglesia Católica por parte de un gobierno que la mayoría de los españoles desea que sea -de verdad- laico y aconfesional.