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El PP de Madrid vende 3.000 viviendas a “precio de amigo”

nuevatribuna.es | 17 de febrero de 2014

La denuncia presentada en el juzgado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, acusa al gobierno presidido por Ignacio González de un delito de malversación y prevaricación continuada, al vender por 200 millones de euros 3.000 viviendas públicas del IVIMA, cuya tasación sería de 369 millones.

En la operación se incluían 32 promociones, de las cuales 224 viviendas están ubicadas en la calle Carmen Laforet (Soto del Henares) de Torrejón.

El Diputado Regional del PSM, Antonio Fernández Gordillo, ha mantenido diversas reuniones con los vecinos afectados, para informarles sobre la situación real de sus viviendas y asesorarles en relación con las iniciativas legales a emprender para ejercer sus legítimos derechos. Asimismo presentó moción al Pleno sobre esta materia .

El Gobierno Regional puso a la venta el pasado 8 de agosto, 2.935 viviendas del IVIMA que pertenecían al Plan de Vivienda Joven en alquiler, la mayoría con opción a compra, para hacer caja con la que afrontar la delicada situación financiera por la que atraviesa la Comunidad de Madrid, debido a las desastrosas políticas de despilfarro llevadas a cabo por el Partido Popular.

La compra de un lote tan grande por parte del grupo especulador, hizo posible adquirir cada vivienda a una media de 68.000 euros por unidad. La Comunidad de Madrid las valoró en 56.000 euros en su salida a subasta. En cambio firmó los contratos con los inquilinos por un valor de entre 120.000 y 160.000 euros por vivienda, para el momento en que se ejerciera la opción a compra, al fondo especulador, le han rebajado a cada piso que ha adquirido a precio de amigo, casi la mitad del precio que consideraron justo para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.

La demanda dice que “en esencia, se trata de viviendas que fueron adquiridas por sus hoy arrendatarios ya en régimen normal o en régimen especial para jóvenes que, tras un período de alquiler, pueden ser enajenadas a sus arrendatarios que ostentan un derecho sobre las mismas transcurridos 7 años desde su construcción”.

La demanda considera “que la venta es un completo dislate patrimonial para el Instituto de la Vivienda de Madrid que por la gravedad, cuantía y procedimiento, sólo se ha podido cometer con una más que evidente intencionalidad, conscientes de la ilicitud de la venta y para favorecer al adjudicatario, con evidente desprecio por los bienes públicos”.

Durante años, el Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó la vivienda protegida para presumir. En esa época Esperanza Aguirre no se cansaba de repetir que la vivienda protegida que se construía en Madrid era más de la que se construía en Cataluña y Andalucía juntas. Ahora en cambio presumen de ahorrar a las cuentas del erario regional 800.000 euros anuales en IBI y tasas, aunque con esta decisión política dejen sin casa a miles de familias madrileñas.

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