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La seguridad: un problema para la izquierda en América Latina

nuevatribuna.es | 02 de noviembre de 2019

El discurso de la «mano dura» ha vuelto a América Latina. ¿Por qué crecen las narrativas punitivistas y militaristas? ¿Qué legado dejaron en temáticas de seguridad los gobiernos progresistas? ¿Cómo puede desarrollarse una política de izquierda en esta materia? Lucía Dammert, socióloga dedicada al análisis de la seguridad, el crimen y la gobernabilidad en América Latina, conversa sobre estos temas en esta entrevista.

Todos parecen coincidir en que América Latina asiste a una crisis en materia de seguridad. Actualmente, parece haber cada vez más voces en la derecha expresando la necesidad de un «orden» que asocian con procesos de militarización, con políticas de «mano dura», con una seguridad entendida por fuera del marco de las desigualdades. Sin embargo, también se observa que las izquierdas (que sí hacen referencia a la desigualdad) tienen pocas ideas para resolver las problemáticas específicas de la seguridad. ¿Cuál es realmente la posición del progresismo latinoamericano en la materia? ¿Están siendo capaces las izquierdas de enfrentar el fenómeno?

En principio, considero que es cierto que hay dos discursos generales que se manifiestan y sirven en la conversación política y en los procesos electorales. Sin embargo, la realidad es que los gobiernos de izquierda en América Latina han hecho cosas muy parecidas a los gobiernos de derecha. En los temas vinculados a la seguridad, ni el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, ni Evo Morales en Bolivia, ni el equipo de Lula en Brasil, ni Correa en Ecuador, ni los Kirchner en Argentina tuvieron una llevada a la práctica del discurso progresista. No es que no hayan hecho nada. De hecho, en algunas áreas introdujeron programas sociales que tendieron a luchar contra las causas de la delincuencia. Pero esos programas fueron muy limitados. Cuando se observan los temas duros y puros vinculados al control de la prevención del delito, la verdad es que los avances son básicos. Eso conduce a una situación trágica en la que la ciudadanía no se percata de las diferencias entre unos y otros. La ciudadanía ve que los gobiernos del progresismo latinoamericano no introdujeron una diferencia securitaria de tipo sustancial. Con mayor o menor grado, dependiendo de cada caso, las policías siguieron siendo convocadas a reprimir, hubo leyes que definieron tipos penales novedosos, en algunos casos se llegó incluso a disminuir la edad de imputabilidad penal y no hubo un reconocimiento real de los problemas del sistema carcelario.

¿Cuáles deberían ser las bases de una política de izquierda en seguridad?

Lo primero e ineludible es que una política progresista de seguridad tiene que tener control civil sobre las policías. Un gobierno que se autodenomine de izquierda no puede permitir que las policías sigan haciendo sus negocios históricos. La izquierda no puede darles autonomía con tal de administrar el problema. Por otro lado, la izquierda debería potenciar los niveles de transparencia en el uso de recursos públicos en todo aquello que se vincula al control de la prevención. Un gobierno de izquierda debería oponerse con mucha fuerza, pero también con políticas muy nítidas, a la privatización de la seguridad. Eso implica generar entes reguladores muy serios que limiten fuertemente los incentivos que hoy tiene la industria de la seguridad para generar sensaciones de miedo en la ciudadanía. Por otro lado, la izquierda no debería jugar con el populismo punitivo intentando hacerse cargo de banderas de la derecha que nada tienen que ver con su identidad.

Los gobiernos de la llamada «década progresista» implementaron, en líneas generales, algunas políticas de prevención destinadas a evitar que los jóvenes entren en el mundo del delito. De hecho, en toda la región se desarrolló una batería de programas sociales, comunitarios y deportivos. Esa política, sin embargo, no parece haber sido suficiente para combatir la criminalidad y alejar a los jóvenes de la captura de esas bandas. ¿Cómo podrían los progresistas y las izquierdas ampliar el espectro de políticas a adoptar?

