jueves. 28.03.2024

Sentido común

Resulta curioso que el consejo o sugerencia más generalizados sea la recomendación de sentido común, siendo como es el menos empleado...

Resulta curioso que el consejo o sugerencia más generalizados sea la recomendación de sentido común, siendo como es el menos empleado en la mayoría de los casos. Tras un periodo, demasiado extenso ya, de balbuceos de racionalidad que intentaban radiografiar la situación y poner en claro alguna de sus características, con objeto de entrever las salidas razonables a nuestros problemas, tendremos que concluir que no hay demasiado sentido común en las acciones gubernamentales que condicionan la vida de los españoles.

Si puede haber algo indiscutible en la experiencia vital, es que la previsión es la mejor de las terapias, capaz de evitar las circunstancias sobrevenidas negativas. Cuando se actúa preventivamente, se está aplicando el más puro sentido común, antecediendo y anticipando las consecuencias de nuestros actos. La anticipación exige conocimiento de causa, control de los elementos decisorios, identificación de los componentes principales, seguridad en las opciones, análisis de las alternativas y capacidad de simular lo que ocurrirá en diferido. Todo lo anterior significa que se está en posesión del conocimiento de la situación. ¡Qué menos se puede exigir a unos profesionales de la política! Los gobernantes están obligados a exhibir estas capacidades. Si no están adornados por tales atributos, deberían abstenerse de ejercer un papel para el que no están dotados mínimamente. Venimos observando, con harta frecuencia, dotaciones muy limitadas en algunos de nuestros gobernantes, más de los deseables.

En estos exámenes con los que nos aplicamos el cilicio de la autocrítica, que nos visita cada año por estas fechas, al comenzar el año, en el espíritu inducido por el actual gobierno, que trata a toda costa de hacernos rehenes de nuestra desdicha, surge del siniestro inframundo del PP el mantra que apela a la asimilación del Estado a una familia, según el cual se concluye que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que ahora hay que ajustarse el cinturón. Claro que, como se ha señalado en muchas partes, las herramientas que posee el Estado están muy lejos de las que están al alcance de una familia. Además de las consabidas medidas relacionadas con la actividad financiera y fiscal, no hay equivalencia entre las consecuencias del ahorro familiar y el de un Estado. En este último caso las consecuencias derivadas de una disminución del gasto inciden en los ingresos, cosa que en el caso familiar no se da. Lo sorprendente es que nuestros gobernantes actuales, no hayan sido capaces de percatarse de que los ingresos que dicen que han caído,  que se han desplomado, tienen mucho que ver con las medidas que ellos han tomado.

Tenemos claro que si un gobernante se lleva dinero, directa o indirectamente, hay que fulminarlo. Bueno, déjenme que haga un ejercicio mental, sin más pretensiones. Es cierto que la sociedad está siendo demasiado permisiva con estas ocurrencias y no castiga debidamente. Solamente podemos entender esas votaciones habidas en algunas regiones españolas, ciudades y pueblos incluidos, en que se han refrendado algunos políticos incursos en procedimientos por estas cosas y han salido elegidos, desde la óptica de que los políticos son sólo una parte de la sociedad. Ello indica que la cuestión es todavía más peliaguda de lo que se creía y que afecta a una parte amplia de la sociedad, de igual modo que a una parte de los políticos. Algún día acometeremos como Sociedad, tal eventualidad. Queda pendiente. En todo caso, aunque solamente fuera por vergüenza torera, la mayoría de la gente opina públicamente que a tales políticos había que apartarlos de la actividad pública. Bien, si ello tiene algún fundamento es por el hecho de que ha dilapidado la confianza en él depositada y ya no es digno de consideración, dado que incurre en quebrantos indebidos a los intereses públicos, es decir los que son de todos, no olvidemos que este es el significado de bienes públicos.

Hay otras formas de atentar contra los intereses públicos, como los derivados de una gestión deficiente, que repercute en los recursos colectivos. En el caso de las entidades financieras, parece estar meridianamente claro: un gestor financiero que desarrolla acciones que perjudican a sus clientes, incurre en responsabilidades, también pecuniarias, como hemos podido contemplar en escándalos como los del fórum filatélico, fondos de inversión o las mismísimas preferentes. Pero, ¿qué deriva de una toma de medidas gubernamentales, equivocadas, perjudiciales para los ciudadanos? No es trivial la respuesta, porque la pregunta no es banal. Cualquier gestor que liquide una empresa resulta castigado, severamente, cuando sus iniciativas son contrarias a los intereses de la empresa, personificada en su o sus propietarios. ¿Cómo pueden haber paliativos para unos gobernantes que atentan contra los intereses de sus propietarios, los españoles? Es de sentido común. Un gestor que ha arruinado o infringido un severo quebranto a una empresa, nunca podrá ser contratado de nuevo en esa misma empresa, argüiría el propietario que con una vez es suficiente, que no se puede dar una segunda oportunidad a quien no supo aprovechar la primera. En cuestiones de Estado, los propietarios somos los españoles y quien atenta contra nuestros intereses hay que apartarlo de las riendas y a su equipo, a su grupo, hay que separarlo durante el tiempo necesario para que aprenda lo que ignora. Son cosas de sentido común.

Este año tendremos la oportunidad de calificar en una contienda electoral, a un partido político no ha aplicado el sentido común. Muy al contrario, se ha dejado llevar por convencionalismos trasnochados y ha hecho uso de métodos y procedimientos que no figuran en los códigos de buenas costumbres políticas. No podemos pasar por alto estos hechos. Nadie puede creer que no siendo bueno para él, pueda serlo para otros. Este tipo de concesiones nos ha llevado donde estamos. Llega el momento en que, en lugar de limitarnos a recomendar el sentido común, debemos tomarlo en consideración y obrar en consecuencia. De no ser así, contribuiremos a ahondar lo que detestamos. Quedaremos descalificados en la crítica, pasando a ser parte del problema.

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