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Recuperar el prestigio del Canal de Isabel II

nuevatribuna.es | 09 de noviembre de 2019

Diego Cruz Torrijos y Rafael Gómez Montoya | Un modelo de éxito empañado por la corrupción

El pasado día 7 de junio la agencia de calificación de riesgos Moody's informó de la rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo del Canal de Isabel II.

Esta noticia no fue más que la conclusión de un proceso de análisis que ya anunciaba esta lamentable conclusión basada en interpretaciones al respecto de su situación crediticia actual y futura, cuestión que las noticias que han venido llegando de América no han ayudado a solventar.

No es casualidad que las prácticas corruptas antes mencionadas coincidieran con el intento de privatización emprendido por Aguirre y González, pensando probablemente los hoy imputados que, dentro de ese proceso, sus desmanes pasarían inadvertidos

Efectivamente, el anuncio efectuado el 4 de octubre de 2018 por parte de la Fiscalía General de Colombia del embargo a Canal de Isabel II del 85% de las acciones de Triple A de Barranquilla, a través de las cuales controla Inassa y la mayoría de las inversiones del Grupo Canal en América Latina, no es una buena noticia, aunque si un buen momento para reflexionar sobre el futuro de este Grupo cuyo prestigio se debe recuperar.

Al margen del apoyo a las acciones legales que se deban emprender desde el Grupo y la Comunidad de Madrid en defensa de los intereses y el patrimonio del Canal, que es propiedad de todos los madrileños, y sin olvidar los procedimientos judiciales en curso por presuntos pagos de comisiones ilegales en América y España, por los que está procesado como beneficiario Ignacio González, entre otros, al menoscabo económico, que se debe a la apropiación ilegal de estas mordidas y no al "lucrativo" resultado económico de unas empresas dedicadas a la venta de un bien necesario como el agua, hay que añadir, y esto es más importante para el futuro, el deterioro de la reputación de un Grupo cuyo funcionamiento profesional ha garantizado el suministro de agua de calidad y a precios inferiores a la media española para millones de familias madrileñas, que ha mejorado también de forma muy importante la limpieza y depuración de las aguas en la Comunidad de Madrid, contribuyendo asimismo al desarrollo de la cultura y el deporte para miles de madrileños.

Un Grupo con alta rentabilidad en España, lo que ha permitido durante años mejorar la inversión y reportar beneficios a la Comunidad. La clave del éxito ha estado en el agrupamiento de la gestión y el suministro de las concesiones del servicio del agua, que son municipales, en un Ente Público de una Comunidad Autónoma con un territorio concentrado, una población elevada y una red consolidada que viene funcionado desde hace siglo y medio. Un intento de privatización afortunadamente frustrado.

No es casualidad que las prácticas corruptas antes mencionadas coincidieran con el intento de privatización emprendido por Aguirre y González, pensando probablemente los hoy imputados que, dentro de ese proceso, sus desmanes pasarían inadvertidos. Una privatización que no se justificaba ni por el funcionamiento ni por la buena situación económica de la empresa, y mucho menos por la satisfacción de los usuarios que estaba entre las más altas de España.

La presión social, los escándalos y la pérdida de la mayoría absoluta por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid han parado la privatización, aunque conviene dar más pasos para que el proceso sea irreversible y reforzar el modelo de gestión pública para que se avance en la recuperación del prestigio perdido y en la consolidación de un Grupo público que vuelva a ser ejemplo de buen funcionamiento en la gestión de un Servicio Público, como el suministro de agua y que nunca más pueda utilizarse de manera partidaria por nadie.

Para dar respetabilidad a la privatización y aflojar las resistencia de los ayuntamientos, obligados y competentes para la prestación del servicio, se les ofreció participación en la propiedad de la empresa gestora, Canal Gestión, a cambio de dar su visto bueno a la operación. Resultado de esta presión, imprescindible para que se pudiese participar y recibir los correspondientes dividendos, en 2 un momento en que la situación económica de los ayuntamientos era mucho peor que la actual, fue la incorporación de 111 municipios al accionariado de la empresa, del que quedaron excluidos los no firmantes.

Como no hay mal que por bien no venga esta participación municipal que, por justicia y revertida la privatización debería ampliarse a los municipios entonces excluidos, debería ser una de las claves del futuro y la cooperación de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos se convertiría en un elemento para recuperar el prestigio perdido. Porque con unos ingresos anuales cercanos a los 900 millones de euros, beneficios superiores a los 230 y una deuda financiera externa en torno a los 600 millones en 2016 y reduciéndose, el Grupo Canal no tiene un problema económico, pero si tiene un serio problema de imagen y reputación que no se debe ni al suministro de sus servicios ni al trabajo de sus profesionales, que ha continuado con eficacia hasta hoy, sino al funcionamiento corrupto de parte de sus élites y, sobre todos, a un ex presidente del Partido Popular en ésta Comunidad y a su utilización para campañas de este partido.

Algunas consideraciones legales sobre el modelo y su futuro

A pesar de ello, algún informe conocido recientemente señala problemas de posible constitucionalidad y de relación con la legislación de la Unión Europea referentes al modelo. De estos problemas uno de los que tendría entidad está en los orígenes del modelo y se relaciona con la legalidad de la adjudicación directa de los servicios por parte de los ayuntamientos al Canal y la otra con relación a las limitaciones, transmisibilidad, de las acciones de los ayuntamientos en Canal Gestión, por diversas causas.