Sucede que existen tres tipos de políticas de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es aquella que aplicaron los gobiernos progresistas. Es una política que consiste en desarrollar espacios deportivos y comunitarios, pero también en ofrecer a sectores vulnerables mejores condiciones de iluminación y de infraestructura. Es una buena política, pero es solo paliativa, dado que genera una sensación de seguridad más que una interrupción o una limitación real de las posibilidades de desarrollo o de ingreso en el mundo del delito. Sin embargo, tenemos las otras dos políticas de prevención en las que, de hecho, la izquierda debería enfocarse cada vez más. Está estudiado que los hijos de aquellas personas que tienen contacto con el sistema penal (los hijos e hijas de gente presa) tienen muchas más posibilidades de caer en la delincuencia. Y es ahí donde se desarrollan las políticas secundarias y terciarias. ¿En qué consisten? En una acción más directa sobre la población vulnerable. Se trata, en líneas generales, de programas reales de acompañamiento a esos niños y niñas vinculados familiarmente al mundo del delito. Se los acompaña directamente al colegio, se los introduce en una buena cantidad de actividades cotidianas que van modificando su vida diaria. Esto habilita y permite que salgan del círculo delictivo. Pero es justamente ahí donde la izquierda tiene su déficit.

Existe una narrativa muy presente en el actual escenario político latinoamericano según la cual varios países del continente podrían sufrir un fenómeno de «mexicanización» o de «colombianización». Con estos términos, que en general son utilizados de forma muy peyorativa, se afirma que existen serias posibilidades de que distintos Estados sean capturados por las mafias y las bandas de delincuentes organizados transnacionalmente. ¿Es realmente posible que se produzca una situación de este tipo?

Una de los principales desafíos de la democracia es enfrentar a las organizaciones criminales. En América Latina tenemos una situación muy compleja, dada la enorme cantidad de mercados ilegales. Dejemos de lado, por un momento, el mercado de la droga. Tenemos mercados ilegales integrados en organizaciones criminales transnacionales que realizan explotación de mujeres, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de especies de la Amazonía, tala ilegal, minería ilegal, entre otras muchas. Esto da cuenta de que existe realmente un potencial para que la gran mayoría de los países latinoamericanos se vinculen a estas redes. La diferencia con lo que vemos en países como México es, sin embargo, clara y ostensible. En el resto de los países de América Latina hay organizaciones criminales poderosas pero que no enfrentan al Estado. Son organizaciones que han crecido, que se han desarrollado y que han aumentado su poderío. Pero, aun así, no tienen un poder suficiente para enfrentar directamente a la maquinaria estatal.

¿Qué sucede con la feminización del delito? ¿Qué pasa con las mujeres que forman parte de las organizaciones criminales?

La mayoría de los estudios nos demuestran que en el corazón del desarrollo de las organizaciones criminales y de sus niveles de violencia están las masculinidades patriarcales que hemos desarrollado en América Latina. Esto está en el corazón porque se trata de varones que han sido formados en la violencia como forma de expresión, en el uso de la mujer como un objeto, en el maltrato como parte de la cotidianeidad. Hoy en día, en aquellos países en los que encontramos criminalidad organizada, se verifican y se evidencian hechos que todavía no son tipificados como femicidios, pero que deberían serlo porque se trata de mujeres asesinadas por peleas de bandas en las que, tal vez, la pareja de la mujer está involucrada. Hay diversos estudios sobre asesinato de mujeres en situación de pertenencia a organizaciones criminales en los que se indica claramente que la violencia contra el cuerpo de una mujer es muy distinta de la que se ejerce sobre el cuerpo de un hombre. Las posiciones de poder de las mujeres en las organizaciones criminales suelen ser, además, mucho menores que las de los varones. Incluso en estos espacios las mujeres son relegadas y subordinadas. Esto demuestra que es imposible separar las esferas y tener un ministerio aparte y específico. No se trata de tener un ministerio contra la violencia contra la mujer, sino que se trata de un tema estrictamente transversal.

Lucía Dammert es socióloga y doctora en Ciencia Política, reconocida internacionalmente en materia de seguridad pública, actual profesora de la Universidad de Santiago, visitante de la Universidad de Harvard y miembro del consejo asesor sobre desarme de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Esta entrevista se desarrolló en el marco del Primer Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible realizado por la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL), en la ciudad de Bogotá.

Artículo publicado en nueva sociedad

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