¿Tanto cuesta, desde el independentismo, reconocer que la legislación actual impide la celebración del referéndum al que sin duda tienen derecho los catalanes, aunque sea sólo desde la lógica que regula libertad de opinión y elección?
Puede que tras el 2 de octubre escuchemos, o leamos, en los medios de comunicación que «finalmente se impuso el estado de derecho», o tal vez que «Cataluña logró su referéndum». Incluso es posible también que leamos ciertas noticias que deseo fervientemente nunca lleguen a suceder.
Es imprevisible lo que pueda pasar el próximo el 1 de octubre, no obstante, y a título personal, me atrevería a pronosticar que tal vez al final haya urnas, papeletas y una inmensa cantidad de ciudadanos ansiosos por votar –que los hay, y son millones—, pero lo que no creo es que ese día se celebre un referéndum en Catalunya.
Esto no quiere decir que el 1-O no vayan a votar los catalanes que deseen hacerlo, pues también se votó el 9 de noviembre de 2014, pero no hubo referéndum. El dilema, si se vota, estará en cómo y donde se haga, con que costo social en altercados por la intervención policial, y también en quienes acudan a votar, pues es un hecho que los contrarios al referéndum no piensan hacerlo, y una convocatoria en la que no participan los contarios a que se celebre, no es un referéndum propiamente dicho.
Si el Govern está empecinado en mantener una convocatoria que no se ajusta a ley, no cuenta con un respaldo internacional y que jamás dará como resultado una república, aunque venciera el sí, no es más que por provocar reacciones contundentes del Gobierno español que beneficien al independentismo victimizándolo. De hecho, se habla ya de presos políticos en España, y sería todo un logro propagandístico para el nacionalismo catalán si las portadas de la prensa nacional e internacional mostraran la imagen de Puigdemont detenido junto a un puñado de políticos independentistas.
Ante este panorama me planteo varias cuestiones:
¿Siendo que estamos ante un estrepitoso fracaso de la clase política, dónde están los grandes estadistas capaces de llegar a un acuerdo basado en lo racional y legal y no sólo en entelequias?
¿Nadie ha reparado que tanto Quebec como Escocia tuvieron sus respectivos referéndums y no ocurrió absolutamente nada que haya interferido en la estabilidad política de los países donde ambos territorios están integrados?
¿Tanto cuesta, desde el españolismo, entender que la cuestión del referéndum (y la del independentismo catalán) no es un dislate caprichoso que deba desecharse sin mas, sino un problema real y una manifestación del inalienable derecho de la ciudadanía a ejercer su voluntad?
¿Tanto cuesta, desde el independentismo, reconocer que la legislación actual impide la celebración del referéndum al que sin duda tienen derecho los catalanes, aunque sea sólo desde la lógica que regula libertad de opinión y elección?
¿Por qué son tantos los que ponen pegas a modificar la Constitución para que el referéndum catalán pudiera celebrarse, siendo que no es una taza de porcelana, no se romperá aunque se le introduzcan cambios, y sobre todo contando con el precedente de que ya hubo una reforma constitucional 2011 que modificó el artículo 135?
Podría hacer mas preguntas, como el por qué del miedo de algunos a que aceptar este referéndum abriera las puertas a solicitudes de otros en los que se cuestionara, por ejemplo, el carácter hereditario de la transmisión de la jefatura del Estado, pero este no es el tema que ahora nos ocupa. Bastante tenemos ya con el que nos ha caído encima.