  • Con relación a la primera la doctrina más extendida, por lo que no se han debido apreciar problemas durante estos años, es que se interpreta que el sector público en su conjunto responde al interés general, independientemente de que sea autonómico, dependencia de la empresa concesionaria, o local, responsable del servicio, con lo que se cumpliría la condición para poder adjudicar directamente ya que la respuesta común al interés general supondría que el poder adjudicador, los ayuntamientos, ejerce sobre la persona jurídica, Canal de Isabel II, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Por el contrario este sí que hubiese sido un problema si la privatización hubiese seguido adelante, en cuyo caso la adjudicación directa no se justificaría por interés público y los municipios deberían haber revisado todas sus adjudicaciones.
  • Con esta interpretación, la participación de los ayuntamientos en la empresa Canal Isabel II Gestión no supondría un cambio si las acciones en su poder no fuesen transmisibles ni por vía venta ni por vía embargo, limitación actualmente existente pero que se pone en duda por algún informe legal. Aun así la limitación de la participación accionarial de los ayuntamientos hasta un máximo del 30% de la empresa hace que, en el caso de que si pudiesen transmitirse por una u otra vía, venta o embargo, los problemas se planteen en caso en que él X % de participación fuese suficiente para bloquear decisiones en contra de la voluntad pública. En el límite máximo y si todo se plantease simultáneamente y todos los privados se pusiesen de acuerdo, en el caso en que hubiese decisiones que se pudiesen bloquear por el 30% minoritario frente al 70% mayoritario.
  • Por tanto y para garantizar la continuidad de modelo sin alterar su legalidad se trata de analizar simultáneamente la participación de todos los ayuntamientos, sin discriminación, en Canal Gestión y de revisar si existen decisiones en la empresa que por Ley General o Estatutos propios requieran mayorías superiores al 70% de la propiedad y que puedan alterar decisiones que afecten a la voluntad pública. Al mismo tiempo se trata de explorar protocolos o compromisos legales que permitan mantener el accionariado de la empresa dentro del sector público, por ejemplo derecho de 3 tanteo previo de la empresa Canal, en caso de intención de venta o embargo por parte de algún ayuntamiento.

Hoja de ruta de actuaciones

Así los elementos sobre los que trabajar deberían ser:

  • El ejercicio efectivo de la personación en los tribunales en los casos sobre corrupción que afectan al ente para garantizar la defensa efectiva de sus intereses y los de todos los madrileños.  Ejercer también activamente la defensa de los intereses del Canal frente al embargo en Colombia, porque la responsabilidad de lo sucedido allí también la comparten unas autoridades colombianas que no han hecho nada hasta que no se han destapado los casos desde España.
  • Reforzar Canal de Isabel II como Empresa Pública incorporando a su accionariado a los ayuntamientos que no estén presentes todavía, en la proporción que les corresponda, y reforzando la participación de los ayuntamientos y los agentes sociales en sus órganos de dirección y control, en línea con lo aprobado por la Asamblea de Madrid en su resolución de 19 de noviembre de 2015.
  • Analizar las alternativas legales posibles para blindar la permanencia de la Empresa dentro del Sector Público a través de los consensos y compromisos necesarios entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos como titulares del servicio y copropietarios de la Empresa.
  • Crear un órgano deliberativo y consultivo para el seguimiento de la prestación y calidad del servicio, así como la planificación de la cobertura de necesidades futuras y de inversión, en forma de Observatorio del Agua, con participación de los ayuntamientos, las entidades sociales más representativas y otros colectivos implicados en la defensa de la gestión pública del agua, como también se prevé en la resolución de la Asamblea mencionada anteriormente.
  • Se hace preciso un plan global de Responsabilidad Social Corporativa que actuaría como “lavadora” de la imagen del CYII en nuestra región y en los territorios donde tiene inversiones y concesiones.

Este Plan se debería asentar sobre la acción de dos pilares.

Por un lado estaría la Fundación, cuya acción en el ámbito de la cultura y de las artes serviría para fomentar la “cultura del agua” desde esta vertiente y daría prestigio y relevancia al CYII en un ámbito de gran prestigio como es la cultura y el arte, además de la ventajas fiscales de estas inversiones y el retorno que ello supone el grupo CYII.

Por otro lado se debería actuar como promotor de I+D+I en el territorio regional, para retornar parte de los beneficios obtenidos en la gestión del ciclo del agua tanto en los municipios que más soportan las infraestructuras hidráulicas precisas para la actividad del CYII (desarrollo regional sostenible) como sobre aquellos sectores económicos innovadores (start-ups) que permitirían el desarrollo de nuevas ideas y proyectos, fundamentalmente en el ámbito de acción del CYII, pero también con apoyos económicos a la formación de jóvenes y profesionales punteros que sirvan para incrementar el nivel de competencia de nuestros convecinos (Becas Fullbrigt, a modo de ejemplo).

Finalmente, el plan de Responsabilidad Social y Corporativa debería ir acompañado de un Manual de Buenas Prácticas para la selección de personal y directivos del grupo CYII, para 4 evitar el nepotismo, clientelismo y endogamia que se han instalado en el CYII, generando instrumentos, comisiones de nombramientos y/o de retribuciones, que a imagen de las grandes corporaciones nacionales y multinacionales velan por la calidad y el mérito en la selección de personal y de directivos, así como para impulsar una política de igualdad que elimine los techos de cristal que pudieran existir en el Grupo para su personal femenino. Por cierto, está por llegar el día que una mujer ocupe la dirección/gerencia del Grupo y debería ser una referencia para un futuro próximo.

En suma, se trata de retomar de forma práctica la iniciativa con el objetivo de revertir el deterioro de la imagen del Canal, recobrando su prestigio y la confianza de sus directivos y trabajadores con el reforzamiento de su carácter público y con la colaboración de ayuntamientos, agentes sociales, usuarios y ciudadanos madrileños en su conjunto.

Diego Cruz Torrijos y Rafael Gómez Montoya son diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid

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