El mismo día que el Tribunal de Estrasburgo vuelve a pintar la cara a la justicia española con el caso Otegui, quince magistrados del Supremo deciden denigrar todavía más la imagen de la justicia española en Europa y ante sus propios ciudadanos reculando en una sentencia que hubiera perjudicado a la banca y beneficiado a los firmantes de una hipoteca.
Hasta cuándo toleraremos que la fiscalía y los principales puestos judiciales sean nombrados por los partidos políticos y respondan más a los intereses de estos que a los de la justicia
Habrá que descubrir el papel que el PSOE -que la misma mañana del cambio de opinión cuantificó lo que costaría a la hacienda de las comunidades que los bancos se hicieran cargo del impuesto- ha jugado en todo esto. Y cuántos cursos, charlas y viajes han cobrado o cobrarán de los bancos o la patronal bancaria los magistrados que han votado a favor de esos mismos bancos.
Porque no duden que nos hablarán de independencia de la justicia, de la estabilidad económica, del bien nacional y demás monsergas. Nos llamarán demagogos, o antisistemas, por decir que la ley se ha alejado todavía un poco más de la justicia. Pero si el sistema permite que la banca siempre gane y que se rían de nosotros, en nuestra cara, mientras engolan la voz y retuercen el lenguaje para demostrar que ellos, y solo ellos, saben, conocen y comprenden lo que de verdad nos conviene, a lo mejor el sistema tiene que ser cambiado. O destruido.
Porque quienes dicen ser los guardianes de las esencias democráticas, los grandes patriotas, los depositarios del sentido de Estado, han convertido muchos aspectos de la política de este país -pregunten si no a Villarejo- en un lodazal de intereses cruzados, choriceos y lucha absurda por el poder y la pasta. Un lodazal en el que el personal de a pie pinta -pintamos- muy poco, o nada.
La pregunta es hasta cuándo vamos a soportar este estado de cosas. Hasta cuándo toleraremos que la fiscalía y los principales puestos judiciales sean nombrados por los partidos políticos y respondan más a los intereses de estos que a los de la justicia. Durante cuánto tiempo se puede deteriorar una democracia y seguir llamándose democracia. Cuánto más pueden ganar las grandes empresas y empobrecerse el ciudadano antes de que las costures revienten por algún lado. Y lo más importante: qué ocurre si en las aguas revueltas de la injusticia, la precariedad y el hartazgo acaba pescando votos algún político como Trump o Bolsonaro.