La portavoz de Vox en la Madrid, Rocío Monasterio, dejó bien claro que «lo que vamos a negociar [para dar el sí los presupuestos] no va a ser sólo la libertad educativa, van a ser muchas más cosas [además del pin parental] y hasta que esas cosas no se cumplan no habrá presupuestos». Esta advertencia —en clave de amenaza— es también aplicable a aquellas comunidades (Murcia, Andalucía) donde gobiernan las tres derechas con el voto de Vox como última palabra para tomar cualquier decisión. Es decir, el partido de ultraderecha deja bien claro que tiene un gran peso político en estas comunidades y por tanto, por mucho que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, haya asegurado que no se implantará el ‘pin parental’ en las comunidades autónomas donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP, todo apunta a que este ‘pin’ puede ser la primera victoria de la ultraderecha ante una serie de cuestiones que a Pablo Casado se le acabarán yendo de las manos no dejándole más opción —sin duda, Aznar se lo ordenó en su cara a cara de la pasada semana— que endurecer su discurso para competir con Abascal.
Pero volvamos al ‘pin parental’ y planteemos una serie de cuestiones: ¿Daría derecho ese pin, por ejemplo, a que los padres/madres republicanos se nieguen a que a sus hijos se les hable de la monarquía en los centros docentes por ir en contra de sus convicciones? ¿Daría derecho a que un padre machista y maltratador se niegue a que sus hijos asistan a una charla que se imparta en su colegio sobre violencia de género? ¿Daría derecho a que un padre/madre terraplanista censure las lecciones de geografía en las que se diga a sus hijos de que la Tierra es redonda? Seamos serios y llamemos a las cosas por su nombre, considerando que el ‘pin parental’ es una censura que priva a los niños de su derecho a una educación plural, amplia e integral.
No es adoctrinamiento que en un colegio se informe a los niños del mundo real que existe independientemente de la voluntad de sus progenitores
Los niños no son una extensión ni una posesión de sus padres ni tampoco de nadie, sino unos seres con derecho a recibir una formación amplia y diversa que les permita elaborar sus propios criterios más allá del adoctrinamiento de unos progenitores que pretenden convertirles clones de ellos mismos, inculcándoles un clasismo excluyente y menospreciativo hacia ciertos grupos sociales, e imbuyéndoles supersticiones o creencias absurdas, como por ejemplo que una mujer pueda quedarse embarazada por una paloma y seguir siendo virgen.
No es adoctrinamiento que en un colegio se informe a los niños del mundo real que existe —y siempre existirá— independientemente de la voluntad de sus progenitores. Adoctrinamiento es mantener aislados a los pequeños en una burbuja donde sólo rijan las creencias impuestas por el microcosmos sociocultural de su familia de origen, una actuación que refleja la debilidad unos argumentos basados en ideas cerradas a cualquier concesión o reconocimiento a razón alguna más que la propia.
El pasado mes de mayo, Rocío Monasterio, en una entrevista en Es Radio —cómo no— declaró que en los colegios de Madrid «a los niños con 8 años se les dan unos cursillos en los que se les dice que tienen que probar a ser niña, y la niña a ser niño» y también «se les habla de zoofilia y de parafilia y se les invita a probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a los demás». En esta clara obsesión por el sexo y el control de la educación, a los ideólogos de Vox se les escapa que por más que se empeñen en lo contrario, un niño o una niña será homosexual o lesbiana si así lo decide una orientación sexual que no se inculca, no se contagia y no se cura por más que algunos obispos y aspirantes a sexólogos de la extrema derecha promuevan terapias de curación para gays y lesbianas.
Lo preocupante del chantaje del pin es que PP y Ciudadanos se sientan forzados en Murcia (el problema se expande ya a otras comunidades) a aceptar la implantación del susodicho pin a cambio de que Vox vote sí a los presupuestos. Subyace a su vez la certeza de que muchos políticos y militantes de estos partidos están de acuerdo con esta censura parental aunque no se atrevan a reconocerlo en público. Reseñemos como colofón que el PSOE de la Región de Murcia se ha ofrecido a votar a favor de los presupuestos del PP si el gobierno autonómico retira el pin.
En manos del gobierno autonómico murciano está aceptar o rechazar un modelo de chantaje por parte de la ultraderecha que corre el peligro de implantarse en otras autonomías.
Al tiempo.