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El PSOE pide prohibir la venta de armas a los países que violen los derechos humanos

nuevatribuna.es | 19 de septiembre de 2017

El Grupo Socialista se fija como principal objetivo “que el Gobierno refuerce el control sobre las exportaciones que pudieran contravenir la legislación española, europea y los compromisos internacionales".

El PSOE subraya la necesidad de  “garantizar que no se produzcan desvíos o posteriores transferencias de material español a zonas y Estados a los que España deniega o ha revocado las autorizaciones de exportación" 

Las portavoces socialistas de Defensa, Zaida Cantera y Miriam Alconchel ha reclamado este martes, en la Comisión de Defensa del Congreso, la prohibición de la venta de armas a cualquier país que las utilice para violar los derechos humanos. “Es esencial que el Gobierno refuerce el enfoque preventivo en la aplicación de la Ley para evitar la exportación a Estados o zonas de alta conflictividad en las que el material español exportado pueda ser empleado en acciones contrarias al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”, ha explicado Miriam Alconchel.

Esta es una de las propuestas de resolución del Grupo Socialista al Informe sobre “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso”, que se debate hoy en la Comisión de Defensa, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

En sus propuestas, el Grupo Socialista se fija como principal objetivo “que el Gobierno refuerce el control sobre las exportaciones que pudieran contravenir la legislación española, europea y los compromisos internacionales. Para ello, contemplan una serie de medidas, como “mejorar los criterios utilizados para evaluar el riesgo; agilizar el proceso de revocación de licencias en aquellos países cuando exista mayor inestabilidad o se incrementen las posibilidades de desvío; incrementar los recursos humanos y técnicos con los que cuentan la JIMDDU y la Secretaría de Estado de Comercio para el control de las exportaciones dado el aumento del volumen de las operaciones a supervisar en los últimos años; denegar o revocar la autorización de exportación a aquellos Estados en los que existan indicios racionales del uso de las armas exportadas por España para cometer graves violaciones de los derechos humanos; perfeccionar el sistema de garantías sobre el destino y el uso final del material exportado; perseverar en la aplicación de criterios restrictivos en las ventas de material antidisturbios y de uso policial, revocando las autorizaciones de exportación cuando exista riesgo constatable de que puedan ser utilizados para violar los Derechos Humanos; o intensificar la consulta con las ONG y centros de investigación de reconocido prestigio con presencia en los países de destino”, ha enumerado la diputada socialista.

Asimismo, el PSOE subraya la necesidad de “garantizar que no se produzcan desvíos o posteriores transferencias de material español a zonas y Estados a los que España deniega o ha revocado las autorizaciones de exportación o a actores que puedan utilizarlos para la comisión de violaciones de los derechos humanos”.

Los socialistas insisten en “establecer la obligatoriedad de que el Gobierno mantenga las denegaciones de exportación o la revocación hasta que existan garantías de que el material no se utiliza para cometer graves violaciones de los derechos humanos, ya sea por el destinatario, o porque se desvíe a terceros”.

También pretenden que se “mejore la calidad de la información facilitada al Parlamento y la que se hace pública sobre esta materia, que se refuerce “el control ejercido por el Parlamento respecto a las autorizaciones de exportación”, promover “mayor transparencia e intercambio de información entre el Congreso y la JIMDDU”, reforzar “la acción exterior de España promoviendo activamente la universalización del Tratado sobre Comercio de Armas y continuando con las aportaciones al Fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales”, promover “la participación del Gobierno de manera activa en el proceso de reestructuración e integración de la industria europea de defensa, impulsando la presencia de las empresas españolas en el nuevo marco, y favoreciendo la internacionalización de la industria española de defensa”, llevar a cabo “acciones de información y difusión de la cultura de la seguridad y defensa divulgando la legislación sobre exportación de material de defensa entre la población” e informar a la ciudadanía “de los beneficios producidos por la investigación en tecnologías y de los retornos que aporta a la sociedad”.

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